Zapatero firmó el decretazo anti PHN antes de fumarse el primer pitillo como presidente del gobierno, y Marcel-lí Iglesias, Maragall y Carod-Rovira se enfundaron unos meybas y se fueron a la desembocadura del Ebro a celebrarlo con cava. Sólo les faltó acercarse a Villena a miccionar sobre la primera piedra del trasvase del Ebro, imagen que hubiera esmaltado perfectamente el compromiso de los nacionalistas y socialistas con la vertebración territorial de la nación española.
Los cuatro ignorantes del apocalipsis oficiaron de esa forma tan cateta el pretendido ritual de su victoria sobre Aznar, ese facha, pero lo que en realidad hacían era contravenir una ley del Reino de España a cuyo mandato estaban ellos obligados en primer lugar, en tanto dirigentes institucionales. Sobre la responsabilidad de Zapatero en el desafuero, sobra cualquier comentario, dado que la rebeldía constitucional es la nota característica de su estilo de gobierno.
Lo interesante en todo este asunto es que el partido de Aznar haya preferido de nuevo, de la mano de Rajoy, diluirse en el paisaje, para no desentonar ni siquiera en uno de los problemas graves de una parte de España, de cuya defensa había hecho siempre gala, con espléndidos resultados electorales.
Hoy es el día en que no sabemos aún qué opina Rajoy sobre el problema del reparto del agua entre las zonas húmedas y secas de España, porque ha hablado tan poco y de forma tan críptica que sus declaraciones podrían ser esgrimidas por defensores de tesis completamente opuestas. Es cierto que el programa electoral del PP contempla la necesidad de llevar el agua sobrante de unas cuencas a las deficitarias, y que, si juzgamos a un partido por lo que hace cuando está en el poder, también lo es que antes de ser desalojado del gobierno el PP aprobó el PHN y procedió simbólicamente a su puesta en marcha. Pero es igualmente innegable que, desde que está en la oposición, en el partido de Rajoy se oyen más las voces de los que quieren blindar los ríos a su paso por el territorio de su comunidad que los que exigen el cumplimiento íntegro de lo contemplado en el último programa electoral.
Sin ir más lejos, María Dolores de Cospedal, a la sazón secretaria general del partido –un partido con vocación nacional–, ha sido la principal impulsora de la cancelación del único trasvase que trae agua al sediento levante español, rubricando con su firma el texto de una reforma estatutaria en Castilla-La Mancha que establece expresamente la muerte del Tajo-Segura. Si el contrato que el PP ofrece a sus votantes incluye en lugar destacado su apoyo al reparto del agua con criterios de solidaridad interregional y la segunda de a bordo dedica sus mayores esfuerzos a promover todo lo contrario, algo debería decir el presidente del partido, para aclarar la confusión que sin duda atenaza a los que le otorgaron su voto en las zonas sedientas de la península.
Rajoy es partidario de llevar agua a las zonas que las necesitan cuando hace campaña allí, y exquisitamente discreto cuando le preguntan al respecto en las cercanías del Ebro, el Duero o el Tajo, mayormente para no molestar a los progres sostenibles y altermundistas, no sea que le acusen de depredador del medio ambiente.
Para mala suerte del gallego, resulta que en las regiones que demandan el agua sobrante de otras zonas de España –a las que, por cierto, ampara absolutamente la legislación en la materia– gobierna su mismo partido, con unos dirigentes regionales que no parecen dispuestos a traicionar a sus votantes, sobre todo porque están mucho más cerca de ellos que sus jefes asentados en los cómodos despachos de la calle Génova.
No pretendo decir que estemos ante el inicio de un proceso de rebelión interna en el PP, pero las elecciones autonómicas son a comienzos del año próximo y los políticos del sureste también necesitan imperiosamente ganarlas. Dada la habitual falta de escrúpulos en la clase política, no nos asombraríamos de nada de lo que pudiera ocurrir. ¿Y Rajoy?
