A medida que se va retirando la marea de la crisis sanitaria, va quedando a la vista una tremenda destrucción económica. El cierre parcial de la economía no solo interrumpe de manera temporal la producción de bienes y servicios, sino que además destroza nuestra capacidad de producción futura. La recuperación económica pasa por una reestructuración a fondo de nuestro sistema productivo.
Esta reestructuración es necesaria por dos motivos principales. En primer lugar, por la masiva descapitalización del tejido productivo. Muchos negocios no podrán volver a operar con normalidad hasta poder reponer la pérdida de liquidez y solvencia sufrida durante la pandemia. En demasiados casos, lamentablemente, esta descapitalización ya se está traduciendo en quiebras y cierres permanentes, volviendo más profunda la necesidad de reconstruir el tejido productivo.
Por otro lado, el drástico cambio en los patrones de consumo también impone la readaptación de la economía. Por poner un ejemplo ilustrativo, el sector de las aerolíneas o las discotecas, víctimas de una menor demanda, tendrán que liquidar inversiones, mientras que sectores como el sanitario o el farmacéutico tendrán necesidad de atraer e incorporar nuevos factores productivos.
La rapidez con la que seamos capaces de completar esta reestructuración determinará la gravedad de la crisis económica que tenemos por delante, así como el sufrimiento que padecerán los ciudadanos. En este sentido, hay tres ingredientes que son imprescindibles para completar este proceso de la forma más rápida e indolora posible: capital, flexibilidad económica y confianza.
La materia prima de la reconstrucción económica, el ingrediente principal, es el capital: es necesario tanto para reponer el capital consumido durante la pandemia, como para acometer las nuevas inversiones que requerirá la nueva estructura productiva. Es imprescindible, por tanto, fomentar el ahorro y que este pueda materializarse en inversiones generadoras de valor.
Sin embargo, el actual Gobierno parece empeñado en lograr lo contrario: en lugar de maximizar la renta disponible de los ciudadanos, pretenden reducirla mediante subidas de impuestos; en lugar de animar a emprender e invertir a quien dispone de ahorro, les amenazan con impuestos contra el capital; en lugar de tratar de atraer capital de fuera de España, levantan barreras en las fronteras para «protegernos» del capital extranjero. Es decir, lejos de promover la rápida recapitalización de la economía española, parece que buscan evitarla.
Otra medida contraproducente en este sentido es la intención del Ejecutivo de emplear dinero o realizar inversiones en proyectos que no son rentables. Quitar los escasos recursos de los ciudadanos para inyectarlos en proyectos que destruyen valor con el objetivo de contentar a sus accionistas y prestamistas solo logrará destruir riqueza, posponer la necesaria reestructuración y retrasar la recuperación económica.
El segundo factor imprescindible para la recuperación económica es hacer de España un marco económico flexible y dinámico, un país con amplia libertad económica. Esto tendría un doble propósito: por un lado, permitir la liquidación, con el menor daño posible en destrucción de empleo y de empresas, de la parte de la estructura productiva que ha dejado de generar valor; y por otro lado, acelerar la aparición de las nuevas oportunidades de inversión para servir las demandas insatisfechas de los consumidores.
El Gobierno también va en la dirección opuesta en este ámbito. A nadie se le escapa que buena parte del mismo es ideológicamente averso a la flexibilización económica: ven con recelo la posibilidad de liberalizar cualquier sector o de relajar cualquier regulación. Un ejemplo paradigmático es el del mercado laboral. La flexibilidad en este ámbito es clave tanto para salvar empleos y empresas durante una crisis, como para acelerar la creación de empleo en los nuevos sectores económicos.
De acuerdo con un informe de BBVA Research, la reforma laboral de 2012 evitó la destrucción de un millón de empleos, y habría evitado casi tres millones de haberse aprobado al principio de la crisis.
Sin embargo, en lugar de mantener la reforma laboral, o incluso de profundizar en ella, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno es derogarla. Solo el sector del Ejecutivo que lidera Nadia Calviño, consciente de la importancia de la flexibilidad en el mercado de trabajo, está posponiendo la prometida derogación de la reforma laboral.
Por último, para una rápida recuperación económica es esencial generar confianza: si queremos animar a empresas e inversores, tanto nacionales como extranjeros, a emprender proyectos a largo plazo en nuestra economía, es imprescindible que tengan certeza de que España es un país económicamente seguro.
En este sentido, hay dos factores que preocupan de manera especial. El primero es la estabilidad política: existen temores de que España derive en un régimen populista poco amigo de los derechos de propiedad y que pueda recurrir a regulaciones draconianas o incluso a nacionalizaciones de empresas. Esto, claro está, paraliza la inversión y la creación de empresas.
El segundo factor preocupante es la estabilidad presupuestaria del Estado. La pandemia va a suponer un enorme impacto negativo en las cuentas públicas. Las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda española son generalizadas, haciendo imprescindible tanto la asistencia del BCE como probablemente un rescate formal con cargo al contribuyente europeo.
El Gobierno necesita un plan creíble para cuadrar las cuentas, bien para convencer a los inversores en deuda pública, o bien para convencer a los países a los que solicitaremos el rescate. El problema es que PSOE y Podemos han llegado al Gobierno a lomos de la crítica contra la austeridad pensando que nunca tendrían que aplicarla. Y ahora que se hace imprescindible, nadie se cree que estén dispuestos a llevarla a cabo.
En resumidas cuentas, para una recuperación económica lo más rápida posible se necesitan tres elementos fundamentales: promover la formación de capital, flexibilizar el marco económico y generar confianza. De lo contrario la economía no logrará sanearse, la crisis empezará a prolongarse en el tiempo, y el sufrimiento y la desesperación de la población comenzará a volverse insoportable.
Nuestros gobernantes suelen repetir que su prioridad es atender a los más necesitados, pero con sus actuales políticas solo lograrán multiplicarlos. La mejor forma de ayudar a la gente, y en especial a los de renta más baja, es con una economía que genere altas tasas de crecimiento, un bajo desempleo y amplias oportunidades para todos.
La peor de las noticias es que, si tomaran las medidas necesarias para asegurar una recuperación económica rápida e indolora, irían en contra de su propia propaganda. El Gobierno prefiere seguir promoviendo su empobrecedora agenda ideológica y tejiendo sus redes clientelares, aunque sea a costa del sufrimiento de los españoles.
