Trueba pide que el Estado ejerza la coacción sobre el conjunto de los ciudadanos, pero que quien haga y deshaga con el producto de dicha coacción sea exclusivamente un grupo de interés.
Hace un tiempo, el famoso director Fernando Trueba incendió las redes al declarar: «Nunca me he sentido español». Llamaron menos la atención otras dos afirmaciones suyas. Reclamó en primer lugar «libertad y protección, lo que cualquier ciudadano pide al Estado». Y a continuación apuntó: «Yo sueño con un Instituto Nacional del Audiovisual que no dependa de ministerios ni gobiernos, sino de la profesión». Son declaraciones notables, que revelan las contradicciones del pensamiento predominante.
En efecto, si lo que cualquier ciudadano le pide al Estado es libertad y protección, es claro que le está pidiendo cosas que pueden ser incompatibles. Si por protección entendemos que el Estado brinde recursos a unas personas, como el Estado no los tiene, se los quitará a los ciudadanos, privándoles consiguientemente de su libertad para disponer de lo que es suyo. Así, por ejemplo, si don Fernando quiere que el Estado subsidie la producción de películas para proteger el cine español, entonces al mismo tiempo deberá admitir que quiere que el Estado desproteja a los contribuyentes que van a sufragar dicho subsidio.
Su segunda afirmación también es llamativa. ¿Por qué el señor Trueba sueña con un instituto audiovisual independiente, como si fuera un objetivo prácticamente inalcanzable? Eso sería facilísimo de organizar: la sociedad civil está repleta de asociaciones profesionales y toda suerte de entidades privadas en las cuales las personas nos agrupamos conforme a nuestras características, ideas o intereses. No hay nada que impida a los cineastas crear una asociación o un instituto español del cine. ¿Qué problema hay?
Como esto es completamente evidente, también es evidente que cuando el señor Trueba pide un instituto Nacional del Audiovisual, no es que esté pidiendo un instituto Español sino un instituto Estatal. Es decir, lo que está pidiendo es que el Estado ejerza la coacción sobre el conjunto de los ciudadanos, pero que quien haga y deshaga con el producto de dicha coacción sea exclusivamente un grupo de interés.
