Hasta ahora no se había percibido ninguna intención en el ejecutivo de dar este importante paso. Si exceptuamos varias declaraciones de Taguas, lo que salía del Gobierno apuntaba más bien hacia la dirección opuesta. Tanto las declaraciones de Pedro Solbes al respecto como la dialéctica de clases socialista exhibida durante estos años por el presidente del Gobierno hacían pensar que España terminaría siendo el único país de la Unión Europea que mantendría este impuesto.
Es muy posible que el reciente anuncio de la Comunidad de Madrid de acabar próximamente con este impuesto haya ayudado a tomar la decisión. A más de uno le molesta el que Madrid sea la locomotora de España y no ven con buenos ojos que siga distanciando su ritmo de crecimiento de la media nacional. De ser así, este caso ilustraría a la perfección las ventajas del federalismo fiscal, que genera una competencia en materia tributaria entre comunidades que tiende a la reducción generalizada de los impuestos. Y es que ninguna de ellas, por intervencionistas que sean sus representantes políticos, quiere ver cómo sus ciudadanos votan con los pies marchándose a otra región.
De todas formas, la justificación que ha dado Zapatero para hacer semejante promesa de corte liberal es que el del patrimonio se ha convertido en un tributo que "recae sobre las clases medias", pero "no sobre las más altas" que "encuentran fáciles mecanismos de elusión". La verdad es que esto es totalmente cierto. Lo que deberían explicar los políticos todos los partidos a los que se le llena la boca con eso de las "políticas sociales" es por qué han mantenido este impuesto que nació en 1977 como extraordinario, excepcional y transitorio –vamos, como surgen tantos impuestos– si llevan años sabiendo cómo y a quiénes afecta. La demagogia política tiene adeptos muy conocidos pero límites totalmente desconocidos.
De todos modos, personalmente me dan igual los motivos que pueda haber detrás de la promesa o si Zapatero cree en la reducción de impuestos o no, como me pasa con toda política que nos acerque a una sociedad menos confiscatoria y más justa. Lo importante es que el Partido Socialista se haya apuntado al carro de eliminar un impuesto doblemente injusto porque conlleva una múltiple tributación de unos activos que ya han sido grabados mediante impuestos como el de la renta o el de sociedades.
Lo ideal sería eliminar incluso el carácter censal de este impuesto, algo por lo que no parece que ZP esté por la labor, porque su mera existencia facilita su reinstauración tan pronto los políticos crean encontrarse en una situación "excepcional" o "extraordinaria". Este gesto ayudaría a presentarse como más liberales que nadie en este campo. Y es que ¿cuál es la justificación para que el Estado tenga la nariz metida en nuestras casas y el resto de nuestras propiedades si estamos de acuerdo en que tributar por la propiedad de esos bienes es injusto?
Sin embargo, ese punto negro de la promesa no hace que ésta se desvíe de la buena dirección. Lo importante es que ZP y todos los políticos socialistas se vean motivados a seguir por esta línea y sean conscientes de que en la medida que lo hagan encontrarán el respaldo de liberales como quien esto suscribe.
