Así, por ejemplo, resulta evidente que el Plan E de "estímulo económico" puesto en marcha por Zapatero tras el estallido de la crisis fue un gran error, ya que dilapidó miles de millones de euros de dinero público en obras y proyectos del todo inútiles en el peor momento posible, agudizando así el histórico déficit fiscal que presenta España. Pese a ello, muchos fueron entonces los analistas y políticos que aplaudieron tal medida, al considerar –erróneamente– que el desplome del consumo privado debía ser corregido y compensado mediante una mayor expansión del gasto público, tal y como estipula el keynesianismo. Diagnóstico errado, solución equivocada.
El problema es que, pese a que los socialistas ya no están en el poder, el Gobierno del Partido Popular sigue cometiendo errores de base que son claves. El pasado viernes, al fin, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se dignó a presentar el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, después de haber retrasado su anuncio de forma innecesaria, irresponsable y contraproducente bajo la esperanza de obtener el poder en Andalucía. Pero más allá de las cifras concretas, lo más relevante es el discurso que subyace en la política económica del PP. Y es que, durante estos días se han reiterado, principalmente, dos argumentos sobre los que justificar tales cuentas: por un lado, la subida del Impuesto de Sociedades y la polémica amnistía fiscal eran la "única alternativa" para no tener que elevar el IVA y, por tanto, dañar el consumo; y, por otro, los recortes de gasto público se han efectuado de forma cuidadosa para no lastrar en exceso el crecimiento económico.
Pues bien, ambos principios, puramente socialdemócratas, demuestran que el Ejecutivo de Rajoy, por desgracia, sigue ignorando cuál es la enfermedad que aqueja a España. El país no necesita más consumo sino menos, al tiempo que las cuentas públicas no lograrán sanearse con leves recortes sino mediante drásticos ajustes en el gasto. La subida del IVA, siendo perjudicial, habría sido, sin duda, un mal menor en comparación con el brutal aumento fiscal aplicado sobre particulares (IRPF) y empresas (Impuesto de Sociedades). España es una de las economías más endeudadas del mundo, está fuertemente sobreapalancada como resultado de una enorme expansión crediticia previa que incentivó grandes errores de inversión empresarial (construcción de hasta 800.000 viviendas al año) y permitió a los españoles –durante un tiempo– vivir muy por encima de sus posibilidades reales, de ahí el abultado déficit por cuenta corriente que, pese a casi cinco años de crisis, sigue existiendo aún hoy.
La crisis no es consecuencia de un desplome del consumo, ése es tan sólo un efecto de la recesión, del inevitable ajuste o correctivo que precisa la economía y, por ello, es erróneo tratar de frenarlo. Para saldar la inmensa deuda acumulada, las familias y las empresas tienen que reducir sus costes –menos consumo e inversión– para poder afrontar los pagos. Es decir, España necesita más ahorro, no más consumo, para amortizar sus deudas, evitar la quiebra y acometer nuevos proyectos rentables, liquidando los inviables, para impulsar así el crecimiento sobre bases sólidas. La subida del IRPF y de Sociedades daña, precisamente, esta salida, pues desincentiva de forma sustancial el ahorro y deteriora la competitividad del tejido empresarial.
Asimismo, recortar sólo algunas partidas para "no dañar el crecimiento", tal y como aseveró Montoro, implica mantener en pie una estructura estatal que, simplemente, España ya no se puede permitir. Además, bajo este mismo argumento se podría afirmar que "incrementar el gasto público favorece el crecimiento", lo cual abriría la puerta de par en par a nuevos planes de "estímulo" como los aplicados por Zapatero. Curiosamente, hace escasas semanas, Rajoy afirmó en el Congreso que lo que realmente le gustaría es contar con 20.000 millones de euros más de gasto "para poder hacer muchas más cosas". Por el contrario, el conjunto del sector público sigue gastando un 24% más de lo que ingresa por vía fiscal y, por tanto, el ajuste presupuestario debe efectuarse sólo por el lado del gasto, independientemente de que el PIB caiga más o menos. La alternativa al ajuste drástico de la estructura estatal es, simplemente, el estancamiento –prolongar la agonía– o la insolvencia soberana.
Así pues, lo realmente grave de los Presupuestos no son las cifras en sí, blandas en materia de gasto y contraproducentes en cuanto a impuestos, sino el discurso teórico que los acompaña. El PP mantiene un diagnóstico erróneo sobre la crisis, y mientras esto siga así sus recetas serán insuficientes y/o equivocadas.
