A pesar de que ha habido una violación evidente de la legalidad nacional, existen normas internacionales que complican las cosas.
El presidente argentino, Mauricio Macri, se encontró en su reciente visita oficial a China con una desagradable sorpresa. El Gobierno de Pekín le dejó claro que si no se sigue adelante con la construcción de dos centrales hidroeléctricas por parte de empresas del gigante asiático (contratadas por el Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner), se paralizarán importantes inversiones en infraestructuras y energía en el país austral. El motivo es que los contratos incluyen cláusulas que vinculan entre sí la ejecución de todos estos proyectos. Esta situación plantea la cuestión de qué ocurrirá si un futuro gobierno venezolano decide incumplir los contratos firmados por el régimen de Nicolás Maduro con otras naciones violando la legislación nacional.
Durante los últimos años diversas instituciones y empresas públicas, como el Banco Central de Venezuela (BCV) y PDVSA o sus filiales, han firmado contratos y acuerdos saltándose el preceptivo visto bueno de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) aprobó en julio de 2016 un préstamo por 482,5 millones de dólares (433,56 millones de euros) al BCV, sin que este endeudamiento contara con el visto bueno del Legislativo de Caracas.
La Asamblea Nacional había decidido dos días antes que la entidad emisora no podía acceder a ese crédito sin su aprobación, pero el FLAR hizo caso omiso de esto. El argumento del organismo multilateral es que el Tribunal Supremo de Justicia (controlado por el chavismo) había decretado que la aprobación de la Asamblea no era necesaria.
Otro caso de contrato de dudosa legitimidad es la venta en 2016, por parte de PDVSA, del 23,3% de las acciones de su filial Petromonagas a la empresa estatal rusa Rosneft. Una vez más, el régimen de Maduro incumplió la obligación de solicitar la aprobación de la Asamblea Nacional, por lo que este organismo comunicó en febrero de este año a Moscú que la operación fue ilegal. No son los únicos ejemplos de la violación de la legislación venezolana por parte del Gobierno para firmar contratos comerciales o de financiación con empresas y organismos extranjeros, pero sí dos de los más destacados.
Choque entre legalidad nacional e internacional
Aunque en principio se pudiera pensar que en el caso de un cambio de presidente los futuros gobernantes podrían considerar inválidos esos contratos, la cuestión no es tan sencilla. A pesar de que ha habido una violación evidente de la legalidad nacional, existen normas internacionales que complican las cosas.
Manuel Bellido Mengual, experto en Derecho Mercantil Internacional y socio del despacho español CAVEAT Abogados, ha explicado que Venezuela está obligada a cumplir sus obligaciones por mucho que el gobierno de Nicolás Maduro haya violado la legislación nacional. En declaraciones al diario ALnavío ha dicho: “Quien ha firmado esos contratos no tiene que conocer lo que dice la ley venezolana. Los compromisos deben cumplirse, salvo que hubiera habido algún tipo de complicidad por la otra parte, que sí supiera que se violaba la normativa interna”. Este jurista añade que en este caso no son de aplicación las normas anticorrupción, porque no se trata de eso, sino de no haber obtenido el preceptivo visto bueno de la Asamblea Nacional.
La obligación del cumplimiento de los contratos por parte de Venezuela se debe a que las terceras partes no tienen por qué soportar el daño producido por una violación de la legislación nacional por parte del contratante venezolano.
Futuro hipotecado
El gobierno de la República Bolivariana no solo incumple la normativa nacional en materia de contratos internacionales por parte de las instituciones y las empresas estatales.
También es conocido por comportarse de igual manera en el comercio internacional. De hecho, según explica Bellido Mengual: “Venezuela es de los países más demandados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)”. Este organismo es también conocido popularmente como Corte Internacional de Arbitraje, y se encarga de arbitrar soluciones a las disputas surgidas entre gobiernos e inversores y empresas extranjeras (incluyendo multinacionales) que hayan invertido en un país.
Con su modo de actuar, Maduro y los suyos han hipotecado el futuro de Venezuela. Este país está obligado a cumplir unos contratos que son ilegales según su legislación. Como los avisos de ilegalidad a la otra parte firmante fueron posteriores a la firma de los acuerdos, será difícil alegar su complicidad. Se trata de otro tipo de crímenes del chavismo, que se suman al asesinato de manifestantes o el encarcelamiento de opositores, por los que las actuales autoridades bolivarianas tendrán que responder en un futuro.
