El ahora denominado "Pacto por el Euro" pretende implantar una serie de reformas estructurales en los países miembros a cambio, eso sí, de facilitar la ampliación y flexibilización de Fondo de rescate para países insolventes.
Su objetivo principal consiste en "eliminar las rigideces de las economías domésticas" para evitar una nueva crisis de deuda como la actual, capaz de tambalear los cimientos mismos de la moneda única. Una finalidad que, sin duda, suena bien a priori. Sin embargo, en realidad, dicho pacto adolece de gravísimos defectos, por lo que su implementación no sólo no alcanzará los resultados esperados –incrementar la competitividad– sino que, además, causará importantes problemas.
En cuanto a las reformas pretendidas, el pacto incluye retrasar la edad de jubilación a fin de sostener el sistema público de pensiones, ligar los salarios a la productividad, flexibilizar el mercado de trabajo, fijar por mandato constitucional un nivel máximo de deuda y déficit, así como homogeneizar el Impuesto de Sociedades a nivel comunitario. Aunque algunas de estas medidas van en la buena dirección, la cuestión clave es que se trata de una mera declaración de intenciones, cuya plasmación y validez es muy incierta.
Y es que, al fin y al cabo, su aplicación real dependerá en última instancia de la voluntad particular de cada gobierno. El pacto no ha incluido un duro sistema de sanciones automáticas en caso de que algún país incumpla alguno de los puntos pactados, tal y como exigía la canciller Merkel. Es decir, los gobiernos díscolos y desobedientes seguirán sin recibir su merecido castigo.
La ausencia de sanciones invalida por completo el acuerdo, convirtiéndolo en papel mojado. No obstante, cabe recodar que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ya fija un límite de déficit y deuda –3% y 60% del PIB, respectivamente– que es de obligado cumplimiento para todos los miembros del club euro y, pese a ello, ha sido violado en un total de 97 ocasiones hasta 2010 sin ninguna o apenas consecuencias para los incumplidores. Y eso que se trata de uno de los principios fundacionales básicos para garantizar la supervivencia del euro, así que es fácil suponer que pasará con el resto de medidas recién aprobadas, mucho menos relevantes para el funcionamiento de la Unión Monetaria, como es el caso de la flexibilización laboral o salarial. Introducir cláusulas constitucionales para limitar el gasto público sin las debidas sanciones comunitarias en nada cambia el esquema vigente.
Pero es que, además, el famoso Pacto aboga por mantener el sistema público de pensiones, que es insostenible por naturaleza tal y como acabamos de experimentar en España. De este modo, la mayoría de los europeos seguirán sin contar con la posibilidad de avanzar hacia un sistema de capitalización mucho más beneficioso para sus intereses. Por último, la armonización del Impuesto de Sociedades a nivel europeo mediante la imposición de tipos mínimos comunes a todos los estados miembros vulnera de forma explícita la soberanía fiscal de cada país, viola la siempre deseada competencia fiscal –un principio liberal básico– y perjudica en gran medida la ya de por sí débil competitividad europea, ya que dicha "armonización" maquilla de forma hipócrita una subida generalizada de impuestos para muchas empresas del continente.
Hasta aquí la primera parte del Pacto. La segunda será mucho peor tanto para los intereses de los europeos como para el futuro del euro. La ampliación y flexibilización del Fondo de Estabilidad Financiera insiste en el error de rescatar a países insolventes. En este sentido, cabe recordar que Bruselas vendió a la opinión pública que el establecimiento del Fondo serviría para calmar a los mercados y evitar el temido efecto contagio a otros países de la Unión. Hasta ahora, su fracaso ha sido rotundo. Las primas de riesgo de los países más débiles de la zona euro siguen marcando valores máximos, y tras el rescate de Grecia e Irlanda todo indica que Portugal tardará poco en caer.
Sin embargo, más allá de su probada ineficacia, mantener un Fondo de estas características implica socializar y diluir responsabilidades concretas haciendo uso del dinero de todos los contribuyentes europeos. En caso de aprobarse definitivamente en la próxima cumbre del 24 y 25 de marzo será, sin duda, uno de los grandes errores de la historia de la Unión por varias razones: porque viola los tratados fundacionales de la UE y la propia Constitución germana; porque su aplicación no resolverá la situación de los países afectados; porque, a la larga, supondrá más inflación; y, en esencia, porque incurre en el mismo y terrible "riesgo moral" propio de los rescates públicos, consistente en privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Así pues, ¿"Pacto por el Euro"? Más bien al contrario.
