En primer lugar, la banca ya se ha caído del guindo. La mayoría de entidades, otrora adalid de la "solidez" y "solvencia" del sistema financiero español, acaban de reconocer abiertamente lo que hasta hace dos días se negaban a aceptar. Esto es, que el mercado inmobiliario ha quebrado y, por lo tanto, los promotores no pueden afrontar el pago de su deuda, próxima a los 325.000 millones de euros.
La propia Asociación Hipotecaria Española advierte de que "el sistema no puede asumir la deuda inmobiliaria" y "las refinanciaciones posteriores (proceso conocido como roll-over) estarán comprometidas". ¿Qué está pasando? Bancos y cajas son concientes de que el crédito concedido a los promotores es incobrable y, como resultado, tendrán que acabar incorporando a sus balances gran parte del stock inmobiliario –pisos y, sobre todo, suelo–, cuyo precio de mercado es muy inferior al que consta en sus balances contables, lo cual se traduce en suculentas pérdidas que, por el momento, ocultan.
Si a mediados de 2009 la banca acumulaba cerca de 100.000 pisos embargados, ésta acabará absorbiendo, como mínimo, medio millón en manos de los promotores hasta 2012, por no decir casi todo –entre 1 y 1,6 millones, según los cálculos–, sin contar con una abultada cartera de suelo que, hoy por hoy, carece de salida en el mercado. En resumen, la crisis financiera nacional está a punto de comenzar.
Segundo punto. Ante tal panorama, como no podía ser menos, el sector pide ayuda al Gobierno. En concreto, emplear dinero público (el de los contribuyentes), ya sea a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Banco de España o Estado, para "financiar" al sector del ladrillo. Y es aquí donde está la clave. ¿Qué reclama la Asociación Hipotecaria? Muy simple: que los contribuyentes desembolsen los 325.000 millones de euros en créditos que los promotores adeudan a bancos y cajas y que, en su mayor parte, son incobrables. De este modo, el sector financiero no tendrá que absorber el citado stock. ¡Fantástico!
Y es que las primeras medidas destinadas al rescate público del sector inmobiliario han obtenido un rotundo fracaso. En 2008, el Gobierno anunció que el ICO avalaría la concesión de créditos por valor de 25.000 millones de euros (2,5% del PIB) destinados a la compra de VPO y préstamos a los promotores de vivienda protegida. ¿Problema? Ni los promotores pueden construir, dada la parálisis que sufre el sector, ni los ciudadanos quieren seguir endeudándose aún más para comprar unos pisos que están sobrevalorados.
Y puesto que las medidas destinadas a estimular la demanda no han dado sus frutos, ahora lo que se plantea es intervenir por el lado de la oferta. Que el Gobierno compre el stock, cosa que ya están haciendo múltiples comunidades autónomas, o que, directamente, se rescate el ladrillo mediante la concesión de ayudas, tal y como reclama ahora el ex ministro socialista Jordi Sevilla.
El problema es que cualquiera de estas medidas implicará, en todo caso, un incremento disparatado del endeudamiento público, con todo lo que ello implica: nula recuperación económica, descuadre aún mayor de las cuentas públicas, aumento de la presión fiscal y riesgo de quiebra soberana. Cubrir el enorme agujero que ha dejado la burbuja inmobiliaria con impuestos presentes y futuros es, a todas luces, inaceptable, inmoral, vergonzoso e ilegal. Es un robo, un atraco a mano armada que no podemos ni debemos consentir.
Puesto que el famoso Fondo de Rescate Bancario (FROB) sigue paralizado en Bruselas, ante el temor de que se salve indiscriminada y arbitrariamente al sector de las cajas de ahorros (en manos de los políticos), las entidades aspiran a que seamos nosotros quienes tengamos que cargar con la factura. ¡Y se quedan tan anchos, oiga!
Pues bien, ni rescate inmobiliario ni rescate bancario. Que cada palo aguante su vela. Los promotores han quebrado, ya que con rebajas del 15% o 20% optan por declararse en concurso y entregar los pisos a sus acreedores para saldar la deuda. Y puesto que el mercado sigue sobrevalorado en un 30% de media, serían bancos y cajas los encargados de liquidar el stock a pérdidas. Sin rebajas sustanciales no habrá ajuste.
¿Que eso va a comprometer la solvencia de numerosas entidades? No cabe duda. Entonces, ¿qué hacer? Analizar caso por caso y proceder a una dura y transparente reestructuración e, incluso liquidación ordenada, del sector mediante privatizaciones y apoyos públicos puntuales que, en todo caso, deberán ser devueltos con intereses una vez saneado el sistema. Lo contrario sería, simplemente, injusto, además de desastroso.
Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.
