La reforma de Cristina Cifuentes no elimina, sino que multiplica y empodera la estalinista burocracia universitaria a la hora de controlar la creación de universidades.
Ciudadanos irrumpió en la escena nacional como un soplo de aire fresco frente a una “vieja política” oligarquizada y a una “nueva política” frontalmente liberticida. Muchos incluyeron desde un comienzo a Ciudadanos dentro de la tradición ‘liberal’ y el propio partido ha optado recientemente por abrazar tal etiqueta. Personalmente, empero, siempre vinculé el grueso de sus propuestas electorales —complemento salarial, contrato único, fomento público de la I+D, simplificación impositiva sin rebaja neta de la carga fiscal, simplificación y mejora del funcionamiento de los órganos supervisores, educación pública con cierta descentralización curricular, etc.— a una socialdemocracia sensata o ilustrada, esto es, a una socialdemocracia que no denostaba al mercado sino que, al contrario, trataba de aprovechar su enorme potencial de para generar riqueza para, sólo posteriormente, redistribuirla.
Sea como fuere, si Ciudadanos quiere promover ideas y valores propios de la tradición liberal, deberá demostrarlo no sólo con palabras, sino sobre todo con hechos. Y en breve va a tener una oportunidad de oro para acreditarlo en un campo tan sensible como es la libertad educativa. Esta misma semana, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por esa egregia representante de la vieja política oligarquizada que es Cristina Cifuentes, aprobó remitir a la Asamblea de Madrid su anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES).
En otras ocasiones ya hemos tenido la ocasión de analizar con cierto detenimiento los detalles más perversos de este texto que ataca radicalmente la libertad de creación de centros docentes (libertad, no lo olvidemos, consagrada en el art. 27.6 de la Constitución española, en el 14.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el 13.4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas). Baste ahora resumir sólo algunos de sus aspectos más liberticidas:
Absoluta arbitrariedad de la burocracia autonómica a la hora de autorizar la creación de nuevas universidades: el artículo 5 de la LEMES concentra en la administración autonómica todo el poder para autorizar, o no hacerlo, la apertura de una nueva universidad privada en Madrid. Es el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid quien tiene que proponerle a la Asamblea la apertura de una nueva universidad.
¿Y qué sucede si el Consejo de Gobierno se cierra absolutamente en banda a que una determinada universidad privada pueda iniciar sus actividades? Pues nada: el derecho constitucional a la creación de centros docentes decae. Y es que, de acuerdo con la propia ley, el silencio de la administración es negativo transcurridos 18 meses (artículo 31.1 a): esto es, el Consejo de Gobierno puede recibir la petición de apertura de una universidad privada que cumpla con todos los (abusivos) requisitos que establece la propia ley y lanzar esa solicitud a la trituradora de papel; transcurridos 18 meses sin motivación ni explicación alguna por parte de la administración, la solicitud sería denegada ope legis. ¿En qué liberticida cabeza cabe que el ejercicio de un derecho que la propia Constitución califica de fundamental pueda ser laminado por un silencio administrativo negativo?
Injustificada elevación de las barreras de entrada a la competencia: que la ley establezca determinados requisitos que aseguren una calidad universitaria mínima puede ser algo razonable para quienes atribuyan al Estado la misión de solventar los problemas de información asimétrica entre consumidores y productores. Sin embargo, rebasado un cierto umbral, debería ser evidente que los requisitos regulatorios ya no guardan relación alguna con garantizar una calidad mínima de la enseñanza, sino con imponer unos costes de entrada prohibitivos en el sector, cuyo propósito no es otro que el de proteger de la competencia a las universidades existentes (sobre todo las que maman del ilimitado presupuesto público).
La LEMES cae justamente en ese abuso regulatorio. Por un lado, se obliga a las nuevas universidades a ofrecer, desde su puesta en funcionamiento, seis grados y cuatro masters completos, así como a implantar un programa de doctorado antes de tres años (artículo 6 a). Por otro, también se agrava la obligación de las universidades de contar con laboratorios, seminarios, bibliotecas o instalaciones deportivas (artículo 6 f), dejando a discreción de los burócratas el poder exigir esas mismas condiciones a las universidades online. Los requisitos son más elevados incluso que los del Real Decreto 557/1991 aprobados por el PSOE para el conjunto de España y, por supuesto, que los establecidos por el propio Partido Popular nacional en el Real Decreto 420/2015 para, justamente, desregular parcialmente la normativa socialista.
¿Qué sentido tienen estas exigencias salvo el de encarecer enormemente la creación de nuevas universidades? ¿Es que acaso una universidad no puede ser una excelente universidad especializándose en ofrecer menos de seis grados, cuatro masters y un doctorado? ¿Es que tiene algún sentido que una universidad online cuente con bibliotecas físicas o con instalaciones deportivas cuando sus alumnos se hallan radicados en muy diversas partes del globo?
Restricción personal de un derecho fundamental: la igualdad ante la ley es un presupuesto liberal que busca erradicar los privilegios, esto es, los derechos que sólo poseen una minoría de ciudadanos frente al resto. En este sentido, y de acuerdo con la Constitución, todos los españoles tenemos el derecho fundamental a promover la creación de centros docentes (artículo 27.6). O, al menos, todos lo teníamos antes de que Cifuentes lo cercenara con la presente ley. El artículo 7. c) de la LEMES limita el ejercicio del derecho de creación de centros docentes a aquellas personas “con una trayectoria contrastada en la educación superior”. O expresado de otro modo: todos aquellos ciudadanos que no procedan del ámbito universitario no podrán ejercer la competencia contra ese mundo universitario. Corporativismo mercantilista en estado puro: creación de una casta universitaria cerrada y autoalimentada.
Cartelización de las titulaciones: la competencia permite que el consumidor escoja los mejores productos y descarte los peores. Los cárteles, sin embargo, se forman para evitar competir y, por tanto, para limitar las opciones disponibles ante los ciudadanos: “entre bomberos no nos pisemos la manguera”. Que las empresas quieran cartelizarse es algo esperable; que sean los políticos quienes promuevan esa cartelización debería ser bastante menos comprensible.
La LEMES busca deliberadamente la cartelización de las universidades, pues subordina la autonomía universitaria para crear nuevas titulaciones a que éstas cumplan con las “orientaciones en materia de titulaciones universitarias”, las cuales son elaboradas con la participación de las propias universidades existentes y con la finalidad de limitar las redundancias y duplicidades entre las titulaciones de todo el Espacio Madrileño de Educación Superior (artículo 43.1 g). Es decir, que si todas las universidades madrileñas están ofreciendo pésimamente el grado de Administración de Empresas, esas universidades podrán impedir que un nuevo centro superior de enseñanza ofrezca una versión mejorada de ese mismo grado: ya se han repartido el mercado de antemano y pueden vetar la aparición de alternativas superiores.
Más burocracia y más autocracia: Cuando algo no funciona, los gobiernos suelen crear una burocracia para que resuelva el problema. Los políticos parecen incapaces de pensar que quizá los problemas procedan de las burocracias que ellos mismos han creado con anterioridad y que, en consecuencia, instituir un nuevo nivel burocrático sólo agravará el problema. La LEMES no es una excepción a esta regla. ¿Que la calidad universitaria madrileña no es la adecuada? Pues creemos un nuevo (y dañino) órgano planificador: en este caso, se instituye un “servicio de inspección y control universitario” (artículo 35.3) que colocará bajo la lupa de la censura política a todas las universidades madrileñas.
“Quien se mueva no sale en la foto”: y es que el régimen sancionatorio de esta ley por no ajustarse a algunas de sus múltiples e indeterminadas provisiones alcanza los 500.000 euros (artículo 39.1 c) e incluso el cierre de la propia universidad (artículo 39.2). Es decir, el PP madrileño busca crear un cuerpo de delatores, espías y potenciales chantajistas para controlar la plena aplicación de su disfuncional legislación en todos los rincones del espacio madrileño de educación superior. Frente a la libertad educativa, autocracia gubernamental.
Lo anterior apenas constituye algunos de los muchos despropósitos que pueblan la nueva ley universitaria del Partido Popular de Madrid. Un claro ejercicio de prevaricación política contra la libertad educativa de los madrileños que ni siquiera ha intentado ser camuflado por sus promotores. A la postre, la LEMES ha terminado recabando el respaldo de los rectores de las universidades públicas madrileñas a cambio del compromiso expreso de Cristina Cifuentes de paralizar la apertura de nuevas universidades privadas. Corrupción legalizada: el PP madrileño trapichea con los derechos de los ciudadanos para comprar el apoyo de los altos burócratas de las universidades públicas. Todo sea para impulsar la carrera política de Cifuentes con un (amañado) consenso social sobre su gran reforma educativa.
La LEMES es, pues, todo lo contrario de lo que defendería cualquier liberal no vendido al poder político y también todo lo contrario de lo que ha defendido Ciudadanos desde sus primeras propuestas de reforma del sistema educativo español. Cito textualmente la propuesta de reforma universitaria apadrinada desde 2015 por Albert Rivera y Luis Garicano:
[Proponemos una reforma universitaria que elimine] la omnipresente y estalinista burocracia universitaria, los mal llamados “controles y comisiones de calidad”, las infinitas necedades sobre la “innovación educativa”, etc. El actual sistema universitario es un ejemplo perfecto de sistema híper— regulado y, por tanto, muy poco eficiente. Las propuestas deben rebajar considerablemente el nivel de reglamentación e intervencionismo universitario en todos los campos: reconocimiento de títulos, desaparición de la mayor parte de las atribuciones de la desastrosa ANECA, medidas antiburocracia, implantación de criterios ‘ex post’ frente a ‘ex ante’.
La reforma de Cristina Cifuentes no elimina, sino que multiplica y empodera la estalinista burocracia universitaria a la hora de controlar la creación de universidades y la implantación de nuevas titulaciones: no por casualidad, la ley ha sido el resultado de los enjuagues entre Cifuentes (antigua burócrata universitaria), su consejero de Educación (exdirector de la “desastrosa ANECA”) y los rectores de las universidades públicas (paladines de la hiperregulación, la megaburocracia y de la nula excelencia universitaria). De ahí que carecería de todo sentido que Ciudadanos terminara traicionando sus autoproclamados principios y apoyara este despropósito legislativo: de hecho, si el propósito de la ley de Cifuentes es blindar la burocratizada universidad pública y asfixiar a la universidad privada, debería ser aprobada por quienes son sus aliados ideológicos y políticos naturales, a saber, PSOE y Podemos. Que cada cual se retrate en la votación.
