Si había un exceso de la demanda sobre la oferta los salarios tenderían a subir y si había un exceso de oferta sobre la demanda tenderían a reducirse.
Keynes, como en tantas otras cosas, trastocó esta sencilla relación. Salarios más bajos, en su opinión, no sólo no tenían por qué reducir el desempleo sino que podían perfectamente incrementarlo vía reducciones del consumo. Así las cosas, el remedio último pasaba por incrementar la demanda agregada –por lo general echando mano de políticas inflacionistas que de paso reducían los salarios reales–, lo que básicamente equivalía a decir que los parados volverían a estar ocupados cuando la productividad de los trabajadores se incrementara (algo que podrían haber suscrito los clásicos); cosa distinta es que las políticas keynesianas contribuyeran lo más mínimo a lograr este objetivo.
Lo cierto es que cinco millones de parados parecen ser un indicio bastante claro de que España necesita reducir salarios. O, mejor dicho, necesita readaptar su aparato productivo para lo cual necesitaremos reducir salarios. Durante décadas nuestra economía ha estado orientada a satisfacer la demanda interna; tal era el deseo de los españoles por consumir o por invertir que incluso tenían que prestarnos dinero desde fuera en un proceso que cristalizó en uno de los mayores déficits exteriores del mundo.
Ahora tenemos una deuda externa superior al 100% de nuestro PIB y, claro, toca repagarla. Y sólo hay una forma de hacerlo: venderles a los extranjeros más que aquello que les compramos. Es decir, tenemos que pasar de un colosal déficit exterior a un importante superávit. Los habrá que añoren que podamos tirar por la calle de en medio y devaluar nuestra moneda para no hacer los ajustes internos que debemos. Es una opción: Grecia la ha seguido durante casi 200 años y por eso lleva la mitad de su reciente historia de default en default.
Las devaluaciones no solucionan los problemas de fondo, sólo los postergan; destruyen a las empresas eficientes que producen importando y elevan a la categoría de gigantes a la materia empresarial muerta que puede vender sin comprar fuera. Vamos, en España se trataría de regresar al modelo de sol y playa, que para algo tenemos materia prima suficiente dentro del país. Una carrera hacia atrás en medio de un mundo que avanza hacia una continua mejora de la productividad. Crezcamos no siendo mejores, sino destruyendo nuestra moneda para rebajar los precios de industrias caducas. No barato y mejor, sino seguir vendiendo la misma mercancía averiada mientras nos quede margen para continuar devaluando.
El euro, afortunadamente, nos obliga a hacer reformas; otro asunto es que los políticos, los sindicatos y cuantos ciudadanos les ríen las gracias, se opongan a hacerlo y nos aboquen al abismo. Pero, en todo caso, nuestras empresas en algún momento tendrán adaptarse para satisfacer no los deseos de los españolitos, sino los de los extranjeros. Y, para ello, nuestros productos deberán ser competitivos, lo que en parte equivale a que sean más baratos que otros de calidad similar o superior (cuanto mayor calidad tengan, más caros los podremos vender y para insuflarles calidad necesitamos más capital, esto es, más ahorro); y, de nuevo, para que sean más baratos los salarios deberán ajustarse a la baja.
Toda reforma laboral que se olvide de esto, de que sólo crearemos empleo recolocando a los trabajadores dentro de empresas que produzcan bienes dirigidos a los extranjeros, de que para vendérselos nos tocará abaratar nuestros precios y de que para abaratarlos habrá que recortar nuestros costes (laborales pero no sólo laborales: también, por ejemplo, el de los inmuebles), será un fracaso. Por eso, por cierto, las políticas keynesianas no funcionarán nunca en nuestro país: siguen tirando de demanda interna cuando debemos migrar hacia una economía exportadora.
Dentro de los costes laborales sólo hay tres partidas sustanciales a las que echarles el diente: salarios, cotizaciones de la Seguridad Social o indemnizaciones por despido. Ustedes dirán qué prefieren: probablemente en muchos sectores habrá que reducir, al menos, dos de esas tres. Pero la más sencilla, la que menos quebranto social causaría en una economía que volviera a generar empleo con fluidez, sería reducir las indemnizaciones por despido.
Otra cosa es que al final nos ofrezcan un nuevo tipo de contrato que apenas rebaje las indemnizaciones para los nuevos trabajadores y no para los ya existentes. En ese caso, seguiremos estancados, con un déficit público morrocotudo y con una deuda privada cada vez más cercana al impago. ¿Entienden por qué el capital sigue huyendo de España?
