El caso de De Juana Chaos es un ejemplo perfecto de cómo la justicia pública es sólo un instrumento en manos de los políticos para satisfacer su propia agenda de conservación del poder. El PSOE ha desairado las legítimas exigencias de las víctimas de De Juana para santificar un proceso que, hoy sí, es una declaración de rendición en toda regla. Un cheque en blanco expedido para contentar el voraz apetito etarra y girado contra fondos ajenos.
Mucho se ha escrito sobre si la condena a De Juana era acorde a derecho, sobre si el Gobierno habría podido seguir con el anterior régimen penitenciario, sobre si el PP excarceló a más o menos presos. Todas estas argumentaciones resultan en mi opinión completamente desenfocadas, en tanto no apuntan al auténtico ultraje cometido por ZP y sus cómplices: han violado los derechos de las víctimas.
No, no me refiero a los derechos que nuestro sistema político les reconoce actualmente, es decir, virtualmente ninguno. Con dificultad hallaremos coherencia y rectitud alguna en millones de legajos aprobados por 350 iluminados cuya única lealtad es hacia ellos mismos y hacia el mismo Estado, que alimenta a sus familias y a sus amistades. Creer que norma estatal equivalente a norma justa, o que sólo podemos reivindicar los derechos que interesadamente nos reconocen nuestros carceleros, sería caer en la trampa del positivismo y del relativismo; en la negación de los principios éticos, que trascienden la arrogancia y la ceguera del Estado.
En este sentido, toda víctima, y también toda víctima del terrorismo, tiene derecho a que el agresor le repare por el daño que le ha causado, esto es, a que la devuelva a una situación lo más precido posible a la previa a la agresión. Dado que la iniciación de la violencia era ilegítima, el agresor queda obligado frente al agredido.
La restitución no tiene necesariamente que ver con el encarcelamiento, y menos con el encarcelamiento actual, consistente en que las víctimas paguen con sus impuestos el mantenimiento de los agresores. La víctima puede escoger, de entre todas las condenas proporcionales, la que más la aproxime a la situación previa al daño. Y ello incluye compensaciones pecuniarias, servicios laborales para la víctima o castigos físicos.
Nuestro sistema penal recurre a una mezcla de las tres cosas: multas, trabajo social y prisión. La diferencia esencial es que la condena, en lugar de beneficiar y restituir a la víctima, ha sido nacionalizada por el Estado. Las multas engrosan el erario público; los trabajos sociales se prestan para la comunidad; el encarcelamiento tiene lugar en prisiones públicas, costeadas con nuestros impuestos.
La víctima se ha visto privada de la capacidad de elección sobre la condena pertinente y sobre los beneficios compensatorios que ésta le proporcionaría. Esta potestad de la víctima ha sido expropiada por un sistema judicial monopolístico y compulsivo, cuyo funcionamiento no atiende a sus intereses, sino a complacer las necesidades de políticos y burócratas.
Por consiguiente, recordemos una idea que no por sencilla está lo suficientemente clara: Zapatero carece de cualquier legitimidad para decidir sobre la condena a De Juana. Y esto por una sola razón: Zapatero no es víctima de De Juana, no ha sufrido ningún daño por el que pueda exigirle reparación.
Los únicos que tienen derecho a decidir sobre el futuro de De Juana son sus víctimas; ni la sociedad, ni el Estado, ni siquiera las víctimas de otros terroristas tienen poder alguno sobre De Juana –y mucho menos sobre los derechos de restitución que ostentan las víctimas de De Juana.
La condena a 21 años de cárcel para De Juana fue decidida de manera unilateral por un sistema judicial que carecía de justo título para ello; un sistema judicial que suplantó a las víctimas y que desatendió su derecho de restitución.
El nuevo régimen penitenciario de De Juana ha sido decidido de manera unilateral por un Gobierno que carece de justo título para ello. Nada ha habido más degradante en todo este asunto que la prepotencia de Rubalcaba, cuando dijo que se ha tratado de "una decisión personal". Pero, oiga, ¿qué legitimidad tiene usted para decidir sobre la condena a De Juana? ¿Acaso es una de sus víctimas? ¿Acaso las víctimas le han delegado su potestad?
Su única legitimidad es y será la del Ejército: el respaldo del poder militar como garantía ejecutiva de sus resoluciones. Pero al proteger a un terrorista con sus "decisiones personales", sustentadas únicamente en su poder coactivo, Rubalcaba no ha actuado de manera distinta a como haría un mafioso que rescatara a alguno de sus compinches de la cárcel.
Y no nos engañemos. Una perversidad de este calibre, un atentado tan flagrante contra la justicia, no es el "precio" necesario para que la sociedad funcione. Una sociedad no puede asentarse sobre la violación sistemática de los derechos ajenos. El coste de la civilización no puede ser el salvajismo.
Las víctimas de De Juana tienen perfecto derecho a que el terrorista permanezca en la cárcel hasta el fin de sus días, incluso a alimentarlo coactivamente y a prolongar la reclusión forzosa. Las sentencias de una pandilla de funcionarios con toga o las decisiones políticas de un Gobierno autócrata no eliminan de ningún modo la validez de ese derecho. Pero sí sirven para mostrarnos el enfoque totalitario hacia el que está orientado el régimen que padecemos.
Los políticos deberían ser conscientes de que la violación alevosa que han perpetrado durante estos días contra los derechos de las víctimas los convierte en agresores y por tanto en responsables.
