Lo que resulta realmente preocupante es mientras que la SGAE y demás sociedades de gestión sí conocen el contenido de la misma y lo están analizando, ninguna de las otras partes afectadas y activas en ese asunto han sido informadas. Por lo que se ve, ni el departamento de Molina ni el Ministerio de Industria consideran importante que las compañías afectadas o las organizaciones de usuarios de las tecnologías que se verán gravadas de esta manera sepan que va a ocurrir. De hecho, es posible que desde el Ejecutivo prefieran mantener a estos sectores en la ignorancia.
Tanto la Asociación Multisectorial de Empresas de Electrónica y Telecomunicaciones (ASIMELEC) como la Asociación de Internautas (AI) desconocían la propuesta del Ejecutivo cuando Molina hizo el anuncio. Mala señal. Que las entidades de gestión tengan varias semanas de ventaja para analizar el contenido antes de que llegue a quienes mantienen posturas contrarias a las de ellas demuestra una clara voluntad gubernamental de favorecer a quienes incrementan sus ingresos gracias al canon digital. Y la sospecha se incrementa cuando el pocas veces agradable Pedro Farré se felicita de que Molina "conozca tan bien este asunto y comprenda perfectamente su justificación".
Al menos una cosa consuela, que el mismo Farré se lamente de la existencia de una actitud "más comprensiva a sus demandas" (de ASIMELEC y, tal vez, de AI) por parte del Ministerio de Industria. De todos modos no debe de ser tan comprensiva cuando desde él no se han molestado tampoco en informar a la patronal tecnológica. En cualquier caso, esperemos que el departamento de Joan Clos ponga freno en algún punto a las intenciones de Molina. No sabemos todavía en qué consiste la propuesta gubernamental, pero el hecho de que sólo una de las partas haya sido informada resulta como poco sospechoso.
Otros datos nos hacen desconfiar. En su etapa como director del Instituto Cervantes, Molina firmó un convenio con CEDRO (una de las entidades que sacan tajada del canon) y destacó el "papel fundamental" de esta organización en la gestión de los derechos de autor. Por cierto, que otra entidad con la que firmó un convenio el Cervantes en la época del actual ministro de Cultura fue la SGAE. Por lo que vemos, el escritor metido a político mantiene desde hace tiempo buenas relaciones con aquellos que salen beneficiados del canon con el que se castiga a los consumidores de CD y otros soportes digitales.
Con un árbitro así nos podemos temer lo peor. Sería deseable que Molina recordara que su labor es gestionar cuidando de los intereses de todos los ciudadanos, no sólo de aquellos sectores a los que, como escritor y antiguo director del Círculo de Bellas Artes, está vinculado. Lo ocurrido hasta ahora apunta en sentido contrario. Esperemos que sepa rectificar.
