¿Con qué desvergüenza acusa Puig de ‘insolidarios’ a los madrileños?
Señala Ximo Puig, presidente de la Generalitat valenciana, que la propuesta de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de rebajar poco más de un 5% el IRPF de los madrileños es “irresponsable” e “insolidaria” con el resto de gobiernos autonómicos. Al parecer del socialista, las autonomías no han de ser autónomas a la hora de rebajar aquellos impuestos que tienen transferidos, sino que solo han de serlo para poder subirlos. En ese sentido, incluso ha reclamado una recentralización tributaria para unificar la tributación, esto es, una cartelización fiscal entre administraciones regionales con el objetivo de maximizar el sangrado impositivo contra el ciudadano.
Pero más allá de la hipocresía federalista de los barones socialistas, vayamos a los datos. ¿De verdad cabe tildar a los madrileños de ‘insolidarios’ por aspirar a rebajar su tramo autonómico del IRPF en un 5,5%? ¿Están los contribuyentes madrileños financiando una parte menor del gasto público recibido por los ciudadanos del resto de autonomías? Acudamos a las últimas ‘Cuentas públicas territorializadas‘ (correspondientes al año 2014) del Ministerio de Hacienda.
La cuantía es tan sustancial que, en ocasiones, suele pensarse que está manipulada por la singular posición económica que ocupa la región de Madrid: si a Madrid se le imputara la práctica totalidad de la recaudación del impuesto sobre sociedades (porque es aquí donde tienen su sede las principales empresas del país) o del IVA (porque muchos bienes adquiridos en otras autonomías se venden desde Madrid), la queja podría ser comprensible. Pero no es así: la recaudación por IVA se imputa entre autonomías según el consumo de cada una de ellas, y la del impuesto sobre sociedades se efectúa en función de la residencia fiscal de sus accionistas, de sus trabajadores y de sus consumidores. Así, en el año 2014, en Madrid se recaudaron 68.100 millones de euros en impuestos: 21.300 millones de euros por cotizaciones sociales (el 17,3% de la recaudación total del país); 18.600 millones en concepto de IRPF (el 23% de la recaudación total del país); 10.400 por IVA (el 16,7% de la recaudación total del país); 4.000 millones de euros por impuesto sobre sociedades (el 20% de la recaudación total del país), y algo menos de 14.000 millones de euros por otros tributos (impuesto sobre bienes inmuebles, sobre el tabaco, sobre los hidrocarburos, sobre la electricidad, sobre transmisiones patrimoniales, etc.). Dado que el PIB de la Comunidad de Madrid en el año 2014 representaba el 19% del PIB nacional, no parece que imputarle un 16,7% de lo recaudado por IVA o un 20% de lo recaudado por sociedades esté inflando su participación efectiva en estos impuestos.
Tampoco, por cierto, la parte mollar del agujero se explica por la concentración del gasto ministerial o burocrático en Madrid (el cual se imputa entre todas las autonomías según su población aun cuando el lugar de prestación de ese servicio pueda estar geográficamente localizado). Y es que el epígrafe de “Administración general y bienes y servicios públicos de ámbito Nacional e interés general” asciende a 16.000 millones de euros (es decir, incluso menos que el agujero fiscal de Madrid), pero de ellos 1.600 millones se corresponden con gastos por relaciones exteriores allende nuestras fronteras (embajadas, cooperación y desarrollo, organismos multilaterales, etc.), 1.000 millones con compra de material militar y 1.300 millones con gastos logísticos de las Fuerzas Armadas en el exterior: por consiguiente, incluso si consideráramos exageradamente que la mitad del gasto restante (11.000 millones de euros) constituye gasto de personal centralizado en Madrid (a este respecto, permítaseme recordar que el 7% de la población madrileña es empleado público… idéntico porcentaje que en Andalucía), las transferencias capitalinas por este concepto supondrían un monto de 5.000-6.000 millones de euros, muy lejos de los 19.000 millones de déficit fiscal de la región.
Así pues, con un agujero de 19.000 millones de euros anuales (o, si lo corregimos abultadamente por el gasto en servicios centrales, un agujero de como poco 10.000 millones de euros anuales), ¿con qué desvergüenza acusa Puig de ‘insolidarios’ a los madrileños por votar a partidos que llevaban indubitadamente en su programa la promesa de bajar muy modestamente los impuestos en la región? Pongamos las cifras en su apropiada dimensión: la recaudación total por IRPF en la región de Madrid ascendía en 2014 a 18.000 millones de euros, mientras que la recaudación total por IVA equivalía a 10.000 millones de euros. Dicho de otra manera, sin ‘solidaridad interterritorial’ alguna, los madrileños podrían dejar de abonar la totalidad del IRPF (si tomamos la estimación de agujero fiscal de 19.000 millones) o la totalidad del IVA (si tomamos la estimación rebajada de 10.000 millones): esos son los impuestos extraordinarios que, sin redundar en su propio bienestar, están pagando los ciudadanos de la Comunidad de Madrid para financiar parte de los gastos ejecutados en el resto de España (con la excepción de Cataluña y Baleares, cuyos ciudadanos también son contribuyentes netos al sistema). ¿De verdad tiene sentido acusar a los madrileños de insolidarios por aspirar a rebajar su IRPF en un 5,5% cuando con ello no van a reducir ni un céntimo su milmillonaria aportación al resto de España, la cual equivale ora al 100% del IRPF ora al 100% del IVA que soportan? ¿Con qué arrestos se tilda de insolidario a quien es brutalmente exprimido para que otros gasten más de lo que deberían?
En todo caso, que Ximo Puig aborrezca con tanta intensidad la autogestión y competencia fiscal acaso debería contribuir a que nos diéramos cuenta de su extrema conveniencia: si la única forma que conocen los capitostes autonómicos para desarrollar sus regiones es una cartelización tributaria y una mayor rapiña fiscal contra las áreas económicas más desarrolladas, igual es que el sistema actual solo incentiva el parasitismo interterritorial en lugar de fomentar las reformas estructurales, la responsabilidad tributaria y, en suma, el crecimiento endógeno de cada región.
