Hace poco más de un año IU presentó su propuesta de Estatuto del Periodista (EP), que vendría a desarrollar el artículo 20 de la Constitución, referido a la libertad de expresión e información. De entrada, debería preocuparnos que un partido político que sigue considerando al totalitarismo cubano como su "modelo referencial" redacte una proposición de ley para regular la libertad de expresión en España. Uno creía que el ideal comunista de la libertad de expresión era la mordaza o, directamente, el Gulag. Uno lo creía y, tras leer el Estatuto del Periodista, puede seguir creyéndolo a pies juntillas.
Lo sorprendente no es, pues, que IU redacte una proposición inspirada en la censura cubana y venezolana, sino que el PSOE, ese partido de izquierda supuestamente moderada, dé el visto bueno al Estatuto del Periodista sin modificar ni una coma.
El objetivo del EP es instituir "un organismo público, corporativo o sindical" que acredite "la condición de periodista profesional mediante la expedición de un carné". Eso sí, para dejar claro que el EP no supone excluir "del ejercicio profesional a aquellos que carezcan de la habilitación necesaria", los impulsores del texto matizan rápidamente: "La adopción de este Estatuto tampoco supone la exigencia de una habilitación previa para el ejercicio de un derecho que a todos corresponde; simplemente, la invocación de unos derechos profesionales específicos pasa por la acreditación de esa profesionalidad".
Como ahora veremos, esta declaración de buenas intenciones es falsa y esconde, precisamente, una censura de mucho mayor calado. Todo ello, a través de cuatro instrumentos: el director, el Comité de Redacción, el Comité de Información y el Código Deontológico.
El director
El artículo 2 del EP asegura que "la condición de periodista profesional se acredita mediante el correspondiente carné expedido por el Consejo Estatal de la Información o sus equivalentes autonómicos"; carné que "se renovará periódicamente".
Sin embargo, el párrafo 2 del artículo1 deja claro que esa acreditación no interferirá en el ejercicio del derecho a la información por parte de los no profesionales. En principio, pues, pareciera que la única virtualidad del carné fuera una especie de bendición estatal sobre quien es periodista "profesional". Al fin y al cabo, nada impedirá a quienes no tenga carné trabajar para un medio de comunicación. ¿Qué más da, en definitiva, que uno sea tildado de periodista “profesional” o de periodista "no profesional", si su libertad de expresión resulta equivalente?
Pero los neoinquisidores no dan puntada sin hilo. El carné no tiene utilidad sólo en apariencia (una interesada apariencia, cabría añadir, para encubrir sus auténticas intenciones). Cuando avanzamos hasta el artículo 21, ‘De los Directores’, nos enteramos de que "al frente de los medios informativos, esto es, publicaciones, programas audiovisuales y páginas o sitios en la red de carácter periodístico estará un director"; y ¿quién puede ser director? El EP lo deja claro: "El director ha de ser periodista profesional acreditado como tal".
En otras palabras, el EP se asegura que al frente de cualquier medio de comunicación se sitúe un periodista de carné, un periodista que habrá obtenido la aprobación estatal. Notemos, además, que en la definición de medios de comunicación se incluye "páginas o sitios en la red de carácter periodístico". ¿Qué sucederá con las bitácoras de opinión e información? ¿Necesitará cada bitácora un director (periodista de carné)? En caso de que no lo consiga, ¿deberá cerrar la bitácora?
No sólo eso. El de director no será un cargo meramente honorífico: según el EP, "el director tiene la última palabra sobre los contenidos informativos y puede ejercer el derecho de veto sobre los mismos". Por tanto, los periodistas afines al poder político podrán controlar toda la información que sea emitida en este país.
Parece claro que los neoinquisidores izquierdistas, después de haber perdido la batalla ideológica en Internet, están dispuestos a ganarla mediante la fuerza policial y la censura.
Los Comités de Redacción
Según el artículo 22, los Comités de Redacción son "cauce de participación de los periodistas en la orientación editorial", y estarán presentes en toda empresa que cuente con más de ocho periodistas. Por lo tanto, tenemos claro que los Comités de Redacción estarán presentes en casi todos los grupos de comunicación y podrán influir en la línea editorial.
Aunque, en principio, los Comités sean elegidos "por todos los miembros de la Redacción", los sindicatos tendrán un papel preponderante en el procedimiento, ya que "trabajadores y empresas deberán acordar en Convenio Colectivo la constitución, composición y competencias de los Comités de Redacción" (art. 23).
Esto implica una más que evidente infiltración, e incluso dominio, sindical de estos Comités que, en buena medida, socavan la línea editorial del medio de comunicación.
Pero los despropósitos no terminan aquí. El último párrafo del artículo 24 resume la naturaleza auténticamente chekista de estos organismos: "Los Comités de Redacción informarán anualmente sobre el grado de cumplimiento del Código Deontológico, cuya difusión por el correspondiente órgano informativo será obligatoria cuando así lo solicite el respectivo Comité".
Más adelante explicaremos las características de este Código Deontológico, una afrenta fascistoide a la libertad de expresión. Valga, por ahora, tener en cuenta que la misión de estos Comités será la de actuar como chivatos ante los políticos, y que denunciarán a todos aquellos periodistas disidentes que incumplan las normas de buena conducta. ¿Qué ocurrirá si un periodista tiene una actitud particularmente contraria a los sindicatos o al Gobierno? ¿Acaso alguien duda de que este Comité servirá para legitimar la represión política?
El Consejo de Información
Ahora bien, ¿quiénes serán los encargados de ejecutar las sentencias condenatorias de los Comités de Redacción? Evidentemente, si se hubiera encargado esta labor al Gobierno, el grado de corporativismo mussoliniano hubiera sido demasiado indisimulado. En su lugar, el Gobierno crea los denominados "Comités de Información".
El artículo 25 sanciona la creación del Consejo Estatal de Información con la orwelliana declaración de intenciones de "promover los derechos a la libertad de expresión e información y de modo específico el derecho del público a recibir información y los derechos profesionales declarados en este Estatuto".
Este Consejo de Información estará compuesto por 22 miembros, de entre los que cabe destacar, por su obvio sesgo, los 8 periodistas elegidos por el Congreso y el Senado (y ya saben cuál es el único grupo mediático en España con periodistas de suficiente solera socialista como para ser elegidos) y los cuatro miembros de las centrales sindicales. Por tanto, podemos augurar una mayoría estable de la izquierda en semejante Consejo censor. En otras palabras, la misma izquierda que promueve la creación del Estatuto censor para el periodista se asegura las mayorías necesarias en los órganos ejecutores.
Este consejo actuará en pleno y a través de tres comisiones, "de Acreditaciones, Deontológica y de Estudios". La de Acreditaciones será la encargada de expedir los carnés de periodista, y la de Estudios realizará una serie de informes anuales sobre el estado de la supuesta libertad de expresión en el sector.
Con todo, el corazón censor del régimen se ubicará en la Comisión Deontológica, la encargada de establecer las sanciones que contempla el EP en su artículo 10. Podrán ser leves o graves, atendiendo al grado de violación del Código Deontológico. Las sanciones abarcarán desde el escarnio público hasta una multa a la empresa de comunicación de hasta el 10% de sus beneficios, pasando por la retirada del carné de periodista.
El Código Deontológico
El EP incluye, pues, en su anexo un Código Deontológico, auténtico recopilatorio de la neoinquisitorial moral socialista, que limitará la libertad de expresión de todo periodista. Cualquier vulneración de este código, como ya hemos visto, podrá ser denunciada por los Comités de Redacción (esto es, una Gestapo descentralizada) ante la Comisión Deontológica (que realizarían la función de las SS).
El mentado código moralizador incluye 14 puntos; algunos de los cuales integraban ya nuestro ordenamiento jurídico (por ejemplo, respetar el honor, la intimidad y la imagen de un tercero), pero otros, como las que ahora señalaremos, suponen una clara restricción a la libertad de expresión.
El punto 2 considera un deber ético "difundir únicamente informaciones fundamentadas y contrastadas". ¿Considerará el Gobierno que las investigaciones de El Mundo sobre el 11-M están suficientemente "fundamentadas y contrastadas"?
El punto 9, por su parte, ordena "no aceptar retribuciones de terceros por publicar informaciones u opiniones". ¿Qué ocurrirá con aquellos periodistas que, a su vez, formen parte de alguna fundación con una marcada ideología y de la que estén percibiendo una renta?
Y, por último, el 14 dictamina "actuar con especial responsabilidad y rigor en el caso de informaciones u opiniones con contenidos que puedan suscitar discriminaciones por razón de sexo, raza, creencias o extracción social y cultural, así como incitar al uso de la violencia". En otras palabras, se acabó criticar al fundamentalismo islámico. La Comisión censora al servicio de la Alianza de Civilizaciones de ZP. Los críticos con la conciliación universal de las culturas bajo la rúbrica del estatalismo de la ONU deberán ser convenientemente acallados.
Conclusión
Como vemos, el EP construye un entramado burocrático destinado a controlar la libertad de expresión de los periodistas. Este control se torna particularmente preocupante en el caso de los nuevos medios de comunicación a través de internet, el espacio que, por ahora, la izquierda no ha sido capaz de someter y que, por tanto, más está ayudando a difundir el liberalismo. A través de la figura del director y del carné, del control endogámico de los Comités de Redacción y de la Comisión Estatal de Información y de las sanciones derivadas del incumplimiento del Código Deontológico se institucionaliza una completa Ley Mordaza sobre los individuos.
Se trata de una ley de corte fascista, promovida por sus hermanos mellizos, los comunistas de IU. Sin lugar a dudas, a día de hoy, la más grave amenaza para la libertad de expresión en España.
