El caso de las esteladas no debería relacionarse con esa entelequia llamada libertad de expresión, sino con el ejercicio del derecho de propiedad.
La política lo contamina todo. Y el deporte no es una excepción. Cuando no son los tirios son los troyanos. Ahora el Gobierno ha decidido, aunque la medida fue tumbada posteriormente por un juez, impedir la entrada de banderas separatistas catalanas en la final de la Copa del Rey que se jugará el 22 de mayo en el Estadio Vicente Calderón de Madrid. Resulta que a ojos del Gobierno está bien que los nacionalistas catalanes impidan desde tiempo inmemorial que en Cataluña se estudie y se rotule en español, pero es intolerable que lleven la bandera separatista a un campo de fútbol.
Y es que al Gobierno, a este y a todos, ni le importa la libertad de enseñanza ni la libertad de empresa ni las banderas. Lo único que le mueve es el electoralismo más descarnado. Los partidos políticos son máquinas de rapiñar votos. Y en estos momentos interesa suscitar los instintos más bajos del “España entera y solo una bandera” entre las masas de alicaídos electores.
Pero, más allá de estas pueriles disquisiciones, conviene centrar el asunto sobre quién está legitimado para prohibir a otros la entrada a un campo de fútbol. Y la respuesta es que, en una sociedad que no padeciera a un gobierno omnipotente, el único capacitado para llevar a cabo tal veto sería el propietario del estadio en el marco de las normas establecidas por los organizadores privados de la competición. Así, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona gozaría de perfecto derecho a prohibir la exhibición de rojigualdas en su estadio si ello no contraviniera el reglamento acordado voluntariamente por los clubes organizadores de LaLiga. En el caso que nos ocupa, los exclusivos legitimados para adoptar este tipo de decisiones tendrían que ser el Club Atlético de Madrid y la Real Federación Española de Fútbol, que es una asociación privada con el defecto de estar regida por la Ley del Deporte (sic).
Un partido de fútbol es un espectáculo que solamente debería incumbir a las organizaciones privadas que participan en el mismo, que, por supuesto, tendrían que asumir todos los costes relacionados con la seguridad y la custodia de los espectadores. Nada pintan delegadas del Gobierno ni fiscales ni jueces de lo Contencioso-Administrativo. El caso de las esteladas no debería relacionarse con esa entelequia llamada libertad de expresión, sino con el ejercicio del derecho de propiedad.
