IJM y CEFAS presentan la ‘motosierra’ regulatoria que necesita España: un plan para derogar el ‘sanchismo’
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“DESENREDAR ESPAÑA“
España arrastra un problema estructural de hipertrofia normativa que se ha convertido en un freno directo al crecimiento económico, la seguridad jurídica y la libertad económica. Desde la Transición hasta 2021 se aprobaron 411.804 normas, a las que se sumaron 11.775 adicionales en 2022, consolidando un ritmo de más de 30 disposiciones al día, equivalente a una nueva regulación cada 45 minutos. Esta acumulación no responde a una mayor calidad institucional, sino a una lógica de intervención permanente que eleva la complejidad legal y amplía la discrecionalidad administrativa.
El impacto económico de esta sobrerregulación es cuantificable. Las cargas administrativas, los costes de cumplimiento, la litigiosidad y la inseguridad jurídica asociadas al exceso normativo suponen un coste agregado superior a los 90.000 millones de euros anuales, funcionando como un impuesto oculto que penaliza especialmente a pymes, autónomos y familias, reduce inversión y lastra la productividad.
Con el objetivo de dimensionar y ordenar este problema, el informe Desenredar España elaborado por el Instituto Juan de Mariana y CEU-CEFAS, lleva a cabo una auditoría sin precedentes del ciclo legislativo comprendido entre 2018 y enero de 2026. El análisis se centra en 243 normas con rango de ley aprobadas bajo el Gobierno de Pedro Sánchez —leyes, leyes orgánicas, reales decretos-ley y reales decretos legislativos—. El resultado es concluyente: 204 de estas normas, el 84 % del total, son susceptibles de derogación total o de una reforma profunda, por su carácter innecesariamente intervencionista, su mala técnica normativa o su débil justificación funcional.
La propuesta no plantea una desregulación indiscriminada, sino una estrategia sistemática, basada en inventario, metodología y prioridades claras. Para ello, el informe clasifica las normas analizadas en cinco grandes bloques de intervención, que permiten actuar de forma ordenada y jurídicamente segura.
El Bloque 1 (23 %) agrupa las leyes susceptibles de derogación íntegra, al no existir ningún mandato europeo que las sustente y tratarse de disposiciones puramente nacionales. En este grupo se incluyen normas como la Ley de Memoria Democrática (2022), con más de 31.600 palabras, un marcado sesgo ideológico, creación de nuevos órganos burocráticos y un régimen sancionador que invade el ámbito de la libertad de expresión sin resolver problemas materiales de convivencia. También se encuadran aquí medidas como el registro obligatorio de jornada (RDL 8/2019), que ha incrementado la carga administrativa y el presencialismo sin mejorar los indicadores que decía corregir, ya que las horas extra no pagadas han seguido aumentando.
El Bloque 2 (16 %) comprende las leyes cuya derogación exige un canje previo de hitos con Bruselas, al haber sido aprobadas como compromisos vinculados al Plan de Recuperación y a los fondos Next Generation EU. Un ejemplo relevante es la reforma del sistema de cotización de autónomos por ingresos reales (RDL 13/2022), que ha introducido una complejidad administrativa elevada, ha incrementado la presión fiscal efectiva sobre el trabajo por cuenta propia y ha coincidido con una pérdida neta de autónomos, sin mejorar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, cuyo déficit contributivo supera los 55.000 millones de euros.
El Bloque 3 (13 %) incluye las normas que deben ser revisadas por problemas de “gold-plating”, es decir, transposiciones de directivas europeas sobredimensionadas por el legislador nacional. El informe compara el caso español con otros países de la UE, como Estonia, y pone de relieve cómo leyes como la LOPD española incorporan capas adicionales de obligaciones, controles y sanciones que elevan los costes de cumplimiento sin aportar beneficios proporcionales en términos de protección efectiva.
El Bloque 4 (48 %) agrupa las leyes que requieren una reforma en profundidad, al abordar problemas reales pero hacerlo desde diseños excesivamente rígidos o intervencionistas. Aquí se sitúa buena parte de la legislación de vivienda, cuyo endurecimiento ha coincidido con una caída del 56 % de la oferta de alquiler entre 2020 y 2025 y un aumento de precios del 30 %, en un contexto de creciente inseguridad jurídica para los propietarios. También figuran normas laborales como la eliminación del despido por absentismo (Ley 1/2020), asociada a un aumento del absentismo del 53 % y a un coste agregado cercano a 130.000 millones, así como la Tasa Google (Ley 4/2020), que prometía recaudar 1.000 millones y apenas aporta 375 millones, equivalentes al 0,1 % de los ingresos tributarios, pese a imponer elevados costes de cumplimiento y riesgos comerciales.
El Bloque 5 (16 %) recoge las normas cuya revisión no se considera prioritaria a corto plazo, bien por responder a consensos amplios o por presentar un menor grado de intervencionismo relativo.
Durante el acto de presentación del informe, esta clasificación se tradujo en una visualización física del problema mediante cuatro torres de folios, que reflejan el tamaño real de la regulación acumulada y el tipo de intervención necesaria en cada caso. Una primera torre, de 1.038 folios, representa las leyes susceptibles de derogación íntegra. La segunda, con 1.398 folios, agrupa las normas cuya eliminación exige un canje de hitos con Bruselas. La tercera, de 1.995 folios, recoge las regulaciones afectadas por problemas de gold-plating. La cuarta y mayor torre, con 2.902 folios, simboliza las leyes que deben ser reformadas en profundidad. Esta imagen resume de forma tangible la magnitud del reto: miles de páginas de legislación acumulada que requieren una depuración ordenada y técnicamente solvente.
Para abordar esta tarea, el informe incorpora la herramienta SPAIN-DESREG, desarrollada por Foro Regulación Inteligente, que emplea big data e inteligencia artificial para analizar más de 649.000 desarrollos normativos. Cada norma es evaluada según cinco métricas objetivas —carga regulatoria, complejidad técnica, potencial de liberalización, sesgo ideológico y extensión—, lo que permite jerarquizar prioridades, detectar solapamientos y simular el impacto real de su reforma o derogación. El sistema no se limita al diagnóstico: genera propuestas normativas alternativas completas, listas para su tramitación, garantizando coherencia jurídica y evitando vacíos legales.
Las simulaciones muestran que es posible lograr reducciones de entre el 90 % y el 95 % en extensión normativa, caídas superiores al 50 % en carga regulatoria y mejoras sustanciales en seguridad jurídica, demostrando que la desregulación puede ser precisa, medible y operativa, y no un gesto simbólico.En conjunto, Desenredar España concluye que la sobrerregulación no es un fenómeno abstracto, sino un problema económico y político de primer orden, con efectos directos sobre empleo, vivienda, inversión y competitividad. Frente a ello, el informe ofrece por primera vez una hoja de ruta completa, basada en datos, tecnología y ejemplos concretos, para convertir la desregulación en una política pública estructural, capaz de reducir costes, reforzar la seguridad jurídica y ampliar los márgenes de libertad económica en España.
Puedes acceder al informe completo aquí.
