La economía también vota el 29 de noviembre

Hay elecciones que se convocan por una crisis política y terminan votándose por la economía. Las generales del 29 de noviembre nacen de una legislatura agotada, de una mayoría parlamentaria incapaz de sostener decretos clave y de un adelanto que el BOE ya ha formalizado para elegir de nuevo Congreso y Senado. Pero, más allá del ruido inmediato, lo que realmente se va a discutir durante las próximas semanas es bastante más profundo: qué Estado puede permitirse España, cómo se garantiza la accesibilidad a la vivienda, qué hacemos con una productividad que sigue sin despegar, cuánto margen fiscal queda después de varios años de gasto expansivo y qué modelo de crecimiento queremos cuando los fondos europeos dejan de ser novedad y la economía vuelve a depender, como siempre, de inversión, empleo y confianza.

La campaña, previsiblemente, se presentará como un plebiscito sobre cuestiones muy distintas: bloques, alianzas, liderazgos, vetos cruzados. Es normal que ocurra. Pero debajo de esa capa más visible hay una agenda económica bastante clara, y además urgente. España llega a las elecciones creciendo más que buena parte de Europa y con un mercado laboral que ha aguantado mejor de lo que muchos esperaban. Sería un error negar esos avances. Pero también llega con los Presupuestos de 2023 camino de una cuarta prórroga, con una deuda pública que sigue alrededor del cien por cien del PIB y con una AIReF que ha advertido de un crecimiento del gasto neto muy por encima del compromiso incluido en el plan fiscal de medio plazo. Es decir, llegamos con buenos datos de ciclo y con malas inercias de estructura.

El primer gran asunto será, inevitablemente, el fiscal. No porque entusiasme al votante medio hablar de déficit, reglas de gasto o sostenibilidad de deuda, sino porque casi todas las demás promesas dependen de ello. Durante años se ha instalado una idea cómoda: que España puede aumentar gasto, bajar algunos impuestos selectivos, prorrogar ayudas, financiar nuevos derechos sociales y posponer cualquier ajuste serio porque el crecimiento nominal, la inflación y el BCE terminarán haciendo el trabajo sucio. Esa etapa se está agotando. La deuda no está en niveles de emergencia inmediata, pero tampoco permite frivolidades. El Banco de España situaba la ratio de deuda de las Administraciones Públicas en el 101,4 por ciento del PIB en el segundo trimestre de 2026, y la Comisión Europea preveía todavía déficits del 2,4 por ciento en 2026 y del 2,0 por ciento en 2027.

Desde una perspectiva razonable, la respuesta no debería ser una austeridad de manual aplicada con brocha gorda, sino algo bastante más exigente: volver a distinguir entre gasto que compra futuro y gasto que compra tiempo. España necesita inversión pública bien seleccionada, infraestructuras útiles, digitalización administrativa, justicia más rápida, formación profesional que funcione y redes energéticas capaces de sostener una mayor electrificación e industria de futuro. Lo que no puede permitirse es seguir acumulando gasto corriente sin evaluación, programas que se eternizan por inercia y una cultura presupuestaria en la que cada partida adquiere rango casi constitucional una vez aprobada. La disciplina fiscal, bien entendida, no es un fetiche contable ni una concesión a Bruselas. Es la condición para que el Estado pueda actuar con fuerza cuando llegue la próxima crisis.

El segundo asunto será la vivienda, seguramente el más emocional y el más transversal de la campaña. No hay problema económico que afecte de forma más directa a la vida cotidiana de los jóvenes, a la movilidad laboral, a la formación de hogares y a la percepción de justicia intergeneracional. España ha convertido el acceso a la vivienda en una carrera cada vez más absurda entre salarios que crecen poco, alquileres que crecen demasiado y una oferta que no responde ni en volumen ni en velocidad. Los decretos de vivienda han sido, de hecho, uno de los detonantes políticos del adelanto electoral, y el propio debate público de las últimas semanas muestra hasta qué punto el asunto ha dejado de ser sectorial para convertirse en cuestión central de país.

Aquí creo que hay una vía de solución particularmente clara: el problema de la vivienda no se resuelve declarando la guerra al propietario ni fingiendo que los precios se pueden ordenar por decreto sin consecuencias. Se resuelve aumentando oferta, acelerando licencias, movilizando suelo, reduciendo incertidumbre regulatoria, dando seguridad jurídica al alquiler y utilizando colaboración público-privada para producir vivienda asequible a escala. Habrá que proteger a los vulnerables, por supuesto, pero sin convertir esa protección en un sistema que reduzca aún más la oferta disponible. Si a un mercado ya tensionado se le añade inseguridad, cambios de reglas permanentes y rentabilidades artificialmente comprimidas, el resultado no suele ser más vivienda barata, sino menos vivienda en alquiler, más selección informal de inquilinos y más economía sumergida. La política pública debe proteger al inquilino vulnerable, pero también entender que sin propietario, promotor, financiación y suelo, no hay vivienda que repartir.

El tercer gran tema será el empleo, aunque quizá no en los términos habituales. España ya no puede conformarse con celebrar creación de empleo sin preguntarse qué tipo de empleo, con qué productividad y con qué salarios reales. La temporalidad ha mejorado respecto a etapas anteriores y el mercado laboral ha mostrado una resistencia indudable, pero seguimos con una tasa de paro estructuralmente alta para estándares europeos y con un problema de productividad que no se corrige solo con más afiliados. Las proyecciones del Banco de España publicadas a comienzos de 2026 situaban la tasa de paro todavía cerca del diez por ciento en el horizonte de previsión, una cifra que en casi cualquier economía comparable sería tratada como una anomalía grave y no como una especie de paisaje inevitable.

El debate laboral debería abandonar dos reflejos simétricos. El primero es pensar que todo se arregla encareciendo el despido o elevando costes laborales por norma, como si las empresas fueran una fuente inagotable de margen. El segundo es creer que la flexibilidad por sí sola basta para crear buenos empleos. Lo que España necesita es una combinación menos ideológica y más seria: reducir trabas a la contratación, simplificar modalidades, mejorar incentivos para trabajar y crecer, conectar formación con demanda real de empresas y permitir que los salarios suban porque sube la productividad, no solo porque lo ordena el BOE. El salario mínimo puede tener sentido como suelo, pero no puede ser la política de productividad de un país.

El cuarto asunto será la fiscalidad, aunque probablemente se disfrace de otras palabras. Se hablará de justicia tributaria, de presión fiscal, de beneficios récord, de rentas altas, de autónomos y de empresas. Debajo de todo ello hay una pregunta sencilla: si queremos que España invierta más, innove más y genere empresas más grandes, ¿tiene sentido seguir tratando al capital, al ahorro y al crecimiento empresarial como sospechosos habituales? Un país con empresas pequeñas, baja productividad y dificultad para escalar no debería diseñar su sistema fiscal pensando solo en recaudar más hoy, sino en no matar la base que necesita para recaudar dentro de diez años.

Todo ello no implica negar la necesidad de financiar servicios públicos, ni convertir cualquier impuesto en una agresión. Implica pedir estabilidad, neutralidad y simplicidad. Menos ocurrencias tributarias, menos figuras temporales que se vuelven permanentes, menos cambios retroactivos y más atención a los incentivos. España necesita recaudar bien, pero también necesita que invertir, ahorrar, contratar y crecer sea más fácil. Cuando la política fiscal se utiliza como instrumento permanente de señalización moral y política, se termina generando justo lo contrario de lo que se promete: menos inversión, más planificación defensiva y mayor actividad empresarial dedicada a sortear incertidumbre y la voracidad fiscal en lugar de a generar valor.

El quinto asunto, inevitable aunque incómodo, será el sistema de pensiones y el envejecimiento. No siempre aparecerá en campaña con la crudeza que merece, porque ningún partido tiene grandes incentivos a explicar malas noticias a un electorado envejecido. Pero el problema existe. España ha elegido proteger de forma muy intensa las rentas de los pensionistas actuales, y eso puede ser socialmente comprensible después de décadas de cotización, pero genera tensiones crecientes sobre jóvenes, trabajadores y empresas. La cuestión no es enfrentar generaciones, sino reconocer que un sistema de reparto necesita una base de cotizantes suficiente, salarios más altos y reglas que no descarguen todo el ajuste sobre quienes todavía no votaban cuando se tomaron muchas de las decisiones actuales.

Desde mi perspectiva, y como he tratado de explicar en ocasiones anteriores, la reforma razonable pasa por tres ideas principales. Primera, transparencia actuarial: que cada ciudadano entienda qué aporta, qué puede esperar y qué coste tiene cada promesa. Segunda, compatibilizar mejor trabajo y jubilación, porque vivir más años debería permitir trayectorias laborales más flexibles y no una frontera rígida entre actividad y retiro. Tercera, fomentar ahorro complementario de verdad, no como sustituto abrupto del sistema público, sino como colchón adicional que reduzca presión futura. La libertad económica también consiste en no obligar a cada generación a financiar promesas que nadie se atrevió a presupuestar con honestidad.

El sexto asunto de debate en el área económica girará, muy probablemente, en torno a la energía e industria. La guerra de Ucrania, la crisis de precios del petróleo y el gas y la competencia global por atraer inversión verde han demostrado que la política energética ya no es un asunto técnico reservado a reguladores. Es política industrial, política exterior y política social al mismo tiempo. España tiene ventajas evidentes en renovables, red gasista, potencial de electrificación y suelo para proyectos, pero también arrastra problemas de permisos, congestión de redes, incertidumbre regulatoria y lentitud administrativa. En un mundo donde la energía barata y limpia puede convertirse en una ventaja competitiva decisiva, perder proyectos por tramitación, inseguridad jurídica o falta de redes sería una forma especialmente absurda de empobrecimiento voluntario.

Una política energética razonable no requiere necesariamente eliminar al regulador de la ecuación: siendo realistas la energía requiere planificación de redes, señales de precio, estabilidad regulatoria y mercados que funcionen. Pero sí exige desconfiar de la tentación de convertir cada proyecto en una batalla administrativa interminable o cada precio en una decisión política. Si queremos industria, centros de datos, almacenamiento en baterías utility scale, hidrógeno, electrificación y descarbonización real, harán falta inversión privada masiva y un Estado capaz de habilitar, no solo de condicionar. La transición energética no se financiará con comunicados, sino con capital que exige estabilidad y reglas claras durante décadas.

El séptimo asunto será la productividad, pero del Estado. Se habla mucho de productividad empresarial y menos de productividad administrativa, cuando buena parte de los cuellos de botella de España nacen ahí: justicia lenta, licencias que tardan demasiado, compras públicas complejas, duplicidades entre administraciones, expedientes que consumen meses y una digitalización que muchas veces cambia el formulario en papel por un formulario en PDF sin alterar el fondo del problema. Para una economía europea de mercado, esta debería ser una prioridad central. No porque el Estado sea irrelevante, sino precisamente porque importa demasiado como para funcionar mal.

La reforma administrativa no suele ganar elecciones porque no cabe en un eslogan, pero quizá sea una de las palancas más potentes para mejorar el crecimiento potencial sin gastar el poco (si alguno) colchón fiscal que tenemos. Reducir plazos judiciales, profesionalizar reguladores, evaluar políticas públicas, eliminar licencias innecesarias, interoperar bases de datos, simplificar normativa autonómica y local. Todo eso suena aburrido hasta que uno calcula cuánto capital se queda parado por cada permiso que no llega, cuántas empresas no crecen por miedo al laberinto regulatorio o cuántas inversiones se van a otro país porque allí alguien contesta antes.

El octavo asunto será Europa. No como bandera retórica, sino como marco de restricciones y oportunidades. España seguirá dependiendo de reglas fiscales europeas, fondos comunitarios, política monetaria del BCE, objetivos climáticos, mercado interior y acuerdos comerciales. La pregunta económica relevante es si vamos a utilizar Europa como excusa o como palanca. Excusa para decir que Bruselas impone ajustes cuando conviene políticamente, o palanca para modernizar administración, atraer inversión, defender mercado único de verdad y participar en los debates donde se decidirán las políticas estratégicas que marcarán el rumbo de la economía de la UE las próximas décadas. Una visión liberal debería ser europeísta en lo económico no por romanticismo, sino porque para una economía como la española el mercado único es una de las mayores fuentes de crecimiento disponibles.

Todo esto deja una campaña más interesante de lo que parece. Es posible que el debate público se llene de ruido identitario, reproches personales y cálculos de pactos. Pero debajo habrá una pregunta económica bastante concreta: si España quiere seguir creciendo por inercia demográfica, turismo y gasto público, o si quiere construir un modelo más productivo, más abierto y más capaz de sostener salarios altos sin vivir siempre pendiente de la próxima prórroga presupuestaria. La diferencia no es menor. Lo primero puede funcionar durante un tiempo. Lo segundo exige reformas, prioridades y asumir costes políticos.

Desde mi perspectiva, la respuesta pasa por recuperar una idea muy simple que en España a menudo se olvida: la prosperidad no se decreta, se incentiva. Se incentiva cuando las reglas son estables, cuando los impuestos no castigan sistemáticamente la inversión, cuando el Estado evalúa lo que gasta, cuando la vivienda se construye no por decreto sino por incentivos del mercado, cuando trabajar compensa, cuando crecer no convierte a una empresa en rehén de más burocracia y cuando la política entiende que el sector privado no es una vaca a ordeñar ni un enemigo a vigilar, sino el lugar donde se crea la mayor parte de la riqueza que después queremos repartir.

Las elecciones del 29 de noviembre no resolverán por sí solas ninguno de estos problemas. Ninguna urna construye viviendas, mejora la productividad o reduce deuda al día siguiente. Pero sí pueden decidir el marco mental con el que se abordarán los próximos años. Y ahí está la clave. España no necesita elegir entre un Estado ausente y un Estado que promete cubrirlo todo aunque no sepa cómo pagarlo. Necesita un Estado más serio, más limitado en lo que no debe hacer y mucho más eficaz en lo que sí debe hacer. Menos inclinación a intervenir cada precio y más obsesión por que funcionen los mercados. Menos gasto por reflejo y más inversión con retorno. Menos sospecha hacia quien emprende y más exigencia hacia quien regula.

Quizá esa sea la verdadera agenda económica del 29N: decidir si seguimos administrando inercias o empezamos a corregirlas. Porque España ha demostrado muchas veces que puede crecer si se le permite.

Author: Álvaro Martín