La impunidad intelectual de los burócratas europeos

El prestigioso economista señor Inmataran decidió aprovechar sus conocimientos para abrir un fondo de inversión para compartir con todos los interesados los posibles beneficios de su sabiduría. Y acudieron muchos inversores al reclamo, no en vano prometía rentabilidades mínimas del 30% anual. Entre otros muchos, otro reconocido economista, el doctor Tomavalle, buen amigo de Inmataran, quien aportó la nada desdeñable cantidad de 100.000 euros, y procedió a frotarse las manos.

El año transcurrió y llegó la presentación de cuentas. La inquietud de los partícipes quedo atemperada en cuanto vieron entrar al señor Inmataran con una sonrisa de oreja a oreja y los ojos brillantes, claros augurios de que el ejercicio había ido bien. ¿Se habría superado el increíble umbral comprometido del 30%?

Como era de esperar, ante el reclamo de la sabiduría del señor, el fondo había recaudado aportaciones por 10 Millones de Euro. Y, tachán, el fondo se había revalorizado durante el año en curso en, ni más ni menos que 300.000 euros, con lo que quedaban cumplidos los objetivos planteados. Inmataran levantó la cabeza esperando la explosión de aplausos, pero en la sala solo había bocas abiertas y miradas de incredulidad. Claro, los partícipes habían hecho las cuentas, y la rentabilidad calculada era un 3%, muy lejos del 30% prometido.

Ante las cuestiones de la sala, Inmataran, sin perder ni un momento la compostura, tiró de sus conocimientos económicos para explicar a los inexpertos inversores lo que pasaba. Y es que de las aportaciones que habían hecho, el 90% iban a un concepto llamado fondo de comercio, que es algo intangible y realmente no es nada. Por tanto, solo había que contar para calcular la rentabilidad lo que habían invertido en cosas tangibles y útiles, y efectivamente, sobre su inversión menos el fondo de comercio, la rentabilidad era el 30% prometido. A modo de ejemplo, de la inversión de 100.000 euros del señor Tomavalle, 90.000 eran fondo de comercio, por lo que los 3.000 euros que le tocaban de incremento de valor suponían un 30% de la aportación tangible de 10.000 euros que había hecho.

Incomprensiblemente para el señor Inmataran, todos los partícipes abandonaron la sala indignados e incluso se dieron episodios de cierta violencia. ¿Todos? No. En una esquina permanecía sentado y feliz el doctor Tomavalle, que, como buen economista, había entendido perfectamente la explicación de su colega, y estaba satisfecho con la rentabilidad de su inversión. Los dos economistas comentaron brevemente la falta de una mínima cultura sobre economía, y desearon que solo se permitiera invertir a quinees tuvieran dicho conocimiento. Tampoco hacía falta que la gente fuera tan expertos y sabios como ellos, pero así se evitarían episodios tan bochornosos como el vivido. Tras esto, se despidieron, y el señor Inmataran se fue a continuar la gestión de su fondo de inversión, ahora reducido a los 103.000 euros que valía la aportación del Dr. Tomavalle, el único de los inversores que sabía economía.

¿A alguien le parece verosímil esta historia? Supongo que a nadie, pero tiene visos de verosimilitud para quien haya seguido el debate suscitado gracias a un artículo escrito por el alter-ego en la realidad de uno de los protagonistas de mi historia, y en él que hizo su aportación el alter-ego del otro.

Antes de seguir, es necesario explicar brevemente el fondo de comercio no es más que un concepto contable, sin base real como explicaba Inmataran a sus inversores, que aparece cuando una empresa adquiere los activos de otra. Dado que el precio pagado por el comprador normalmente no coincide con el valor contable de dichos activos, para que los balances cuadren, tiene que aparecer una partida en la contabilidad que recoja la diferencia entre dicho valor contable (“fair”) y el valor pagado. Esta partida es el fondo de comercio, o “Goodwill” en inglés.

Ejemplo sencillo: una empresa tiene un inmueble contabilizado por su precio de adquisición de 50.000 euros. Una segunda empresa compra la primera, de tal forma que ese inmueble concreto se valora en 80.000 euros. Al transferirse contablemente los activos de la empresa adquirida al balance de la adquiriente, el inmueble queda por los 50.000 euros. Los otros 30.000 se tienen que apuntar en algún sitio, y así aparece el fondo de comercio.

El fondo de comercio no tiene ningún reflejo físico, solo aparece por diferencias de valoración de bienes respecto a la contabilidad, algo que sucede constantemente en la realidad, empezando en la propia adquisición del bien, pues todos sabemos por teoría económica que el mero acto de compra revela que el bien adquirido es más valorado que el precio que pagamos por él, sino no se compraría. O sea, que con cada compra de la empresa aparece en realidad un “fondo de comercio”, que solo se autoriza a contabilizar cuando se materializa, típicamente por la venta de la empresa a un tercero.

Lo que está claro es que la inversión se ha hecho entera, aunque una parte se contabilice como fondo de comercio y no tenga reflejo físico. Y los inversores y accionistas esperan rentabilidad por toda su aportación, con independencia de cómo se refleje contablemente.

De aquí surge la indignación de los partícipes en el fondo del señor Inmataran. Y esto es lo que revela la ignorancia de los dos economistas de la historia, cuyos alter-egos en la realidad han defendido sin sonrojo que la rentabilidad de las empresas de telecomunicaciones no tendría que considerar el fondo de comercio[1], todos ello para justificar las actuaciones de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, de la que forman o han formado parte, y decisiones sobre las que empieza a haber consenso de que han llevado a la ruina a un sector económico otrora boyante.

Y por fin llego a donde quería llegar: errar es humano, aunque lo hagan los endiosados burócratas de la Comisión Europea. Es más, se les puede hasta dar un voto de confianza y asumir que actuaron honestamente (aunque esto me costaría más admitirlo, habida cuenta de otras afirmaciones vertidas en el artículo).

Pero lo que no es de recibo es que sean inmunes ante sus errores intelectuales. Un error de este calado tendría repercusiones para cualquier empleado a sueldo de una empresa privada. Pero nada de eso ocurrirá con los cinco firmantes del artículo, que firman con sus cargos en la Comisión Europea, para a continuación afirmar sin pudor que las escritas son sus opiniones y no las del organismo burocrático al que explicitan sin embarazo pertenecer.

Está claro que quieren beneficiarse de su cargo para obtener una atención a su artículo que de otra forma no conseguirían, pero sin pagar el precio de sus posibles errores. Es más, esto sirve para amedrentar a los posibles refutadores de su informe, los operadores de telecomunicaciones, que saben que les puede llegar el turno de negociar con esos mismos tipos una posible operación de consolidación.

Evidentemente, ningún inversor racional pondría su dinero en manos del señor Inmataran o del señor Tomavalle, pero los ciudadanos europeos les hemos puesto en las manos algo que afecta a muchísimos inversores más y a nuestro bienestar futuro. Les hemos dado además, por lo que se ve, impunidad intelectual, gracias a la que podrán seguir profiriendo las tonterías más absurdas en defensa de sus decisiones sin que el resto de los humanos nos atrevamos a rebatirles, ni siquiera en casos tan flagrantes como el que acabo de describir. Y se quedarán “gestionando nuestro bienestar”, porque los ciudadanos europeos no tenemos la posibilidad de retirar nuestros fondos, que sí tenían los partícipes de mi historia.

[1] Ver aquí https://cepr.org/voxeu/columns/analysis-eu-telecom-sectors-ability-remunerate-its-cost-capital

Author: Fernando Herrera