La vivienda: datos, incentivos y diagnósticos incompletos

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Tras las recientes movilizaciones convocadas por organizaciones de inquilinos, el problema de la vivienda ha vuelto a ocupar una posición central en el debate público. Una de las explicaciones más repetidas atribuye buena parte del aumento de los precios a la especulación, la acumulación de vivienda y el comportamiento de los grandes propietarios.

Sin embargo, reducir un problema tan complejo a la voluntad de unos actores concretos puede ocultar una cuestión más fundamental: ¿qué incentivos hemos creado para construir, rehabilitar, alquilar y poner vivienda en el mercado?

En este artículo trataré de analizar algunos de los mecanismos que ayudan a explicar el problema de la vivienda en España y qué cambios podrían contribuir a aumentar la oferta y mejorar el acceso a ella.

El precio de la vivienda en España viene subiendo desde que tocara suelo en torno a 2012. Al mismo tiempo, la construcción de vivienda nueva sigue muy lejos de los niveles anteriores a la crisis financiera. Con los visados de obra nueva como referencia, España pasó de 865.561 viviendas en 2006 a apenas 34.288 en 2013; en 2024, pese a la recuperación posterior, la cifra se situaba todavía en 127.721.

Se argumenta a veces que construir más vivienda no resolvería por sí solo el problema porque en 2006 se construía mucho más y los precios también aumentaban. El dato es cierto, pero el contexto era distinto. El coste de financiación importa: el Euríbor a doce meses promedió un 2,33 % en 2005, un 3,44 % en 2006 y un 4,45 % en 2007. Un menor coste del crédito aumenta, manteniendo constantes otros factores, la capacidad de endeudamiento y puede alimentar la demanda de activos como la vivienda.

¿Por qué aumentan los precios?

Otra explicación frecuente atribuye el aumento del precio del alquiler o de la compraventa a la especulación, la acumulación de inmuebles o la decisión de mantener deliberadamente viviendas fuera del mercado.

Sin embargo, un precio de mercado no puede sostenerse en un determinado nivel únicamente porque uno o varios propietarios lo deseen. Cuando existe abundante oferta respecto de la demanda, los propietarios compiten también mediante el precio. Cuando ocurre lo contrario y muchas personas compiten por pocas viviendas, aumenta la capacidad del propietario para elegir entre distintas ofertas.

Si viviendas equivalentes se alquilan por 500 euros, ofrecer una por 2.000 difícilmente permitirá encontrar inquilino. Si sucede lo contrario y una vivienda se ofrece por 500 cuando alternativas semejantes alcanzan los 2.000, aparecerán numerosos interesados y el propietario tendrá incentivos para aproximarse al precio que el mercado está dispuesto a pagar.

También conviene observar cómo está distribuida la propiedad. Según el Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, en la ciudad los propietarios con una sola vivienda alquilada representan el 70,7 % de los titulares y poseen el 33,4 % del parque; los propietarios de entre dos y cuatro viviendas poseen otro 21,9 %; y quienes tienen cinco o más representan el 7,5 % de los propietarios y concentran el 44,7 % de las viviendas alquiladas.

Existe, por tanto, una concentración relevante en la parte alta de la distribución, pero eso no equivale a que el parque de alquiler esté exclusivamente en manos de grandes tenedores: los propietarios con menos de cinco viviendas poseen conjuntamente el 55,3 % del parque de alquiler de Barcelona. La estructura es más compleja que una división entre grandes propietarios y el resto.

Otro argumento recurrente es que existe un importante volumen de viviendas retiradas deliberadamente del mercado. Los datos aconsejan cautela. Madrid contabilizaba 178.377 viviendas vacías en el censo de 2001 y el Ayuntamiento recoge una estimación del INE de 97.178 para 2021.

En Barcelona, el Censo de 2021 identificó 75.476 viviendas con consumos energéticos compatibles con la definición estadística de vivienda vacía, alrededor del 9,3 % del parque. Sin embargo, un censo municipal basado en cruces de registros y comprobaciones presenciales identificó 10.052 viviendas vacías, apenas el 1,22 %. Las enormes diferencias entre metodologías muestran lo difícil que resulta medir este fenómeno.

Estos datos no permiten concluir que la vivienda vacía o la concentración de la propiedad sean irrelevantes. Sí aconsejan prudencia antes de utilizarlas como explicación principal de las tensiones de precios.

Entonces, ¿qué está presionando actualmente los precios al alza?

Una variable fundamental es la formación de hogares. España pasó de 18,82 millones de hogares a comienzos de 2022 a 19,87 millones en julio de 2026: aproximadamente 1,05 millones de hogares adicionales. Solo entre julio de 2025 y julio de 2026 el aumento fue de unas 239.000 unidades.

Este crecimiento se produce en un contexto de fuerte aumento demográfico. España alcanzó los 49,8 millones de habitantes en julio de 2026, 444.205 más que un año antes, y el INE señala que el crecimiento se explica por el aumento de la población nacida en el extranjero, mientras disminuye la nacida en España.

El problema aparece cuando la producción de vivienda no acompaña ese crecimiento. El Banco de España estima que entre 2022 y 2024 se acumuló un déficit de 400.000–450.000 viviendas entre creación neta de hogares y viviendas terminadas. El 50 % se concentró en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga.

Tenemos, por tanto, una demanda residencial creciente enfrentándose a una oferta relativamente rígida. La propia OCDE identifica esta combinación de aumento de demanda y cuellos de botella de oferta como uno de los principales problemas estructurales del mercado español.

¿Por qué la oferta no responde?

Una parte de la respuesta está en el suelo y los procedimientos urbanísticos. La CNMC concluyó en 2026 que España se encuentra entre los países del entorno OCDE con una regulación del uso del suelo más restrictiva y señala problemas de complejidad normativa, rigidez, lentitud, redundancias y coordinación administrativa.

Transformar suelo hasta poder edificar suele requerir entre 10 y 15 años y puede llegar a 20. Solo el planeamiento urbanístico puede consumir entre siete y once años, seguido de otros dos a cinco años de gestión y urbanización antes de llegar propiamente a la edificación.

Pero la regulación no explica por sí sola la limitada respuesta de la oferta. La construcción también afronta escasez de trabajadores, menor productividad y mayores costes. El Banco de España ha señalado estos problemas como obstáculos para aumentar rápidamente la producción residencial, mientras que la OCDE identifica también los costes de materiales y trabajo, la falta de mano de obra y la incertidumbre regulatoria como factores que reducen la viabilidad de determinados proyectos.

Todo ello importa porque una promoción exige comprometer capital durante años antes de obtener ingresos. Cuanto mayores sean los plazos, los costes y la incertidumbre, mayor será el riesgo esperado. Capital, trabajadores y capacidad empresarial son recursos escasos y tenderán a desplazarse hacia aquellas actividades en las que encuentren una combinación más atractiva de rentabilidad y riesgo.

¿Qué podemos hacer?

Una primera línea de actuación pasa por facilitar que la oferta pueda responder con mayor rapidez. La OCDE propone agilizar y digitalizar los procedimientos de desarrollo de suelo y permisos, mientras que la CNMC plantea simplificar procesos, reducir duplicidades, mejorar la coordinación y flexibilizar el planeamiento manteniendo las garantías necesarias.

A mi juicio, debería plantearse, además, una mayor descentralización de determinadas decisiones de vivienda y urbanismo, acercándolas a administraciones autonómicas y locales cuando resulte adecuado. Esta propuesta es distinta de las recomendaciones anteriores y exigiría, precisamente, mecanismos que eviten que una mayor descentralización genere más duplicidades o problemas de coordinación.

Si queremos que la población pueda seguir concentrándose en las grandes capitales, también debemos replantearnos restricciones como la altura, la edificabilidad o determinados usos del suelo allí donde las infraestructuras permitan asumir una mayor densidad. Si cada vez más personas quieren vivir en el mismo espacio, existe inevitablemente una limitación física. Incrementar la capacidad residencial puede aliviarla, aunque no considero que esa deba ser la única respuesta a largo plazo.

En el medio y largo plazo existe otra posibilidad: conseguir que una mayor parte del territorio pueda competir por atraer actividad económica y población. El Estado podría incentivar que empresas trasladasen o ampliasen su actividad hacia zonas menos densamente pobladas mediante incentivos fiscales y otras condiciones favorables a la inversión.

El mecanismo sería progresivo: primero aparece actividad empresarial; posteriormente, empleo y demanda local; después, incentivos para construir vivienda y desarrollar servicios; y, finalmente, esas zonas pueden convertirse en alternativas reales para quienes buscan desarrollar allí un proyecto de vida.

No se trataría simplemente de trasladar población desde Madrid o Barcelona hacia territorios despoblados, sino de conseguir que más ciudades y municipios puedan competir por atraer empresas, trabajadores e inversión.

En definitiva, estimular únicamente la capacidad de compra en un mercado cuya oferta apenas puede reaccionar puede trasladar parte de ese estímulo a los precios. Si una parte importante del problema está en la oferta, las políticas deberían considerar también los incentivos que determinan que construir, rehabilitar o poner una vivienda en el mercado resulte viable.

Esto pasa por facilitar la respuesta del sector privado cuando exista demanda, mientras que el sector público puede concentrar recursos en aquellos ámbitos donde el mercado no proporcione por sí solo una respuesta suficiente y donde el coste de no intervenir sea mayor.

El problema de la vivienda no responde a una única causa ni puede solucionarse mediante una única medida. Mientras la formación de hogares avance por encima de la capacidad de producir vivienda, seguirá existiendo presión sobre el mercado.

El objetivo debería ser cambiar los incentivos: facilitar la construcción allí donde existe demanda, aumentar la capacidad productiva del sector y conseguir que nuevos territorios puedan competir por atraer empresas, trabajadores y población. La vivienda no necesita tanto encontrar culpables como conseguir que ofrecer una vivienda adicional resulte posible y económicamente viable.

Referencias
  • Instituto Nacional de Estadística (INE). Índice de Precios de Vivienda (IPV). Base 2025. Segundo trimestre de 2026. Publicado el 7 de septiembre de 2026. Es la referencia para la evolución reciente del precio de la vivienda.
  • Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín especial sobre Rehabilitación 2025, tabla 2.12. Contiene la serie de visados de obra nueva: 865.561 viviendas en 2006, 34.288 en 2013 y 127.721 en 2024.
  • Banco Central Europeo / Banco de España. Boletín Mensual, abril de 2008, tabla 4.6. Recoge las medias del Euríbor a doce meses: 2,33% en 2005, 3,44% en 2006 y 4,45% en 2007.
  • Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB). Estructura y concentración de la propiedad del parque de alquiler en la demarcación de Barcelona. 2023. Elaborado a partir del Registro de fianzas de INCASÒL. Fuente del 70,7%, 33,4%, 21,9% y 44,7% que se utiliza en el artículo.
  • Ayuntamiento de Madrid / INE. Censos de Población y Vivienda. El Censo de 2001 contabiliza 178.377 viviendas desocupadas en Madrid; el Censo de 2021 sitúa en el 6,3% el porcentaje de viviendas vacías de la capital.
  • Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Viviendas 2021. Resultados sobre hogares y viviendas. La metodología basada en intensidad de consumo eléctrico sitúa la vivienda vacía en Barcelona en el 9,3% del parque.
  • Ajuntament de Barcelona. Censo de viviendas vacías. Trabajo realizado entre 2016 y febrero de 2019, con 103.864 viviendas visitadas y una estimación de 10.052 viviendas vacías, alrededor del 1,2% del parque.
  • Instituto Nacional de Estadística. Estadística Continua de Población. 1 de julio de 2026. Fuente de los 49,8 millones de habitantes, la evolución de la población nacida en el extranjero y los 19.874.860 hogares.
  • Banco de España. Presentación del Informe Anual ante el Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2025. Estima entre 2022 y 2024 un déficit de 400.000–450.000 viviendas entre viviendas terminadas y creación de hogares y señala que el 50% se concentra en Madrid, Barcelona, València, Alicante y Málaga.
  • Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Estudio sobre suelo y vivienda, 2026. Analiza la rigidez y complejidad del planeamiento y estima que la transformación del suelo puede requerir normalmente 10–15 años, llegando en algunos casos a 20.
  • Banco de España. Informe Anual 2025, publicado el 18 de junio de 2026. Fuente de los datos y análisis relativos a escasez de mano de obra, costes y capacidad productiva del sector de la construcción y de por qué la oferta responde lentamente.
  • OCDE. OECD Economic Surveys: Spain 2025. Identifica como problemas del mercado español el crecimiento de la demanda, la limitada disponibilidad efectiva de suelo edificable en zonas tensionadas, los lentos procedimientos administrativos, la escasez de trabajadores, costes y debilidad de los incentivos para aumentar determinada oferta de vivienda.

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