Pedro Sánchez y los límites al poder

Sánchez ha demostrado que se necesita un cambio de sistema, no solo de gobierno. Y es que estos años han servido para volver a enseñar que las libertades individuales son débiles ante un Estado que cada día crece más y que puede ser dominado por personas que tienen nulo respeto a ellas.

Todos podemos tener una opinión de Sánchez, pero es importante saber, sobre todo para aquellos que defienden las instituciones, que el presidente ha hecho uso de las normas establecidas para jugar con ellas a su favor, aunque sea tensándolas. Y esto no es de extrañar, porque el arte de la política está en convertir a las masas en tu favor utilizando cualquier medio, siendo el Estado la mejor herramienta para ello. Cierto es que algunas cosas que ha hecho han sido anuladas o perseguidas por las instituciones que se han tratado de mantener independientes, sin embargo, otras muchas que nos han sorprendido y han sido reprochadas, se han realizado de acuerdo a la ley, y a veces aprovechando vacíos de esta, que son claramente fallos del sistema. Porque un Estado que no está preparado para que una persona del perfil de Sánchez llegue al poder y lo utilice contra la gente es un Estado mal diseñado.

No podemos esperar que los políticos sean buenas personas siempre, de hecho, me atrevo a decir que debemos pensar que son malas personas a no ser que demuestren lo contrario. Para llegar a la escala política de Sánchez o muchos de los que se encuentran en el Congreso de los Diputados, es necesario en muchas ocasiones haber traicionado a tus compañeros de viaje, mentir, manipular a la población y en muchos casos verla solo como números ante unas elecciones. Y esa concepción y respeto a la gente que se tiene dentro de la política, luego se puede trasladar a la manera de gobernar, empleando las instituciones en pro de uno mismo y corrompiendo a quienes las componen, porque no olvidemos que el Estado no es algo abstracto, sino una serie de personas organizadas con intereses propios.

La amnistía

El relato político sobre la amnistía, era la mejora de la convivencia y el perdón tras el procés, pero los hechos políticos solo nos demuestran que era una herramienta para que Sánchez siguiera en el poder con los votos de Junts, realizando una ley a medida de Puigdemont y unas pocas personas. ¿La amnistía habría sido aprobada si no hubiera políticos que eran necesarios para la investidura con una orden de detención? Pues con casi total convencimiento, afirmo que no, pues el propio Sánchez se negaba a este acto mientras no lo necesitaba y distintos juristas lo veían imposible, de hecho, el TS dijo que la malversación no estaba incluida en ella

Dejando a un lado el hecho de que pueda ser una herramienta política, se podría pensar que la amnistía no ataca la libertad individual, sin embargo, sus consecuencias sí pueden hacerlo. Saltarse la igualdad ante la ley implica que para algunos, en un determinado contexto, no respetar la ley es obviado a cambio de un favor al gobierno, generando una distinción oportunista y discriminatoria de derechos y deberes.

Y el problema no es solo que se apruebe la amnistía, sino que el control de su constitucionalidad se realice por parte de un tribunal que es elegido por los partidos políticos,  y cuyos intereses pueden acabar respondiendo a los del gobernante,  demostrando nuevamente, que un tribunal como el Constitucional debe ser independiente. Las instituciones actuales permiten que se pueda secuestrar por parte del poder político, haciendo que aquellos que deben controlar que la legislación se ajuste a la norma suprema, en parte, son elegidos por los que deben ser controlados. Y es que nuestra libertad no puede depender solo de lo que ponga la Constitución; también debe haber instituciones que sean capaces por si mismas de protegerla ante el poder.

El COVID

La situación de la amnistía y su relación con el Tribunal Constitucional, me lleva a recordar la época de la pandemia sufrida bajo este gobierno. En aquel momento se produjeron graves vulneraciones de libertades que la ley no permitía, como el propio tribunal ha reconocido.

Podemos debatir si es legítimo que el Estado invada de manera tan intensa nuestra libertad en una situación de emergencia como aquella, pero no deberíamos debatir que se sigan los cauces legales habilitados para ello. La constitución habilita mediante el estado de excepción a imponer muchas de las restricciones que hubo,no obstante, se decidió aplicar el estado de alarma, con prórrogas contrarias a la ley y con acciones que sobrepasaban lo establecido.

Las instituciones en este caso funcionaron tarde, una vez se habían puesto sanciones y mucha gente no pudo hacer ejercicio de su libertad por miedo al castigo, y es que en casos como este, se debería reaccionar de manera inmediata ante tal vulneración de derechos. La aprobación del parlamento y un contexto como ese, no debe ser aceptado para saltarse los procedimientos establecidos, todo lo contrario, se debe estar con más cautela que nunca ante el poder, pues se pueden establecer precedentes muy peligrosos en el que a la población se le puede encerrar en sus casas, multar, perseguir y vulnerar sus derechos sin una garantía legal. No vale limitar las libertades y posteriormente preguntarse si los derechos fueron vulnerados.

Debemos exigir que el sistema sea revisado y preguntarnos por qué se permite que una serie de personas decidan sobre nuestras vidas bajo una ley que no es válida para esa situación, y la respuesta y defensa de derechos ante ella llegue tarde. Es muy fácil aludir a la emergencia para justificar algo así, pero si algo se ha demostrado los últimos años, es como la gente ha perdido la capacidad de defensa ante el poder. En situaciones de peligro para nuestra libertad, necesitamos las siguientes dos cosas: unas instituciones que puedan responder de manera inmediata ante las vulneraciones de derechos, y una ciudadanía que recupere su conciencia de defensa ante el poder y se asegure de que las instituciones funcionen correctamente y a tiempo.

Los contrapesos

Dentro de un sistema como el actual, necesitamos de unos contrapesos ante el poder. En teoría, la división de poderes debería servir para ello, pero en España esta división es bastante debatible.  Pedro Sánchez ha demostrado durante su gobierno, que si se ostenta el poder, se puede atacar y poner en peligro aquellas instituciones que en principio deberían regularlo.

El principal contrapeso al poder político debería ser la justicia, pero es difícil que este lo sea, cuando el Consejo General del Poder Judicial es elegido también por los partidos políticos. Otro contrapeso podría ser el Tribunal Constitucional, pero le ocurre lo mismo. Por lo que es bastante difícil confiar en que el poder sea limitado por aquellos que son elegidos por él. Puede haber excepciones, por supuesto, pero los procesos siempre serán más largos y se verán perjudicados por esta conexión y dependencia del poder judicial o el TC y el gobierno.

Si los contrapoderes del propio Estado tienen cierta dependencia del gobierno y poder político, la prensa o la ciudadanía deberían actuar como contrapoderes de manera más firme. Sin embargo, mediante subvenciones y amenazas se ha conseguido que la prensa en muchos casos guarde silencio además de que se ha tratado de regular las redes sociales, con la excusa de los bulos. Por otra parte, otra muestra de la amenaza de las libertades, se ha evidenciado con la expulsión de periodistas acreditados del Congreso solo porque su estilo e ideología no encajan con lo establecido. Y por parte de la ciudadanía, al estar desarmada, que el defensor del pueblo sea elegido por los políticos que pueden vulnerar los derechos del propio pueblo, que la policía dependa de manera directa del mandato político, y que se señale y persiga a aquel que critica al poder, se le ha dejado sin recursos para defenderse del poder.

Como final, el principal fallo del sistema español, es que parece estar diseñado consciente o inconscientemente con muchos grises y pensando en que siempre gobernarán personas honestas. Y un sistema que debe controlar a unas personas que acceden a tal poder como el del gobierno español, debe tener instituciones y ciudadanos que sepan responder ante las posibles agresiones de este. Pues el problema no está en quién gobierne, sino en que los límites que pueda encontrar a su poder sean insuficientes, ineficaces o poco claros, poniendo en peligro las libertades de la gente.

Sánchez ha demostrado que los límites al poder en España deben ser revisados, pues no solo él podría tensarlos e incluso saltárselos. Y esto último no es una cuestión de derechas contra izquierdas, sino de individuos contra Estado, cualquier gobernante siempre querrá tener más poder, y a más poder del gobernante menor es el del ciudadano.

Author: Octavio Palomar