Por qué hay que decir “no” al impuesto a los ultrarricos

Artículo publicado por Jesús Huerta de Soto, Premio Juan de Mariana, en el diario El País, el 4 de febrero de 2026. 

Se ha puesto de moda pensar que la desigualdad y la riqueza “extrema” comprometen la democracia, por lo que hay que elevar aún más la fiscalidad de las rentas altas y el patrimonio. La idea cala fácilmente en una ciudadanía agobiada por salarios reales que no crecen en sociedades esclerotizadas por el intervencionismo estatal y el exceso de regulación. Frente al eslogan fácil y la manipulación demagógica de que si “los de arriba” pagan más se refuerza el contrato social y se purifica la democracia, es obligación de todo buen economista plantear algunas preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿quién va a terminar pagando más, el rico de la caricatura o los trabajadores corrientes en forma de peores empleos y salarios futuros más reducidos? Y ¿qué efecto real tiene todo ello sobre la democracia?

Pues bien, la ciencia económica es terca: subir los impuestos a los ricos castiga el ahorro, la inversión, la innovación, la acumulación de capital y la creatividad empresarial, disminuyendo la productividad y los salarios reales de la mayoría. Y, simultáneamente, agranda todavía más el poder discrecional de los políticos para conceder privilegios y subvenciones a los grupos de interés y comprar los votos necesarios para mantenerse en el poder. Todo ello en perjuicio de la igualdad ante la ley que exige una democracia sana.

Supongamos dos trabajadores, uno de la India y otro norteamericano, mismas horas de trabajo y mismo esfuerzo. El primero trabaja con herramientas rudimentarias, riego y abono precarios; el segundo trabaja con un moderno tractor, y dispone de riego y abonos de última generación. ¿Quién gana un salario mucho más alto? Obviamente, el segundo, y ello se debe a que es mucho más productivo, y no a la regulación estatal ni al gasto público ni a la redistribución de la renta. Simplemente, se debe a la mayor cantidad y calidad de bienes de equipo capital que hacen mucho más productivo su trabajo. Por tanto, penalizar fiscalmente a quienes ahorran, acumulan, innovan e invierten precisamente en esos bienes de capital es la manera más segura de ralentizar y frenar el crecimiento de los salarios.

Hagamos algunos números: un impuesto sobre el patrimonio del 3,5% al año significa que, por ejemplo, después de 10 años, se evaporan más de un 40% de los bienes de capital que se hubieran podido acumular a disposición de los trabajadores, con un coste inmenso para ellos, en forma de incrementos de salario futuro dejados de percibir. Supongamos ahora que al final triunfa la demagogia y se expropian a don Amancio Ortega 80.000 millones de euros de su fortuna para repartirlos entre los 2.000 millones de pobres del mundo, que tocan a 40 euros por cabeza. Seriamente, ¿alguien puede decir que eso mejoraría la democracia? Porque el coste en términos de prosperidad, nivel de vida y cohesión social sería colosal: empresas cerradas o descapitalizadas, inversiones canceladas, innovaciones bloqueadas y, sobre todo, empleos destruidos y trabajos de peor calidad con salarios más bajos. A lo que hay que añadir el crecimiento elefantiásico del Estado, la burocracia y el clientelismo político. Porque cuanto mayor renta y riqueza detrae coactivamente el Estado y más discrecional es su poder, más esfuerzo e ingenio dedican los “buscadores de rentas” y subvenciones, y los grupos de presión para conseguir ventajas particulares corrompiendo (aún más) la democracia y el Estado de derecho. Y es que al incrementarse (solo a corto plazo) el botín a repartir en un contexto en el que se ralentiza el desarrollo económico, se fomentan y se hacen irresolubles los conflictos sociales en un entorno cada vez más polarizado que dificulta o imposibilita el funcionamiento normal de la democracia.

En suma, la fiscalidad “contra los ricos” perjudica gravemente a los trabajadores, y en especial a los más vulnerables, a la vez que anquilosa y corrompe (todavía más) la democracia. Por tanto, la receta a aplicar para revertir la crisis social y democrática de nuestro tiempo, que es consecuencia inevitable del virus del estatismo que nos afecta, es justo la contraria: impuestos bajos y simples, eliminación del gravamen al ahorro y patrimonio, seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada, desregulación generalizada y límites estrictos al gasto público que impidan que la casta política improductiva expolie, y reparta comprando votos, la riqueza de aquellos que la crean con su esfuerzo y audacia empresarial.

Author: Jesús Huerta de Soto