¿Se domará a la fiera autoritaria?
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La publicación casi simultánea de sendos informes de la Comisión Europea sobre la situación del Estado de derecho y el Instituto Juan de Mariana fijando un Índice de Seguridad Jurídica (ISJ) para los mismos países miembros de la Unión Europea[1], ha dejado constancia de la dificultad de mantener actualizados los indicadores relevantes ante cambios dramáticos.
En el caso español porque la sistemática acumulación de ataques y violaciones del ordenamiento jurídico cometidos articulan un proceso – que muchos hemos asimilado a un autogolpe de estado – en el que guardando inicialmente las formas democrático-liberales previstas en la Constitución española [ y el Derecho comunitario de la Unión Europea][2] se van asaltando con elementos incondicionales las instituciones de control (Tribunal Constitucional, CGPJ y puestos claves en los juzgados y tribunales, Tribunal de Cuentas, CNMV, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, etc) que servirían para impedir los progresivos desafueros hasta desembocar en una dictadura donde la mayoría de las decisiones de los poderes públicos se adoptan con el fin de satisfacer los deseos y caprichos de su caudillo. Que lo único claro sea el gobierno de una cleptocracia de geometría variable no debe sorprender en este contexto.
Esto no quiere decir que los partidos mayoritarios que se habían turnado en el gobierno de España durante casi cincuenta años no abusaran del poder cuando se presentó la ocasión. Bien es cierto que el PSOE, el partido dominante, el que se ha autoungido como amañador del paradigma político durante la mayor parte de este tiempo, se ha destacado por sus pulsiones autoritarias desde antes de obtener la gigantesca mayoría parlamentaria de las elecciones de octubre de 1982. Su espíritu más sectario, por otro lado, ha mantenido una impronta más abrasiva, frente a las reconfiguraciones de sus principales adversarios (UCD, AP, PP, Ciudadanos fugazmente).
Ahora bien, en línea de continuidad al golpe a la independencia judicial de 1985, con la instauración del sistema de elección parlamentaria de todos los vocales del CGPJ, desde los tiempos de José Luís Rodríguez Zapatero los dirigentes del PSOE han asumido como plausible la invasión de la potestad jurisdiccional de los jueces y tribunales en favor de un poder ejecutivo omnímodo que actúe por encima de la constitución y el derecho. Con argumentos similares a los empleados por la derecha populista polaca, el régimen turco de Erdogan o el partido Morena mexicano.
En este sentido, resulta extraordinariamente significativo que el gobierno español no haya traducido al español dos informes, publicados el 16 de abril de este año por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) del Consejo de Europa sobre el reiterado incumplimiento de sus recomendaciones para prevenir la corrupción: El primero, adoptado el 1 de diciembre de 2023, para prevenir la corrupción y promover la honradez de los altos cargos del Gobierno central y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) y el segundo, adoptado el 21 de junio de 2024, para prevenir la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales.
Esta demora en facilitar una traducción de dichos informes de seguimiento de recomendaciones anteriores del GRECO – a pesar de la petición expresa en ese sentido contenida en el punto final del segundo – se suma al escandaloso retraso en su publicación por la falta de autorización del gobierno, la cual fue, asimismo, denunciada en el acta de la sesión plenaria del GRECO, celebrada el 19 de marzo de 2025 (punto 37).
De ahí que convenga indicar que, debido a la relación de los estados con el grupo, los seguimientos se realizan de forma confidencial. No obstante, la vinculación de cada estado con el Consejo de Europa comporta un compromiso de autorizar la publicación de los correspondientes informes en un plazo razonable para conocimiento general.
Desde esta perspectiva, parece muy probable que el ejecutivo español considerase contraproducente airear su contenido para su estrategia de atrincheramiento en el poder. No en vano, habría coincidido con los estertores de los casos del Tito Berni, PSOE/gobierno (con dos secretarios de organización ya investigados en el Tribunal Supremo por una pluralidad de delitos, incluida la pertenencia a organización criminal) así como de Álvaro García Ortiz – aunque parezca mentira, fiscal general del Estado- Begoña Gómez Fernández y David Sánchez Pérez-Castejón, esposa y hermano del presidente del gobierno y secretario general del PSOE.
Por otro lado, yendo al fondo de las recomendaciones incumplidas, conviene reparar en la existencia de unos “cánones o estándares europeos”, asumidos tanto por el Consejo de Europa como por la Comisión Europea, respecto al reforzamiento de la autonomía del fiscal frente al poder político y, en aquellos países donde existe, un sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces en el que, al menos, la mitad de sus miembros sean elegidos por sus pares para garantizar la independencia judicial y la separación de poderes[3].
De forma disimulada o abierta, según le aconsejan las circunstancias y la audiencia a la que se dirige, el gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón se niega a aceptar las consecuencias de ese consenso europeo. Esto se puso de manifiesto en el pacto para la renovación del CGPJ, la reforma de la LOPJ y el Estatuto Fiscal, firmado por el Partido Popular y el gobierno/PSOE, bajo la “mediación” de la Comisión Europea en junio del pasado año. Uno de los apartados del referido acuerdo indicaba ambiguamente:
“(iii) se requiere al CGPJ que apruebe, por mayoría de tres quintos, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, que será trasladada al Gobierno y a las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación”.
Asimismo, su insidia va más allá cuando pretende colar la especie de que la atribución al fiscal de la instrucción criminal responde a una exigencia europea, cuando la Ley de Enjuiciamiento Criminal española actual se ajusta al requisito de separar al órgano instructor del juzgador en el procedimiento penal.
Llama la atención, por otro lado, que, tras varias advertencias anteriores sobre la conculcación de los estándares europeos para garantizar la independencia del sistema judicial a las que el gobierno hizo caso omiso, los comisarios competentes no instaran la incoación de los correspondientes expedientes de infracción o demandado al Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y que el gobierno español muestre cínicamente su “satisfacción” por el informe sobre el Estado de derecho 2025 que le recuerda algunos posibles incumplimientos totales o parciales de sus recomendaciones, incluida la posible autoamnistía con la Ley pactada con el fugado Carles Puigdemont Casamajó y su partido para obtener los votos suficientes en la última investidura.
De ahí que el empeño del ejecutivo en ocultar a la opinión pública las más claras admoniciones del GRECO deba denunciarse. No por casualidad se trata de incumplimientos en materia de prevenir la corrupción de los miembros del Parlamento, los jueces y los fiscales, reformar el sistema de selección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) según los cánones ya vistos, así como el incumplimiento parcial de la necesidad de establecer mayores garantías en relación con el refuerzo de la independencia, la transparencia y la autonomía del Ministerio Fiscal.
Notas
[1] Con independencia de que el informe de la Comisión Europea tenga un valor admonitorio, además del informativo.
[2] Que, a grandes rasgos, supone la existencia de un régimen de libertades, amparo de los derechos humanos fundamentales, igualdad ante la Ley, independencia judicial, separación de poderes y un gobierno con poder limitado, sustituible de forma pacífica por métodos democráticos.
[3] Fijados de forma nítida por la Recomendación CM/Rec (2010)12, de 17 de noviembre de 2010 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, la cual resulta compatible con la elección de 12 jueces miembros por sus compañeros de profesión, perfilada en el artículo 122.3 CE.
