Sobre el anarcocapitalismo (II): tamaño y grupos de presión
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En varias ocasiones me he referido en esta sección a la anarquía dentro del gobierno y a cómo esta es indispensable para el funcionamiento de un organismo complejo y de gran alcance como la Unión Europea. Basta con observar la gestión de la llamada transición energética para darnos cuenta de la falta de coherencia en las medidas adoptadas y de cómo cada unidad político-administrativa actúa por su cuenta y de acuerdo con sus propios intereses. No debería sorprendernos, dado que, desde el principio, los miembros de la Comisión son nombrados a propuesta de los gobiernos de cada país, los cuales representan una gran diversidad de colores políticos. Además, la presidencia de la Comisión funciona más como un primus inter pares que como un poder efectivo en sí mismo, pues el poder de los grandes Estados sigue siendo determinante.
Hay que reconocer, sin embargo, que la actual presidenta ha aprendido con el tiempo y ha desarrollado una gran capacidad de maniobra, logrando en muchas ocasiones que sus criterios sean tomados en cuenta.
Si volvemos a la transición energética, podemos observar un conjunto de medidas encaminadas a ese fin, como los impuestos a las emisiones de carbono en la industria, las restricciones a la movilidad o la fijación de fechas para la electrificación del parque automovilístico y el consiguiente abandono de los combustibles fósiles para dicho propósito. También vemos cuantiosas subvenciones a la generación eléctrica a partir de fuentes renovables y desde plantas nucleares, dado que esta última forma de generación ha sido considerada “verde”.
Sin embargo, al mismo tiempo, se están reabriendo minas de carbón en Alemania para su uso en plantas de generación eléctrica, debido a la suspensión de las compras de gas a Rusia tras su invasión de Ucrania.
Ahora se está discutiendo la suspensión de algunas de las medidas más polémicas, como las multas a las empresas automovilísticas por el exceso de emisiones, que podrían eludirse comprando derechos de emisión a empresas como Tesla. Esto último permitiría a la compañía amortiguar el daño causado por la pérdida de ventas en Europa, derivada en gran parte de la mala prensa de Elon Musk y del descenso en el interés por la movilidad eléctrica que se ha registrado en los últimos meses.
Pero es obvio que muchas de estas medidas son contradictorias entre sí. Mientras algunos comisarios perseveran en su implementación, otros hablan abiertamente de modificarlas o incluso de suspenderlas ad calendas graecas.
El papel de los lobbies en la transición energética
Parece evidente que la presión de los lobbies asociados a la industria automovilística europea está detrás de este cambio de postura, dado que los resultados económicos del sector dejan mucho que desear. Se habla de recortes salariales, despidos e incluso cierres de plantas en empresas líderes del sector. La industria automovilística europea ha sido empujada a una transición para la cual no estaba preparada, mientras que la industria china, adaptada desde el principio a la producción de autos eléctricos, ha resultado ser mucho más competitiva en este segmento, tanto en precio como en calidad.
Este era un escenario previsible para los legisladores europeos, ya que la producción de autos de combustión no es la misma que la de vehículos eléctricos. Rediseñar plantas y cadenas de suministro y logística es más costoso que crear nuevas infraestructuras diseñadas desde el principio para esa finalidad. Se requieren plantas de producción distintas y personal especializado, lo que implica tiempo de reciclaje o formación de nuevos cuadros adaptados.
El resultado ha sido que las fábricas europeas han abandonado un producto en el que eran líderes mundiales en calidad para apostar por otro en el que no son capaces de competir adecuadamente. Todo ello, además, por seguir las directrices de la burocracia de Bruselas.
Buena parte de los problemas actuales derivan de la fatal arrogancia de la tecnocracia europea, que pensó que con unas cuantas leyes y decretos podía modificar en un breve plazo una industria tan compleja como la automotriz y sus sectores auxiliares, incluyendo refinerías y distribución de combustibles.
La centralización europea y la captura de políticas por grupos de interés
La cuestión central que queremos plantear en este escrito es: ¿por qué hemos llegado a este punto? ¿Por qué tienen que peligrar miles de puestos de trabajo y la viabilidad de una industria consolidada y competitiva solo por las decisiones de un grupo de políticos y burócratas? La respuesta parece simple: la UE es un esquema centralizado que opera sobre una población muy grande, lo que la convierte en una presa fácil para los grupos de interés organizados.
Si Europa estuviera fragmentada políticamente, pero mantuviera relaciones económicas libres entre sus distintas unidades políticas, los lobbistas tendrían que convencer a cada legislador de cada país sobre la conveniencia de las medidas de transición ecológica, por seguir con el ejemplo. Y, en caso de éxito, sus beneficios serían mucho más reducidos, pues afectarían a una población menor en cada caso.
Coordinar las mismas normas en todos los países sería extremadamente difícil, ya que los lobbies verdes pueden ser poderosos en algunos Estados, pero no en otros. Pensemos en un país pequeño con una fuerte industria renovable y en otro cuyo principal activo sea la fabricación de autos de combustión. En el primer caso, la legislación ecológica podría salir adelante, pero difícilmente en el segundo.
El resto de los países podrían esperar a tomar partido, observando cuál de las soluciones es más efectiva antes de implementarla. Si una regulación fracasa, no la adoptan o la abandonan; si funciona, la copian, tratando de mejorarla. Este proceso, que históricamente ha funcionado en Europa como un laboratorio de innovación, minimiza el daño potencial de cualquier ocurrencia política.
En cambio, en un sistema centralizado como la UE, basta con convencer a unas pocas docenas de actores clave para aprobar leyes absurdas que benefician a ciertos grupos bien organizados, muchas veces situados fuera del espacio de la Unión. Esto también explica la persistencia en el tiempo de medidas que han demostrado ser ineficaces o contraproducentes. Con unos cuantos políticos y técnicos estratégicamente situados, es suficiente para seguir perpetuando los errores, hasta que la realidad termine por liquidarlas. Pero en ese intervalo de tiempo, el daño al tejido industrial europeo puede ser enorme… e incluso irreversible.
Contradicciones estructurales y el estancamiento de la transición energética
La facilidad para hacer lobby en sistemas centralizados también explica la divergencia de políticas y sus notorias contradicciones. Si cada lobby logra capturar a una agencia europea e influir en sus decisiones, el resultado será la formulación de políticas contradictorias entre sí, conllevando un sustancioso desembolso de recursos y generando confusión en la población.
No se puede, por un lado, condicionar la movilidad estableciendo un plazo estricto para el abandono del automóvil de combustión y, al mismo tiempo, imponer elevados aranceles a la importación de vehículos eléctricos chinos, mucho más baratos a igual calidad.
Si la prioridad es la descarbonización de Europa, lo lógico sería fomentar la importación de autos eléctricos asequibles para acelerar la transición. Por otro lado, si el objetivo es proteger a la industria automovilística europea, lo más lógico sería suspender las políticas de transición o, en su defecto, otorgar plazos más largos para permitir la adaptación gradual de las empresas a las dinámicas del mercado.
Pero se mantienen ambas medidas al mismo tiempo, lo cual es un sinsentido, pues cumplir ambos objetivos a la vez no parece factible.
Si estas políticas contradictorias se sostienen es porque los grupos de presión asociados a las energías renovables y al sector eléctrico presionan para continuar con la transición, pues ya han invertido enormes sumas de dinero en ella (costes hundidos), mientras que el poderoso lobby automovilístico solicita protección ante la competencia externa.
El resultado es claro: ni una ni otra política logran avanzar, y el costo lo paga la industria y la sociedad europea. Pero pocos parecen darse cuenta de que el verdadero problema no es la falta de regulación o la mala planificación… sino la centralización política a gran escala.
Serie ‘Sobre el anarcocapitalismo’
