Sin tapujo alguno el gobierno presenta unos mecanismos, que fraudulentamente declara amparados en el Derecho privado, para proporcionar arbitrariamente préstamos e inversiones en capital
La extrema izquierda y los sindicatos atrincherados en las empresas públicas propagaron con evidente éxito propagandístico que el cierre de algunas que estaban en quiebra o las privatizaciones de Repsol, Endesa, Telefónica o Iberia supusieron el “desmantelamiento del Estado”.
En resumen, las empresas privadas pueden tener éxito o fracaso; pero las empresas gubernamentales, invariablemente fracasan. Es un error permitir que el gobierno funde y administre empresas.