En contra de lo que contaron distintas fuentes en España, el dictamen de la Comisión de Venecia[1] sobre los requisitos del Imperio de la Ley[2] en materia de amnistías, con
Convertir la sede electrónica del Fisco (después de su ensayo, curiosamente, en las haciendas forales vascas) en un espacio virtual para que el Fisco señoree y aproveche el campo de Agramante de denuncias cruzadas entre emisores y receptores de facturas, bien sean empresarios o consumidores, significa imponer un régimen de terror fiscal propio de un estado totalitario.
El Estado de Derecho trata de recuperar ese control de la potestad política por el Derecho, pero sin suprimir lo característico del Estado: el absolutismo de la soberanía.
La ley de amnistía rebasa, en mi opinión, la inconstitucionalidad para adentrarse en la categoría de acto preparativo de varios delitos.
España da un paso más en su avance hacia un modelo autoritario, con graves consecuencias para los derechos y libertades básicas del individuo. El acuerdo alcanzado entre el PSOE y
El peligro de poner a Rufián, Junqueras o Anna Gabriel a redactar una constitución creo que queda fuera de toda duda.
La lenta maquinaria burocrática de Bruselas no tendrá otro remedio que actuar contra el Reino de España si su gobierno no cumple las recomendaciones ya hechas.
Se ha puesto en marcha la concesión de otra patente de corso de modo explícito. Un estamento político cínico y corrupto considera que sus miembros están por encima de la ley y conviene que así sea.