Todo funciona peor: más impuestos, más gasto y peores servicios públicos

Juan de Mariana

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El Instituto Juan de Mariana presenta “Todo funciona peor”, un informe elaborado por Manuel Llamas y Diego Sánchez de la Cruz que analiza el deterioro de las infraestructuras, la sanidad, la educación, la justicia, la seguridad ciudadana y el control fronterizo durante el «sanchismo».

Desde 2018, el aumento de los recursos públicos no se ha traducido en una mejora de los servicios que reciben los ciudadanos. El gasto sanitario ha crecido un 43% y el educativo, un 40%, pero las listas de espera se alargan, los resultados escolares empeoran y los juzgados acumulan cada vez más asuntos pendientes. Las infraestructuras de transporte muestran también un deterioro que se refleja en los accidentes, los retrasos y las carencias de conservación.

El informe reúne los principales indicadores de esta evolución:

Los accidentes ferroviarios aumentan un 142%. Los registrados por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios pasan de 40 en 2018 a 97 en 2024, mientras que los descarrilamientos se triplican, de 7 a 22. El porcentaje de trenes de larga distancia que llega con una hora o más de retraso pasa del 1,1% en 2018 al 8,1% en enero de 2026.
La puntualidad cae mientras se descuida el mantenimiento. En marzo de 2026, solo el 48,6% de los AVE llegó con menos de cinco minutos de retraso. España dedica a mantenimiento ferroviario 45,5 millones de euros por cada mil kilómetros de vía, frente a los 80,6 millones de la UE-14. El gasto de conservación por viajero de alta velocidad ha caído un 22% desde 2018.
Menos compensaciones para los viajeros y pérdida de pasajeros. Renfe elevó de 15 a 60 minutos el umbral mínimo de retraso para recibir una devolución y de 30 a 90 minutos el necesario para recuperar el importe íntegro del billete. Entre enero y agosto de 2026, el número de viajeros de alta velocidad cayó un 12,3% respecto al mismo periodo del año anterior.
Las carreteras acumulan casi 15.000 millones de euros de déficit de conservación. Unos 34.000 kilómetros necesitan reconstruirse. Los conductores pagan alrededor de 15 euros en impuestos por cada euro destinado a mantener la red.
Más gasto sanitario, pero más pacientes esperando una operación. Pese al aumento del 43% del gasto sanitario público entre 2018 y 2024, la lista de espera quirúrgica alcanza las 853.509 personas al cierre de 2025, un 27,7% más que en 2018. La demora media es de 121 días y más de uno de cada cinco pacientes lleva más de seis meses esperando.
El acceso al especialista y a la atención primaria también se resiente. Los pacientes pendientes de una primera consulta con el especialista pasan de 62,5 a 84,4 por cada mil habitantes, un aumento del 35%. El 61,5% tiene cita para dentro de más de dos meses. En atención primaria, solo el 21,8% consigue ser atendido en el día o al siguiente; para el resto, la demora media es de 9,15 días.
La educación combina un gasto récord con mínimos históricos en PISA. El informe recoge una caída de 45 puntos en lectura respecto a 2015, equivalente a más de dos cursos de aprendizaje. El 32% de los alumnos no alcanza el nivel básico de comprensión lectora y el 33% tampoco lo logra en matemáticas, pese a que el gasto educativo ha aumentado un 40% entre 2018 y 2024.
La justicia acumula 4,7 millones de asuntos pendientes. El volumen de procedimientos sin resolver aumenta un 80% respecto a 2018. Un litigio civil o mercantil tarda 444 días en resolverse en primera instancia, lo que sitúa a España en el puesto 20 de los 24 países de la Unión Europea con datos comparables.
Aumentan la criminalidad y los delitos más graves. Entre 2018 y 2025, las infracciones penales registradas crecen un 16,1%, hasta superar los 2,47 millones. Los homicidios dolosos y asesinatos consumados aumentan un 30,1% y los delitos contra la libertad sexual, un 57,2%.
La población inmigrante en situación irregular se multiplica casi por ocho. Según las estimaciones recogidas en el estudio, pasa de 107.000 personas en 2017 a 840.000 en 2025. En 2024, España ejecutó el 9,7% de las órdenes de retorno dictadas, frente al 20% de media en la Unión Europea.