Es la insuficiencia de impuestos, estúpidos liberales

Una vez más, el gobierno español ha mostrado una notable pluralidad de opiniones respecto a las políticas económicas más deseables. La pluralidad está muy bien en muchos ámbitos, pero no es del todo recomendable cuando se refiere a las declaraciones de los policy-makers, quienes implementan las políticas. Principalmente porque de esta manera se genera inseguridad, falta de credibilidad e incertidumbre.

Esto viene al caso de la reciente controversia por las dispares declaraciones de miembros del gobierno sobre la subida de impuestos a los ejecutivos de la banca. Aprovechando que se sacaba el tema de los impuestos, José Blanco defendió la necesidad de incrementar los impuestos como forma de mantener un nivel adecuado de infraestructuras y de prestaciones sociales, repitiendo las declaraciones que ya hiciera el pasado año. "Nuestro país tiene que plantearse si con nuestros recursos y con la menor carga impositiva de la UE se pueden mantener las carreteras, los trenes y el Estado del bienestar", dijo en esta ocasión.

Cándido Méndez se apuntó al carro de la fantástica idea de subir los impuestos, asegurando que éstos "son un elemento fundamental para que funcione nuestro país". Afirmó además que hay que resolver la diferencia de 7-8 puntos que existe entre la presión fiscal entre España y sus socios de la UE.

Elena Salgado, sin embargo, negó que el gobierno vaya a subir los impuestos "en el corto plazo". Otra cosa distinta es que así vaya a ser. Tras decir el pasado año en febrero que los salarios de los funcionarios no se iban a tocar, uno tiene razones para la desconfianza.

Pero lo relevante para esta columna no es el batiburrillo de opiniones ni la confianza en sus promesas. Lo que quiero destacar es que tanto Blanco como Méndez han vuelto a sacar a la palestra el argumento de los bajos impuestos en España, haciendo uso de la presión fiscal. El problema para ellos (y otros muchos) es la insuficiencia de ingresos públicos, y no una estructura de gastos excesiva que solo podía sostenerse en periodo de burbuja económica.

Este argumento no es en absoluto nuevo en la historia económica española. Un argumento muy similar fue esgrimido por el economista español Antonio Flores de Lemus en su dictamen de 1929 sobre la conveniencia de implementar el patrón oro en España. En él, este autor recomendó olvidarse del rígido patrón metálico al considerar que la peseta no sería sostenible debido a que existían problemas estructurales, de entre los cuales destacaba, en última instancia, la insuficiencia endémica de los ingresos fiscales.

Ignoro cuánto hay de cierto en el juicio de Flores de Lemus acerca de las circunstancias de la época. Pero sí percibo una importante asimetría entre la gestión financiera que se considera deseable del Estado y la de los agentes privados. Pensemos en una familia de bajos ingresos que se dedica a llevar un ritmo de gastos por encima de lo que pueden financiar sus ingresos, viviendo por encima de sus posibilidades. A esta familia seguramente le recomendaríamos que restringiera sus gastos para ajustarlos a sus posibilidades. Sin embargo, con los Estados parece razonarse de la manera contraria: en lugar de restringir sus gastos, se les pide que aumenten sus ingresos para que puedan continuar con sus actividades de la misma manera que antes.

Volviendo a la actualidad, el problema con la tesis de Blanco y Méndez de que los impuestos son bajos en España es mucho más amplio que el que acabo de señalar. Precisamente a contrarrestar esta idea dedicamos el estudio comparado de fiscalidad del Instituto Juan de Mariana, titulado La falacia de los impuestos bajos en España. A través de distintos argumentos, como el análisis desagregado de las principales figuras impositivas o el uso de indicadores alternativos, tratamos de mostrar cómo el fijar la atención exclusivamente en la presión fiscal es errado. En esencia, señalábamos cómo este último indicador genera confusión al mezclar recaudación fiscal baja real (debida al elevado paro y la escasa productividad) con una inexistente baja imposición.

Tal y como concluía el informe, es conveniente repetir que nuestro país no necesita más impuestos, sino mayor empleo, productividad y dinamismo empresarial. Para ello, es prioritario llevar a cabo una serie de reformas estructurales como las siguientes: una reforma que realmente liberalice y flexibilice el mercado laboral y ayude a crear empleo productivo; reducir la pesada carga administrativa y burocrática que soportan empresarios y emprendedores en sus actividades generadoras de riqueza y empleo; y recortar drásticamente el gasto del sector público –que también debería ajustar sus cuentas a las circunstancias actuales– mediante el recorte ambicioso de programas de gasto y subvenciones o la racionalización del conjunto de las Administraciones Públicas con el objetivo de que el abultado déficit público no obstaculice la recuperación, y se devuelva la confianza a los inversores en la "marca España".