La imparcial

Durante el programa "Los Desayunos" de TVE, la secretaria General del Partido Popular, Dolores de Cospedal, y la presentadora del mismo, Ana Pastor, tuvieron un breve pero agrio debate sobre la imparcialidad de RTVE y la profesionalidad de sus trabajadores.

Respondiendo a una pregunta sobre una supuesta campaña del PP en contra de la entidad pública, Cospedal aseguró que ésta no mantenía una línea imparcial en el área informativa. Ana Pastor replicó a la política preguntando que dónde existía ese tipo de televisión pública que sirviera de modelo, refiriéndose aparentemente a las televisiones públicas autonómicas de Comunidades gobernadas por el PP, a lo que Cospedal respondió que una televisión pública, pagada con el dinero de todos, no puede ser subjetiva y parcial y que entendía que esto podía enfadar a sus dirigentes. Pastor, aparentemente molesta, respondió que también a sus profesionales y así se convertía durante unos instantes en juez y parte del debate, y no en moderador.

La polémica siguió. Primero, sobre si lo dicho por la presentadora era representativo de la posición de todos los profesionales, luego, sobre el hecho de qué tipo de dirección se había creado, si una dirección política o profesional, que el PP también había ayudado a crearla y que, según los premios y valoraciones, esta RTVE era la más libre de todos los tiempos, incluyendo la que hubo con algunos gobiernos socialistas.

Al día siguiente un nuevo debate surgió entre la vicesecretaria de Organización, Ana Mato y el presentador de RNE, Juan Ramón Lucas. Para Mato, las televisiones públicas no debían estar ni dirigidas ni teledirigidas por un Gobierno que abusaba de su posición: hay noticias, como los ERE de Andalucía, que no tenían presencia relevante en la televisión pública nacional. Lucas, más agresivo que su compañera televisiva, preguntaba sobre la parcialidad cuando gobernaba el PP, sólo consiguiendo reforzar los argumentos de la popular. Lo novedoso en este caso era que, según Mato, el PP, una vez en el poder, estaba dispuesto a cambiar la ley y privatizar todas las televisiones autonómicas. Sobre RTVE no se manifestó. Sería un paso revolucionario, ya que en ocho años de gobierno popular no se hizo nada en este sentido. En todo estos debates llama la atención que todo gire en torno a cuándo y cómo fue la televisión pública menos parcial, reconociéndose así de facto que sí que son parciales.

La naturaleza objetiva de la entidad pública estaba para los populares, en entredicho y para algunos de los presentadores estrella y los máximos dirigentes de RTVE, la profesionalidad de sus trabajadores.

Ya sean públicas o privadas, la objetividad y la imparcialidad son quimeras que nos han vendido muy bien los políticos y, en algunos casos, los empresarios. Nosotros, sujetos, tenemos valoraciones subjetivas, nuestras percepciones están limitadas, nuestros valores morales determinan lo que está bien y lo que está mal. Como mucho, se puede pedir honestidad a la hora de transmitir esa visión subjetiva. De la misma manera, que un programa traiga varias opiniones o posiciones tampoco lo convierte en objetivo, pues pueden dejarse fuera otras que alguien puede considerar esenciales o dar tiempos distintos a cada una de ellas, interrumpiendo en ciertos momentos clave, etc. Ser imparcial puede ser posible en situaciones simples, pero no en aquellos casos donde como en la política hay demasiados intereses. Pero es que ser parcial y subjetivo no es un pecado, es humano y puede que una estrategia empresarial perfectamente aceptable.

La supuesta profesionalidad de los trabajadores tampoco es un tema importante en el fondo del asunto. Hay sacerdotes que son grandes profesionales y consiguen no sólo dar paz a sus feligreses, sino que convertir a quien no lo es. De la misma manera, hay asesinos que, como grandes profesionales, han matado sin que nadie les haya atrapado. La profesionalidad no dice nada de la naturaleza de la empresa, de su idoneidad o la necesidad de que exista, sino del desempeño de una labor. Cuando Juan Ramón Lucas se defiende de Ana Mato diciendo que la única consigna que le han dado desde la dirección ante la campaña electoral del 22 de mayo era independencia, quería decir que nadie le iba a decir lo que tenía que decir, pero si los gestores hacen bien su trabajo, no tienen que hacerlo ya que los "profesionales" elegidos sabrán cuáles son los contenidos que deben ser potenciados y cuáles no. Bastaría con contratar a un periodista honesto de izquierdas (o de derechas) para que los contenidos de izquierdas (o de derechas) tomen protagonismo sin que necesariamente ese profesional decida manipular. Qué no se podrá hacer si el elegido no es honesto y sí un hábil manipulador.

Lo que está en entredicho es la naturaleza pública de estas televisiones, si una televisión pública subjetiva y parcial, porque no puede ser otra cosa, es moralmente aceptable. Si una televisión pública que depende del poder político y que se pone al servicio del partido, de la ideología o del gobierno de turno, que apuesta por unos contenidos ideológicos o gubernamentales, puede ser pagada con el dinero de todos.

Cuando se empezaron a fundar las primeras empresas televisivas en el mundo, en España había una dictadura, la de Francisco Franco y la televisión que se creó lo hizo al servicio del poder, para educar en los principios morales y políticos de la época o, al menos, para no maleducar. El problema es que en democracia el modelo de televisión pública es básicamente el mismo, fiel al poder, en este caso con un fuerte componente ideológico progresista y con un control que, pese a depender de todos los partidos, en la práctica es sólo del partido en el poder.

Las televisiones autonómicas copian el sistema nacional y la consecuencia es un conjunto de entidades que en mayor o menor medida son herramientas de poder para los políticos. Existe sin embargo una novedad, actualmente la producción de ciertos programas en algunas televisiones públicas se ha dejado en manos de productoras privadas, pero que hacen las veces de excelentes comisarios en cuanto al sesgo de los contenidos. Un ejemplo más de cómo la alianza entre el Estado y las Empresas es tremendamente negativo para el ciudadano y el contribuyente.

Pero es que, además, el sistema público de televisiones nos sale carísimo. Las televisiones públicas presentan unas pérdidas que no aguantaría ninguna empresa privada sin quebrar: el conjunto de entes televisivos públicos de España acumula al año cerca de mil millones de euros de pérdidas, a los que hay que añadir unos 600 millones de euros más en concepto de subvenciones del Gobierno Central o de los autonómicos. Son empresas deficitarias, que si existen es porque el poder político así lo quiere. No hay ninguna razón para mantenerlas, las opciones que tiene hoy el ciudadano para estar informado o entretenido son múltiples y con contenidos muy variados gracias a las nuevas tecnologías.

Extraña el anuncio de Ana Mato de proceder a privatizar las televisiones autonómicas, no porque no sea una medida muy positiva sino porque no sé si considerarlo creíble. ¿Es una opinión personal, está recogida en las propuestas del PP o es una promesa electoralista a olvidar tras las elecciones? ¿Existen empresarios dispuestos a hacerse con entidades tremendamente endeudadas si no reciben algún tipo de ventaja? ¿Podemos pensar que las pujas por estas televisiones serán libres o los ganadores serán ciertos empresarios de éxito, controlando posteriormente de forma indirecta los contenidos a través de condiciones que no tienen que ver con la libertad de empresa?