El estudio Una sociedad de propietarios que mañana divulga el Instituto pretende abrir un debate público en torno a alternativas plausibles al agotado modelo de Estado de Bienestar. Según el psicólogo norteamericano Abraham Maslow, los individuos buscan satisfacer sus necesidades, y la victoria en esa lucha abriría nuestro apetito a otras nuevas, de distinto rango. Estas necesidades, empezando por las más básicas, son las fisiológicas, de seguridad, relación, estima y autorrealización. En la actualidad, en los países occidentales, las necesidades más básicas (alimento, vestido, salud o cobijo) están en general superadas y las personas buscan alcanzar y quemar etapas más elevadas. Emergen con mucha más fuerza necesidades de seguridad, como la protección física y económica frente a cualquier contratiempo. En el terreno del afecto y de las relaciones, es una queja habitual la dificultad de compatibilizar el trabajo con la familia y el cuidado de los hijos. En cuanto a la falta de «autorrealización», muchos son los individuos que se hallan afligidos por la arbitrariedad directiva o la falta de desarrollo personal en trabajos que estiman alienantes.
La sociedad de propietarios busca reforzar el abastecimiento de recursos financieros en el hogar para lograr independencia y seguridad financieras sólidas, gracias a las cuales no deberemos estar al amparo de terceras personas. Para no estar atados al sueldo de un único empleador, temerosos porque peligran nuestras pensiones, agobiados por una actividad laboral que no nos satisface ni nos motiva emocional y profesionalmente, angustiados porque nuestra vida familiar se resiente por falta de tiempo, lo que necesitamos es acumular un patrimonio que nos permita una mayor autonomía económica y de decisión.
La socialdemocracia o el estado del bienestar ha resultado ser un verdadero fracaso en su intento de proveer cualquiera de las necesidades ubicadas en los escalafones más altos que nos explica Maslow. La sociedad de propietarios es un modelo alternativo al propuesto por el Estado con el que se quiere dar más autonomía, responsabilidad y libertad al individuo con el fin de que éste pueda ir satisfaciendo sus necesidades crecientes sin verse sometido a todas las cortapisas que hoy padece. Para ello se aprovecharán las ventajas que el capitalismo ofrece al individuo, especialmente la habitualmente desdeñada participación en la ganancia capitalista, para lo que se necesitará de una adecuada cultura financiera. Si deseamos una seguridad económica no atada a un único salario, retirarnos a una edad más temprana que la que nos fijan los estados, desarrollar actividades profesionales que nos satisfagan más, tener más tiempo para pasar con nuestra familia, mejor educación para los hijos, etc., seguramente debamos acometer cambios en la manera de llevar nuestras finanzas familiares.
Y la forma de hacerlo es emplear la magia de la capitalización compuesta, que requerirá de nosotros que empecemos cuanto antes a ahorrar e invertir lo ahorrado. Para ilustrar las cuantías que nos puede ofrecer un escenario medio, ni demasiado optimista ni pesimista, vamos a simular qué podría alcanzar un trabajador que empiece con el hábito de ahorro e inversión a una edad temprana, a los 25 años, y que separe anualmente 6.000 euros (1 millón de pesetas) durante los siguientes 20 años con el fin de invertirlos podría obtener, unos 41 millones de las pesetas al valor actual. Si a partir de entonces dejara de ahorrar, esa inversión se traduciría en los siguientes 10 años en 80,7 millones de pesetas. Todo esto con una hipótesis realista-conservadora de un 10% nominal de rendimiento anual de las inversiones y un 3% de inflación.
No obstante, el Estado, a través de impuestos y regulaciones, dificulta el proceso creativo y con él la productividad y el crecimiento económico y empresarial, lo que provoca que no obtengamos ni como trabajadores ni como accionistas todo lo que podríamos conseguir. Por eso proponemos la eliminación de requisitos burocráticos a la puesta en marcha de empresas y negocios productivos, una reforma de IRPF que elimine los tramos que desincentivan la movilidad social, eliminación del impuesto a las ganancias patrimoniales y eliminación o exención para los casos en que la base imponible sea inferior a 2 millones de euros de los impuestos sobre sucesiones y sobre el patrimonio.
Este modelo alternativo al estado del bienestar no tiene por qué eliminar el papel de éste en el cuidado de los desamparados, pero tal esfera de actuación quedaría circunscrita a aquellos casos de incapacidad que, fruto del azar o la mala suerte, no queden totalmente cubiertos por el propio trabajo del ciudadano o la acumulación de capital (apoyo familiar, herencia, inversiones anteriores, etc.). Cuidar a quienes lo necesitan de verdad no debe llevar a atarnos a todos al modelo obligatorio impuesto por el Estado.
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