En todas las situaciones de emergencia que se producen en espacios públicos con gran afluencia de público, una de las reglas de oro es mantener la calma y salir ordenadamente. La manera en que se encamina uno a la puerta y el cómo se sale son fundamentales para no perecer en el intento.
Pasa igual con las emergencias nacionales, también con las sanitarias, como la pandemia por coronavirus. Hay que activar medidas urgentes que cubran diferentes aspectos: además de los estrictamente sanitarios, también los económicos y los sociales. Pero hacerlo de cualquier manera puede ser contraproducente. La realidad habla por sí sola.
El último ejemplo es el borrador del Real Decreto-Ley (RDL) por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¿No hay otra manera de sacar adelante esos dos temas tan relevantes más que el decreto-ley? Claro que lo hay: una ley con trámite de urgencia.
Merece la pena leer los artículos del profesor Rafael Jiménez Asensio, tanto en la página de hayderecho.com como en su propia página web, dedicados al tema de los decretazos. No solamente me refiero al del pasado 30 de noviembre, donde da cuenta del borrador que menciono (extrañamente filtrado antes de ser presentado).
A pesar de ser un artículo muy acertado y oportuno, a mí me parece que, para entender la anomalía que vivimos, hay que empezar por el artículo “Genio y figura de los decretos-leyes”, aparecido en su blog, La Mirada Institucional, en marzo del 2019. En este texto se explica algo fundamental que los profanos no siempre tenemos en cuenta. En derecho, el procedimiento no tiene un objetivo estético, ni ritual. Existe para proteger al ciudadano.
Así, históricamente, el decreto-ley es un recurso a la desesperada de los gobernantes que vieron que la democracia liberal comportaba un sistema de contrapesos que le impedía hacer de su capa un sayo y legislar sin control. Las leyes, se tramiten de urgencia o no, han de ser aprobadas por el órgano correspondiente: el Parlamento. Es en ese ámbito en el que los representantes electos han de manifestar sus quejas, sus mejoras, sus matices, de forma que nadie legisle dictatorialmente.
El profesor Jiménez Asensio aporta datos muy interesantes que muestran la génesis de la anomalía del decretazo. Entre los años 2008 y 2015, justo los años de la crisis, los decretos leyes representaron el 56 % frente a las leyes ordinarias. Si esa cifra se antoja demasiado elevada, qué decir del año 2018, cuando esa proporción casi se triplica.
Si mis datos son correctos, en lo que llevamos de 2020, se han aprobado ocho leyes, una de ellas orgánica, y 37 decretos-leyes. Eso quiere decir que los decretos-leyes suponen más del 80% de la legislación. ¿Por qué esta desmesura?
El argumento de la emergencia ya no se sostiene, y menos en el caso del presente RDL. Que era necesaria la modernización de la administración se sabe desde hace varios lustros. Que para agilizar las ayudas esa revisión es imperativa, lo sabemos desde que se planteó que la Unión Europea debería aportar fondos a los países miembros.
Que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia necesita de una estructura sencilla, ágil, que asigne y ejecute los fondos eficientemente es algo que se sabe mucho antes de que el Plan tuviera nombre. De hecho, el pasado mes de julio, participé en una de las reuniones con expertos organizadas por el Parlamento Andaluz encaminadas a orientar acerca de cómo, dónde y de qué manera se podrían canalizar los fondos europeos.
¿Qué sentido tiene plantear todas estas cuestiones en un decreto-ley? Desde mi punto de vista, estamos ante una ley ómnibus. Los decretos-leyes que se aprueban en el Parlamento, no pueden matizarse, es decir, se vota a la totalidad. De esta manera, si un grupo vota en contra del RDL está rechazando todas las propuestas sensatas, y si vota a favor, está aceptando cualquier arbitrariedad que Sánchez tenga a bien incluir.
Es fácil imaginar la escena. Los partidos que rechacen el RDL serán acusados de empobrecer España por poner trabas a la tramitación de la ayuda europea. Es una extorsión política en toda regla.
Pero hago una segunda lectura. El debate en el Parlamento dejaría en evidencia la situación política que vivimos. El Gobierno bicéfalo Sánchez-Iglesias, la esquizofrenia de Pablo Iglesias que se disocia en vicepresidente y en activista anti-sistema según su conveniencia, los intentos desesperados de Ciudadanos de pintar algo en el panorama político, la tendencia del PP a ponerse de perfil, los intereses particulares de los nacionalistas y la sobreactuación de Vox que acaba por perder el favor de los sensatos incluso cuando tienen razón.
Ante este espectáculo, es posible que Sánchez y sus asesores hayan pensado que mucho mejor el decretazo. ¿Para qué exhibir la incapacidad para gobernar más aún? Mucho mejor pisotear los contrapesos democráticos y gobernar a empujones, legislando por decreto.
Como si hubiéramos aceptado estos modos dictatoriales como parte de la terrible “nueva normalidad”, exhaustos ante la sobre información, la confusión, el ruido mediático, los españoles protestaremos porque en Madrid han puesto una bandera española como decoración navideña o criticaremos si la ministra hace pucheros. Pero lo gordo, la agonía de nuestro estado de derecho, pasa desapercibido ante nuestros ojos, y no lo vemos.
Me permito cerrar con una frase que el profesor Jiménez Asensio rescata de David Runciman: “El intento de puentear a un legislativo muy dividido por el enfrentamiento entre partidos empeora ese enfrentamiento”. Y así está sucediendo.
