Fricciones europeas por la guerra de Ucrania

Desde enero de 2014, año en el que Rusia se anexionó ilegalmente la península de Crimea, Ucrania y los países de la Unión Europea se hallan ligados por un Convenio de asociación y libre comercio. En el momento que el gobierno ruso desató la guerra abierta el 24 de febrero de 2022, con la invasión de distintas partes de su país vecino, y reconoció como entidades independientes las regiones de Donetsk y Lugansk – parcialmente dominadas por  aliados armados suyos – aún no se habían desplegado plenamente sus efectos.

Libre comercio y libre movimiento

De forma consecuente, como parte de la natural respuesta de solidaridad ante una agresión tan injustificada, Parlamento y Consejo Europeo aprobaron un reglamento para levantar durante un año[1]casi todas las barreras aduaneras y contingentes a la importación que todavía se mantenían del lado comunitario. Por lo que vamos a comentar más adelante, reténgase que esas medidas precluirán el próximo 5 de junio, a no ser que las instituciones que las adoptaron prorroguen su vigencia o decidan anticipar los efectos del acuerdo comercial mencionado en primer lugar. Nótese, asimismo, que el complicado entramado de toma de decisiones permitiría a cuatro estados (de los 27 miembros) formar una minoría de bloqueo en el Consejo Europeo, dados los mecanismos de mayoría cualificada necesarios para manifestar su posición.

En paralelo, durante los primeros compases de la guerra se produjo también una decisión sin precedentes. A instancias de la Comisión de la Unión Europea, la mayoría de los países eliminó para los ciudadanos ucranianos los requisitos exigidos a los nacionales de países terceros para desplazarse por los países de la Unión Europea y los visados para la obtención de permisos de trabajo o residencia durante un periodo inicial de 3 años. Decisión muy acertada, pues facilitó la dispersión por Europa de estas personas según sus preferencias. En especial de ancianos, mujeres y niños, ya que el estado de guerra declarado y la ley de movilización forzosa, impiden, en principio, a los varones comprendidos entre los 18 y los 60 años salir de Ucrania, salvo si ocupan determinadas profesiones o concurren causas de exención del deber de alistamiento forzoso, como, por ejemplo, contar con más de 3 hijos dependientes o ser responsable único del cuidado de uno.

Irredentismo húngaro

Los iniciales cuellos de botella en el transporte hicieron pensar en un alojamiento prolongado en campamentos de refugiados en países fronterizos. A pesar de ello, lo cierto es que una parte apreciable de las personas desplazadas trabajan en empresas residentes en los países de acogida[2] o en otras que se han trasladado total o parcialmente de Ucrania.

Dicho lo anterior, la prolongación de la guerra en una situación de estancamiento de posiciones en los frentes de batalla, pone de manifiesto numerosas contradicciones en los países fronterizos de la Unión Europea. Conocida es la desconcertante equidistancia del gobierno húngaro de Viktor Orban, cuando no su afinidad con el régimen de Vladimir Putin anterior al conflicto, así como las trabas opuestas a ayudar al país agredido. Una posición estratégica que parece en parte relacionada con las apetencias territoriales sobre la zona fronteriza de Ucrania en los Cárpatos, donde se asienta una minoría húngara.  

Fronteras abiertas al cereal ucraniano

Menos conocida y, por lo tanto más sorprendente, ha sido la coordinada prohibición, a salvo, se dijo, de las operaciones en tránsito, de las importaciones de cereales y oleaginosas ucranianos por parte de los gobiernos polaco, eslovaco, húngaro, rumano y búlgaro, la cual comenzó el pasado Viernes Santo el primero de ellos, solo dos días después de la visita del presidente ucraniano Volodimir Żeleński a Varsovia.

Asumían, aparentemente, las reclamaciones de agricultores que denunciaban la afluencia masiva de cereales de esa procedencia que provocarían una competencia imbatible y el hundimiento de los precios. A la elección de la ruta europea no son ajenas las dificultades al transporte marítimo en el Mar Negro por el régimen ruso, pese al acuerdo tripartito de Estambul del verano pasado para desbloquear la exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro a países africanos y del Medio Oriente.

Pasión turca por Rusia

De hecho, el 25 de abril el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, ejerciendo como presidente rotatorio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, planteó crudamente que su país incumplirá esos acuerdos si las sanciones impuestas contra Rusia no se levantan. Por si los gobiernos europeos no se hubieran enterado todavía del tipo de aliado que tienen en la OTAN, el gobierno turco ya ha anunciado que, a partir del 1 de mayo, el arancel sobre las importaciones de cereales de Ucrania a Turquía será del 130 por ciento, en lugar de la exención actual.

La torpeza de los países orientales de la UE[3] contradice flagrantemente las competencias de la Unión para decidir la adopción de medidas excepcionales en contra de reglamentos comunitarios en vigor y la pretendida solidaridad a Ucrania de la mayoría de estos países. No en vano, a mayor aprovechamiento de la producción agrícola del país invadido, menor será teóricamente la ayuda presente y futura que deberán prestar los países europeos.

Política agraria común

Las reuniones que han convocado el vicepresidente de la Comisión y el comisario del ramo para disuadir a los cinco países mencionados de continuar con las sanciones a los productos agrícolas y ganaderos ucranianos, al tiempo que se ofrecen compensaciones de urgencia para los sectores afectados, e, incluso, equivocadamente, puntuales contingentes para la importación, no han concluido con los resultados apetecidos hasta el momento.

En conclusión, cualesquiera que sean las soluciones parciales y de compromiso a las que lleguen los países de la Unión Europea, y el devenir de la guerra, las miserias de la política agraria común y de los grupos de presión europeos han quedado expuestos a la luz. Obviamente, los agresores y dictadores circundantes las conocen e intentan sacar el máximo provecho de ellas.

[1] Desde el 4 de junio de 2022 hasta el 5 de junio de este año. Reglamento (UE) 2022/870 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2022.

[2] Según la Seguridad Social polaca (ZUS) en febrero de este año cotizaban en Polonia 746.000 refugiados, aparte de otros ucranianos que ya lo hacían antes del estallido de la guerra.

[3] Nótese, por otro lado, que en este caso echar la culpa a la burocracia de Bruselas tiene un difícil encaje en la retórica victimista habitual, cuando el comisario de agricultura, Janusz Wojciechowski, fue designado precisamente por el gobierno polaco.