El gobierno de los peores

Como siempre recuerda Miguel Anxo Bastos, el Estado surge de bandas de bandidos que se establecen en una determinada población, la someten y la saquean de forma sistemática. La teoría liberal-libertaria nunca ha visto al Estado como un árbitro neutral preocupado por el bien común. Lo ve, desde su origen, como una estructura organizada para apropiarse de riqueza ajena de forma estable y continuada.

Viendo lo que nos gobierna hoy en España, cuesta decir que desde entonces hayamos mejorado mucho.

El saqueo sistemático de la clase política española está hoy a la vista de todos. Bajo el disfraz de la disputa ideológica, del debate público sobre el bien común y los grandes valores, se esconde una lucha descarnada por el poder y los recursos: una batalla sin cuartel por el control del presupuesto, las subvenciones, los contratos públicos, los reguladores, la justicia, los medios de comunicación y las empresas públicas. El poder político hoy tiene una capacidad enorme para repartir dinero, privilegios, regulaciones y sanciones. Y cuando existe ese poder, aparece la corrupción estructural.

Cuando un político o un burócrata puede decidir quién se forra y quien se arruina, qué empresa quiebra y cuál es rescatada, de forma inevitable aparece la presión para tratar de influir en esa decisión. Si una regulación puede enriquecer a unos sectores y hacer que otros sufran, surgirán lobbies y grupos de interés que harán lo que haga falta para arrimarse al poder para que no le toque el castigo, sino el premio. No hace falta imaginar grandes conspiraciones: basta con entender los incentivos.

En un sistema donde el gobierno decide continuamente quién gana y quién pierde, la corrupción deja de ser una anomalía y se convierte en una consecuencia lógica del propio sistema. Cuanto más intervencionismo hay, más rentable es capturar políticamente el poder estatal. Y cuanto más rentable es capturarlo, más gente sin escrúpulos aparece dispuesta a hacerlo.

Por eso el problema no es sólo que el poder corrompa, como decía Lord Acton. El problema es aún peor: el poder atrae a los peores. La política profesional no suele seleccionar a los más honestos y rectos. Suele premiar a quienes tienen más hambre de poder, a quienes tienen menos escrúpulos y a quienes tienen un talento especial para engañar y traicionar a los demás. Y, para rodear al líder, tampoco ascienden los más sabios y benévolos, sino los más fanáticos, los más obedientes y los menos limitados por principios morales. Son precisamente ellos quienes que mejor se adaptan a una dinámica en la que el objetivo principal es saquear al ciudadano y conservar el poder político.

Cuesta no pensar en este perfil cuando uno observa la España actual. La sensación para muchos españoles ya no es que existan casos aislados de corrupción, sino que la corrupción se ha convertido en la forma normal de funcionamiento del sistema. Que una mafia se ha hecho con el control del Estado, ha colonizado sus instituciones y las ha puesto a su servicio.

Pero esto no es un golpe de mala suerte, ni su causa es la llegada de un grupo excepcional de políticos corruptos y sin escrúpulos, sino que encaja a la perfección con la visión predatoria del Estado que tienen los libertarios.

El sistema democrático que tenemos actualmente no deja de ser, como decía H. L. Mencken, una subasta de bienes robados. Los partidos compiten por ofrecer privilegios, subvenciones y prestaciones a partir del dinero de todos. Se compra apoyo político repartiendo contratos, cargos y ayudas públicas. Y cuando el premio por ganar elecciones es controlar un aparato gigantesco de gasto, regulación y represión, los incentivos para mentir, manipular y degradar las instituciones son enormes.

Por eso, la solución no pasa por fantasear con la llegada de políticos buenos. El problema no es sólo de personas concretas. El problema es sistémico, estructural: es que el Estado disfruta de un poder descomunal sobre la economía y sobre la vida de los ciudadanos. Y cuanto mayor es ese poder, más atractivo resulta colonizarlo para quienes menos escrúpulos tienen.

La respuesta libertaria es justo la contraria del camino que hemos seguido durante décadas: reducir el tamaño y el poder del Estado. Limitar drásticamente su capacidad para generar dependientes, repartir privilegios, rescatar empresas o controlar instituciones. Cuanto menos pueda decidir un político sobre nuestras vidas, menos rentable será capturar el poder político y menos incentivos habrá para que los peores lleguen arriba.

Author: Ignacio Moncada