La traición del conde Don Julián posmoderno
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“(…) La cesión de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, dudosa fuente de obligaciones para el Reino de España[1], se produce después de la invasión de Ceuta por parte de 10.000 personas orquestada por las autoridades marroquíes en mayo del año pasado. Un guiño evidente del vástago a la estrategia fructífera de su padre, Hassan II, para apoderarse del Sáhara y una llamada para nuevos chantajes en el futuro inmediato”.
De esta forma, anunciando las graves y previsibles consecuencias del tenebroso vasallaje epistolar ante el Rey de Marruecos que había escenificado el presidente del gobierno, terminaba un análisis hace más de cuatro años quién esto les escribe.
Después de la última invasión de entre 80 y 100 mil personas[2] desde Marruecos, a través del espigón y la playa del Tarajal, ocurrida los pasados 30 y 31 de julio y la permanencia de muchas de ellas por las colinas, calles y playas de Ceuta, las peores sospechas se han confirmado. Al mismo tiempo, se plantean distintos planos de realidad que conviene aclarar para poner remedio y no quedar a merced de las patrañas diseminadas de consuno por los gobiernos de Rabat y Madrid.
No es la menos importante diagnosticar y calibrar el golpe de una marabunta de personas – compuesta en su mayoría por marroquíes, pero también subsaharianos – que se abalanzó sobre la ciudad de Ceuta por mar y tierra, proveniente de Castillejos[3], sin ninguna resistencia por parte de los escasos guardias de fronteras que controlaban el paso o de tropas que ni siquiera estaban desplegadas. En las imágenes que dieron la vuelta al mundo, se observó como en diferentes oleadas, turbas de individuos llegaban a nado desde Marruecos utilizando flotadores y trajes de neopreno o irrumpían por un lateral de la aduana del Tarajal, después de bordear con grave peligro el espigón de la frontera.
Previamente, según había denunciado el gobierno local[4], las llegadas de inmigrantes ilegales a la ciudad se estaban incrementando de forma alarmante. Con anterioridad a la hecatombe – probablemente semanas – la única versión creíble debe partir de que los servicios de información españoles ( el CNI, el CIFAS y, tal vez, vigilantes de la Legión y los regulares) observaron como una masa de personas avanzaba hacía los aledaños y los medios de transporte y la logística que facilitaban un desplazamiento tan inusual de personas. Probablemente, incluso, detectaron perfiles en redes sociales (¿abiertos por quién?) que publicaban historias animando a cruzar la frontera. Como no pudo ser de otra manera, esa información fue comunicada a sus superiores “por el conducto reglamentario”.
Sin necesidad de un esclarecimiento exhaustivo que determine las responsabilidades penales del asunto[5], parece muy probable que agentes marroquíes alentaran, instigaran y trasladaran a parte de la masa humana que se concentró en la ciudad fronteriza de Castillejos. Resulta imposible que una “mafia”, movida por el ánimo de lucro, acometiera el asalto con una mayoría de invasores marroquíes que, a los dos días, vuelven disciplinadamente a su país. Si hubieran sido emigrantes reales, habrían pagado por llegar a un destino, no para salir de “Marcha Parda”. Más absurdo aun sería que traficantes pendientes de rentabilizar el negocio hubieran financiado la aventura de ida y vuelta de casi el 90 por ciento de los 100.000 mil asaltantes
Por último, parece razonable concluir que una organización de trata de seres humanos no tendría interés en hacer demostraciones de fuerza contra el estado receptor de sus “clientes”, sino en actuar lo más discretamente posible para no ser descubierta.
En este contexto, por otro lado, impulsar a miles personas al asalto de la ciudad de Ceuta, forzándolas a llegar en estampida, a nado o corriendo y trepando para salvar el espigón de El Tarajal, supone instrumentalizar como arma de guerra hibrida a civiles y aceptar eventualmente la muerte de los menos aptas o desafortunados en esas difíciles circunstancias.
De ahí también la pertinencia de la denuncia presentada por Iustitia Europa contra las autoridades de Marruecos[6], entre ellas, el Rey Mohammed VI, y el primer ministro Aziz Akhannouch ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional en La Haya, para que investigue su posible responsabilidad penal internacional derivada de un crimen de guerra o de un crimen de agresión utilizando población civil —incluidos menores— como instrumento de presión contra España.
Dicho lo cual, si el gobierno que se dice de España tenía información sobre lo que estaban tramando al otro lado de la frontera ¿ Por qué no lo denunció públicamente ante la Unión Europea y el mundo, en primer lugar? ¿ Por qué se abstuvo de tomar las medidas proporcionales ( como el envío de fuerzas de policía y tropas adicionales del ejercito de tierra y la marina y apoyo de la fuerza aérea ) para defender la frontera de una amenaza tan obvia para las casi 85.000 personas que residen en Ceuta ? ¿Cómo se explican las reverencias al gobierno marroquí como “socio fiable” en la gestión de la emigración ilegal, cuando es el más que presunto responsable de un ataque a la integridad territorial de España, manipulando a una masa de seres humanos, algunos de los cuales encontraron la muerte en el empeño ? ¿Sufren de disonancia cognitiva los miembros del gobierno que han afirmado que “lo que ha sucedido es un ataque, una violación territorial de España. Merece todo nuestro reproche y condena en el nivel más enérgico posible ” y lo han atribuido a “agentes desestabilizadores” ? ¿Está conchabado el gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón con el régimen marroquí, bien sea por chantaje o por alguna suerte de compensación? ¿La ceremonia de la confusión entre los ministros de interior y defensa sobre el conocimiento o ignorancia de información sobre los preparativos de la invasión, proveída por los servicios de espionaje está destinada a obstaculizar la búsqueda de la verdad material o la responsabilidad penal por alguna de las modalidades de traición de los miembros del gobierno con competencias en este caso ? Recordemos que la participación en un delito no se reduce a la autoría, por acción u omisión (Art. 11 CP) Asimismo, comprende la cooperación necesaria y la complicidad.
¿ Cómo se atreve una ministra de defensa a administrar a su capricho lo que es secreto oficial, según una Ley obsoleta de 1967, para no responder a ninguna pregunta en una comparecencia ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados?
Una vez vuelta a Marruecos una mayoría de los asaltantes – lo cual sirvió al gobierno para proclamar que “había resuelto” la crisis e irse de vacaciones su presidente – miles vagan todavía por las calles, parques y playas. Su presencia y sus actuaciones han disparado la comisión de delitos de robo, violencia, agresiones sexuales, degrada las condiciones higiénicas de los lugares públicos y ha propagado enfermedades desaparecidas en Ceuta como la sarna, la tiña o la tuberculosis. Entre quienes permanecen hay algunos menores, también niñas, pero también delincuentes amnistiados o en rebeldía, agentes del gobierno marroquí o auténticos emigrantes con deseos de no regresar a la jurisdicción del reino vecino.
Lejos de reaccionar ante esta situación, activando todos los mecanismos de derecho interno y comunitario, el gobierno se ha limitado a declarar la “situación de interés para la seguridad nacional”, fórmula regulada en la Ley de Seguridad Nacional de 2015, ha nombrado al ministro Ángel Víctor Torres como mando único para reforzar la coordinación entre las administraciones y ha aprobado una declaración de recursos afectados para este caso.
No obstante, sin declarar el estado de excepción o de sitio[7], dentro del derecho interno, no es posible detener y privar de libertad provisionalmente a los asaltantes que no delincan. El despliegue de fuerzas militares, policiales y funcionarios judiciales y administrativos, y la aplicación de los reglamentos del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que entraron en vigor el pasado 12 de junio en la Unión Europea, en conjunción con los acuerdos bilaterales entre el Reino de España y Marruecos[8] serían suficientes para organizar todo el proceso acelerado de retorno de mayores y menores a Marruecos, con ampliación de los plazos de retención de las personas y tramitación hasta 126 días, habida cuenta de que concurre una situación de crisis y de fuerza mayor[9].
En cualquier caso, el principal problema para los españoles reside en que el gobierno juega en secreto con Marruecos, igual que chapotea y medra entre la corrupción. La huida hacia adelante junto a la voluntad inquebrantable de aferrarse al poder conforman la estrategia para buscar la impunidad de sus miembros.
Y, por último, aparte de la inquietante dadivosidad del régimen alauita con altos cargos del PSOE y de la derecha, no debe subestimarse la influencia de los desvaríos propios de la izquierda posmoderna española en la creación de cosmovisiones y la toma de decisiones políticas.
Así Máximo Cajal López, representante en la Alianza de Civilizaciones de José Luís Rodríguez Zapatero, teorizó en su ensayo “Ceuta y Melilla, Olivenza y Gibraltar. ¿Dónde acaba España?” (2003) la entrega de ambas ciudades a Marruecos precisamente en los años 20 de este siglo. Por su parte, el novelista Juan Goytisolo Gay en su “Reivindicación del Conde Don Julián” (1970) deliró con encarnar al traidor mítico que, precisamente como Gobernador de Ceuta y Tánger, abrió en el año 711 a los invasores musulmanes la Hispania visigoda. Lo que llamó la inversión de la Reconquista. La contra colonización desde el Norte de África.
No descarten que Pedro Sánchez Pérez-Castejón recomiende su lectura en su próximo vídeo enlatado.
[1] Más bien nulas, a tenor de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, la Constitución Española (Art 96 ) y la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. Incluso con la renuncia a comportarse como un estado responsable, plasmada en los Acuerdos tripartitos de Madrid de 14 de noviembre de 1975, la posición española había sido consistente en dos puntos fundamentales: El carácter de colonia del Sáhara Occidental y la necesidad de proceder a un proceso descolonizador, de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, que implicaría un referéndum de autodeterminación entre la población autóctona para decidir sobre su futuro.
[2] Las estimaciones ofrecidas son tan dispares, incluidos los numerosos muertos que una estampida humana de este tipo provoca necesariamente, que se hace muy difícil ser preciso, dado que una mayoría regresó a Marruecos al poco tiempo. El régimen marroquí, responsable por acción, instigando y favoreciendo este movimiento de personas tan masivo y caótico, ha demostrado el desprecio que le merecen sus nacionales, al rechazar los cadáveres de personas identificadas, muy poco antes de que el ministro de justicia, Abdellatif Ouahbi, haya supeditado, cínicamente, la aceptación de cadáveres a la repatriación de menores que tampoco ha buscado el gobierno alauita.
[3] Ciudad así conocida en España desde al menos las campañas militares africanas del siglo XIX. Hasta tal punto que el general Juan Prim i Prats obtuvo el título de marqués de los Castillejos y Grande de España, concedido por la reina Isabel II, después de la victoria al frente de las tropas en la batalla homónima el 1 de enero de 1860.
[4] Particularmente elocuente fue el episodio narrado por el Presidente de Ceuta Juan Jesús Vivas Lara sobre sus llamadas para alertar de la situación al Presidente del gobierno el lunes 27 de julio. Sus intentos resultaron vanos y cuando logró hablar con el jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Diego Rubio Rodríguez, recibió de éste frases condescendientes como “no te preocupes”. Para mayor escarnio, este individuo tiene el dudoso honor de haber obtenido en 2016 un doctorado con una tesis titulada “La ética del engaño. Secreto, transparencia y engaño en los orígenes del pensamiento político moderno”.
[5] El partido de nuevo cuño Iustitia Europa formuló una denuncia por los hechos, que inicialmente califica como delitos contra la paz e independencia del estado, ante el Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional. La Sección de Instrucción nº 3 del Tribunal Central de Instancia de dicho tribunal incoó el mismo 31 de julio Diligencias Previas, de manera que requirió a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF Central) para que remitiera un “informe sobre la entrada irregular masiva registrada en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, debiendo pronunciarse expresamente sobre si los hechos respondieron a una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal, así como sobre los elementos de identificación de quienes hubieran podido participar en ellos”.
[6] Marruecos firmó, pero no ratificó el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, lo cual, a priori, dificulta la jurisdicción del mismo. Sin embargo, los argumentos de la denuncia ante el Fiscal son muy sólidos.
[7] Art. 13 Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio
[8] España y Marruecos mantienen formalmente vigentes dos acuerdos sobre repatriación: 1) El acuerdo relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992 (que entró en vigor pleno el 21 de octubre de 2012) y 2) El acuerdo sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, de 6 de marzo de 2007 no entró en vigor hasta el 2 de octubre 2012.
[9] Reglamento sobre el Procedimiento Fronterizo de Retorno (UE 2024/1349) y Reglamento que aborda las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo (UE 2024/1359) serían suficientes
