No quedan moros en la costa

En los últimos días he leído decenas de opiniones sobre lo ocurrido en Ceuta. Algunas procedían de liberales a los que antes había escuchado defender las fronteras abiertas y cuyo discurso, de repente, se había vuelto mucho más tibio al añadir condiciones, excepciones y matices a eso de la libertad de movimiento. Parecía como si lo sucedido hubiese refutado de golpe su defensa previa de las fronteras abiertas. Sin embargo, lo que a mis ojos resulta evidente es que Ceuta no representa, ni siquiera de manera lejana, el modelo de sociedad que defendemos quienes sostenemos esa postura.

Fronteras abiertas

En una sociedad libre, la única norma elemental sería el principio de no agresión, ya fuera dentro de un orden completamente anárquico o de un Estado mínimo limitado esencialmente a la justicia penal, la seguridad y la defensa. La libertad de movimiento de una persona no dependería del lugar en el que hubiera nacido, ni de su religión, sus costumbres o los grupos culturales a los que decidiera adherirse. Mientras actuase pacíficamente, no existiría ninguna razón para tratarla como una amenaza por su pertenencia a un colectivo.

De ello no se desprende que cualquiera pueda entrar en cualquier lugar. La libertad de movimiento no significa que toda persona tenga derecho a atravesar una vivienda, utilizar un negocio o acceder a una calle privada contra la voluntad de sus propietarios. Cada dueño conserva el derecho a decidir quién entra en su propiedad y qué condiciones debe respetar para permanecer en ella. El único acceso disponible para todo el mundo —con independencia de su origen— son las calles abiertas. Estas calles podrían pertenecer al Estado mínimo, a comerciantes, a asociaciones vecinales o a comunidades que permitieran su uso general porque les interesa facilitar el tránsito, atraer clientes o conectar distintos espacios.

La libertad de movimiento por estos espacios abiertos no se limita a quienes ya cuentan con trabajo, vivienda o una invitación previa. Para encontrar esas oportunidades suele ser necesario poder llegar antes al lugar donde se ofrecen. Una persona puede encontrarse con un supermercado que quiere venderle alimentos, un hotel dispuesto a alojarla, un bar buscando camareros o un propietario que anuncia una vivienda en alquiler. Todos ellos están abiertos a relacionarse con posibles clientes, trabajadores o inquilinos, aunque no los conozcan previamente y con independencia del lugar en el que hayan nacido.

Quien entre en un espacio abierto debe respetar sus normas y asumir el riesgo de no encontrar trabajo, alojamiento ni ayuda. La libertad permite buscar oportunidades, pero no obliga a nadie a proporcionarlas. Poder transitar por una calle abierta no equivale a poder instalarse en ella: sus responsables —el Estado, una comunidad, una cooperativa o una empresa— podrían prohibir dormir, acampar o permanecer indefinidamente y exigir que se marchase quien incumpliera esas condiciones. No sería expulsado por su origen, religión o cultura, sino por utilizar el espacio contra las reglas que también debería respetar cualquier nacional.

¿Quién responde si alguien —extrajero o no— incumple las normas de una calle? Si se limita a vulnerar las condiciones fijadas por los propietarios o gestores de ese espacio, estos podrán exigirle que se marche y recurrir, si se niega, a los mecanismos de seguridad previstos. Si además agrede a alguien, roba, destruye una propiedad o viola de cualquier otra forma el principio de no agresión, deberá responder ante el ordenamiento jurídico aplicable en el lugar de los hechos. El coste de una eventual pena de prisión tampoco tendría por qué recaer sobre terceros, con independencia del origen del condenado. Podría establecerse un sistema penitenciario basado en comunidades de trabajo, donde el preso generase ingresos con los que sufragar su estancia y destinase el resto a reparar los daños e indemnizar a las víctimas.

Socialismo vs. fronteras abiertas

Sin embargo, la realidad está muy lejos de esa sociedad. Tomar el caso de Ceuta como prueba del fracaso de las fronteras abiertas supone atribuir a quienes las defendemos un escenario que incorpora únicamente esa propuesta y conserva intacto el resto de intervenciones coactivas del Estado. La libertad no consiste solo en eliminar los controles fronterizos, sino en un orden vertebrado por el principio de no agresión y concretado en la propiedad privada, los acuerdos voluntarios, la responsabilidad individual y la libertad para trabajar. Las fronteras abiertas son una consecuencia complementaria de ese orden, no su elemento central.

Por eso, quienes pierden la confianza en las fronteras abiertas a raíz de Ceuta están atribuyendo a esa propuesta consecuencias que proceden de instituciones completamente distintas. Para valorar seriamente la cuestión habría que comparar modelos completos: por un lado, un sistema intervencionista que admite inmigración mientras mantiene servicios públicos, prestaciones y costes socializados; por otro, una sociedad libre en la que cada persona puede desplazarse, pero debe encontrar acuerdos voluntarios y asumir las consecuencias de sus decisiones.

Llegada masiva de personas (I): Bloqueo físico de gente

En cualquier caso, defender la libertad de movimiento —con Estado del bienestar, Estado mínimo o incluso en anarquía— no obliga a considerar positivo cualquier desplazamiento masivo, con independencia de su forma y de sus consecuencias. Dentro de España existe libertad para trasladarse de una ciudad a otra, pero nadie concluiría por ello que medio millón de españoles pueden instalarse simultáneamente en Lugo e impedir que sus habitantes vivan con normalidad. El problema no sería su procedencia, sino la ocupación de unos espacios concretos y la imposibilidad material de que la ciudad absorbiera semejante concentración de personas. Eso fue precisamente lo ocurrido en Ceuta, donde decenas de miles de personas entraron a la vez pese a que resultaba evidente que la ciudad no podía incorporarlas mediante viviendas, empleos o acuerdos voluntarios. La explicación de su entrada, por tanto, se encuentra en incentivos ajenos a una inmigración natural. Desde el punto de vista imperialista de los Estados, Marruecos utilizó la invasión como instrumento de presión territorial sobre España; y desde el punto de vista individual, muchos de quienes cruzaron permanecieron en las calles esperando alcanzar la península, obtener alojamiento o acceder a recursos financiados por el Estado español.

Ningún sistema de seguridad podría detener fácilmente una concentración semejante si llegara a producirse, pero en una sociedad libre existirían muchos menos motivos para intentarlo. La propia evolución de los hechos lo demuestra, pues cuando muchos comprendieron que no obtendrían el traslado, el alojamiento o las oportunidades que esperaban, regresaron a Marruecos. Precisamente aquello que terminó impulsándolos a marcharse habría reducido desde el principio sus incentivos para entrar en una sociedad donde atravesar una frontera no concediera por sí solo ninguna ventaja. La respuesta no consistiría, por tanto, en confiar en una barrera capaz de contener cualquier avalancha, sino en eliminar los incentivos institucionales que pueden llegar a provocarla.

Queda, no obstante, el problema de la defensa. Hoy se encuentra concentrada casi por completo en el Estado, que controla la frontera, restringe la defensa particular y obliga a la población a depender de una única estructura de seguridad. Si esta actúa tarde o fracasa, como ocurrió en Ceuta, los ciudadanos desarmados y sin alternativas contratadas apenas disponen de otros medios para responder. En una sociedad libre existirían varias vías simultáneas de protección. Un Estado limitado podría establecer las normas generales y contratar a distintas empresas para proteger las calles de quien las acampe o incumpla sus reglas. Si este no existiese, la seguridad podría recaer directamente sobre propietarios privados, comunidades de vecinos, asociaciones de comerciantes, aseguradoras o empresas de seguridad. A ello se sumaría una población con derecho a disponer de armas para defenderse. En cualquier caso habría varias vías de respuesta, y la defensa se dirigiría contra quien intentase ocupar o vulnerar una propiedad, no contra alguien por su nacionalidad o por haber nacido al otro lado de una frontera.

Llegada masiva de personas (II): Cambio en las instituciones informales

El problema de una llegada masiva no se limita a la capacidad física de una ciudad para absorberla. La inmigración suele estar motivada por la búsqueda de mejores condiciones económicas, pero la prosperidad de un territorio no depende únicamente de sus instituciones formales —sus leyes, su moneda o su libertad comercial—, sino también de instituciones informales —la confianza entre desconocidos, el ahorro, la responsabilidad o la disposición a trabajar—. Si un número muy elevado de personas llega de golpe sin haber interiorizado todavía esas pautas, existe el riesgo de que termine debilitando precisamente la cultura económica que hacía atractivo aquel lugar. En Ceuta, sin embargo, este segundo riesgo apenas llegó a plantearse, porque la mayoría regresó rápidamente y ni siquiera pretendía integrarse de manera estable en la economía de la ciudad.

La libertad ofrece dos respuestas ante este riesgo. En primer lugar, el origen es un indicador colectivo demasiado impreciso para juzgar la conducta individual, y también los nacionales pueden actuar contra las instituciones informales que sostienen su sociedad. En segundo lugar, sin prestaciones automáticas ni recursos garantizados por el mero hecho de llegar, la inmigración tendería a ser gradual y vinculada a oportunidades reales. Quienes consiguieran permanecer estarían cuasiobligados a integrarse económica e institucionalmente, y muchos de ellos ayudarían después a los nuevos llegados a adaptarse a las reglas y hábitos de la comunidad. Así, la inmigración natural no sustituiría de golpe la cultura económica existente, sino que incorporaría progresivamente a quienes encontrasen un lugar dentro de ella.

Conclusión

Ceuta no debería hacernos abandonar la defensa de las fronteras abiertas, sino recordar que no pueden abrirse de forma aislada mientras subsistan el imperialismo estatal —Marruecos demostrando su poder a España— y el Estado del bienestar —inmigrantes queriendo aprovecharse de las ayudas ofrecidas—. No defiendo abrir hoy las fronteras de este sistema, sino eliminar las instituciones que convierten su apertura en un problema. A la postre, el objetivo último no es abrir las fronteras del mundo actual, sino construir un mundo en el que ya no sean necesarias.

Author: Nicolás Sánchez Cominero

Nicolás Sánchez es estudiante de Derecho y Economía en la Universidad de las Hespérides, interesado en la Escuela Austriaca de Economía. Es coordinador local de Students For Liberty y colabora con otras organizaciones.