Repetir el fracaso

El 18 de junio, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, admitió ante el Comité Central del Partido Comunista que los topes de precios no habían servido para nada. Dos días después, una resolución los eliminó para el pollo, la leche en polvo, las pastas, las salchichas y el aceite. Siete semanas más tarde, con el litro de aceite rozando los 6.000 pesos, el gobierno de un municipio volvió a fijar un “precio de referencia” de 2.200 pesos, acompañado de multas, decomisos, ventas forzosas y cierres de hasta tres meses para quien no lo respete. Las autoridades insisten en que eso no es un tope. Cualquiera que haya leído una sola página de economía sabe que un precio con policía detrás es exactamente eso, se llame como se llame en la gaceta.

Es difícil imaginar una ironía más completa: el mismo gobierno que reconoció públicamente el fracaso de una política la resucita, con otro nombre, antes de dos meses. Y no por ignorancia. Es que no sabe hacer otra cosa.

Lo que el tope destruye no es una asignación, es un proceso

Suele explicarse el daño de los precios máximos con el manual básico: si el precio se fija por debajo del que vacía el mercado, sobra demanda y falta oferta. Es cierto, pero incompleto, y ahí es donde Jesús Huerta de Soto añade algo que Cuba necesita escuchar. Para la economía neoclásica, el problema de un tope es que aleja a la economía de un punto de equilibrio ya conocido, como si la “asignación óptima” existiera de antemano, esperando a que alguien la respete. Huerta de Soto, siguiendo a Hayek y Kirzner, sostiene algo más radical: el mercado libre no es valioso porque alcance un reparto estático eficiente, sino porque genera continuamente información que antes no existía. Es un proceso de descubrimiento empresarial, no una fotografía. Cada empresario que detecta una oportunidad de traer aceite a un pueblo donde no lo hay está creando conocimiento nuevo sobre rutas, costos, proveedores y demanda que nadie tenía antes.

Un tope no solo reparte mal lo que ya existe: apaga ese proceso de descubrimiento antes de que ocurra. Por eso Cuba no vive una simple mala asignación de aceite, vive una desaparición progresiva de las vías por las que ese aceite podría empezar a abundar. La “eficiencia dinámica” que describe Huerta de Soto no se mide en un momento, se mide en la capacidad de una economía para ampliar con el tiempo lo que hay disponible. Sesenta y siete años de control de precios en Cuba no han fallado en repartir bien un pastel fijo: han impedido que el pastel crezca.

El revendedor no es el problema, es el único que está resolviendo algo

Aquí aparece el otro gran malentendido, cultivado durante décadas por la propaganda oficial: la figura del revendedor como enemigo público. El discurso cubano llama “acaparador” o “especulador” a quien compra donde hay y vende donde falta, cobrando por el servicio. Las nuevas amenazas contra las mipymes que “no cumplen” con el precio de referencia son la versión 2026 de esa misma persecución.

Pero el revendedor no crea la escasez, la revela y la alivia. Es, en términos austriacos, el empresario puro: alguien que percibe un desajuste entre dónde sobra algo y dónde falta, asume el riesgo de moverlo —transporte sin combustible garantizado, apagones, un peso que se devalúa mientras el camión está en la carretera— y cobra un margen por resolver ese problema que el Estado no resuelve. Eliminar al revendedor no hace que el aceite sea más barato: hace que deje de llegar. Cada multa, cada decomiso, cada cierre “temporal” de una mipyme no es una victoria contra la especulación, es un competidor menos peleando por acercar aceite a una familia. El resultado no es un mercado más justo, es un mercado más vacío, exactamente lo que ya se vio con el pollo, el yogur y la leche que el propio ministro de la Industria Alimentaria admitió que no se entregaron por la cartilla de racionamiento en todo 2026.

Un embargo, dos manos

El régimen tiene, por supuesto, un villano favorito ya preparado: el embargo estadounidense. Y tiene razón en denunciarlo: un embargo es, en su forma más literal, un gobierno externo decidiendo quién puede comerciar con quién. Pero ahí está la trampa que el propio régimen tiende sin darse cuenta: si entiende tan bien que restringir el comercio genera escasez cuando lo hace Washington, no puede alegar ignorancia cuando hace exactamente lo mismo puertas adentro. Controlar quién importa, a qué tipo de cambio, con qué licencia, es la misma mecánica que denuncia como agresión cuando viene de afuera, solo que aplicada sobre su propio pueblo y con otro nombre: soberanía. El propio Díaz-Canel, en el mismo tramo de sinceridad forzada de este verano, lo dijo casi sin querer: «hay trabas que no vienen de afuera ni de bloqueos». Esa frase vale más que cualquier informe.

Porque mientras la población forma colas de más de quince horas para conseguir combustible y una botella de aceite exige casi dos salarios mínimos, el propio Estado sigue reservándose el control sobre buena parte de la importación, el acceso a divisas y las licencias para operar. Quien tiene el vínculo correcto, la empresa estatal correcta o el negocio privado con acceso privilegiado a moneda libremente convertible, “tiene cosas”. Quien no lo tiene, hace cola. Esa distribución no la dictan las sanciones de Washington, la dictan reglas internas que determinan quién puede importar, a qué tipo de cambio y con qué papeleo. El embargo explica que el pastel sea más pequeño. No explica por qué solo unos pocos, bien conectados, tienen siempre la llave de la despensa.

Siempre el mismo villano

Cambian los nombres de las resoluciones, cambian los productos de moda —hoy el aceite, ayer el pollo, mañana será otra cosa— y cambia el discurso, que ahora hasta admite errores que llevaba años negando. Lo que no cambia es la estructura: un Estado que se reserva la última palabra sobre quién importa, quién vende y a qué precio, y que en cuanto la presión social aprieta, aunque acabe de reconocer que ese camino no funciona, vuelve a él por la puerta trasera de un municipio, con otro nombre y las mismas multas.

No fue el revendedor quien fijó el aceite en 990 pesos en 2024 provocando que desapareciera de los estantes. No fue el revendedor quien lo volvió a fijar, esta vez en 2.200, en ese municipio. Y no será el revendedor quien lo intente de nuevo en la próxima provincia. El villano de esta historia, como en todas las anteriores, tiene una sola dirección postal: la misma que lleva sesenta y siete años decidiendo, en lugar del mercado, qué escasea y cuánto cuesta escasear.

Author: Katheryn Rubio