La factura de la corrupción y la opacidad del “sanchismo”: 22 tramas, 5.432 millones
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El Instituto Juan de Mariana presenta un nuevo informe titulado Blindaje democrático. Una agenda de reformas institucionales para proteger el Estado de Derecho y el imperio de la ley en España, elaborado por Diego Sánchez de la Cruz, Santiago Calvo López y José María Pernas. El estudio analiza el deterioro de la calidad institucional en España y ofrece propuestas concretas de mejora. Asimismo, documenta las principales tramas de corrupción y opacidad vinculadas al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE y propone una batería de reformas para reforzar la separación de poderes, la transparencia y los mecanismos de control democrático.
Como parte del informe, el anexo El catálogo de la corrupción y la opacidad sanchista, elaborado por Diego Sánchez de la Cruz, sistematiza más de 2.300 informaciones periodísticas y analiza 22 grandes tramas de ámbito nacional vinculadas durante los últimos años al Ejecutivo o al Partido Socialista. La investigación distingue expresamente entre hechos confirmados, investigaciones judiciales en curso y alegaciones respaldadas por hechos documentados, evitando equiparar los casos ya acreditados con aquellos que siguen pendientes de resolución judicial.
Las doce tramas que permiten una cuantificación económica arrojan una factura de 5.432 millones de euros. De esta cantidad, 2.166 millones corresponden a hechos que el estudio clasifica como confirmados, incluyendo sentencias firmes, actuaciones del Tribunal de Cuentas o la Agencia Tributaria y rescates públicos de naturaleza problemática, mientras que otros 3.266 millones están vinculados a investigaciones todavía en curso. Entre los expedientes analizados figuran los casos Koldo-Ábalos, Santos Cerdán-Servinabar y otras investigaciones relacionadas con adjudicaciones públicas, irregularidades y posibles prácticas de corrupción. Además, el estudio identifica alrededor de 5.000 millones de euros en contratación pública opaca, una magnitud adicional que no se incorpora al cálculo de los 5.432 millones. El catálogo también recoge al menos 16 tramas de ámbito autonómico y local, igualmente excluidas del cómputo nacional.
El deterioro institucional tiene, además, un coste mucho mayor que el importe directamente asociado a estas tramas. España obtuvo en 2025 apenas 55 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, situándose en el puesto 49 mundial, su peor resultado de la serie histórica. Otros indicadores internacionales también reflejan las debilidades españolas en materia de independencia institucional, seguridad jurídica y controles sobre el poder político.
La degradación de la calidad institucional tiene efectos profundos sobre la inversión y el crecimiento económico. En este sentido, el informe recupera una investigación de Francisco Alcalá y Fernando Jiménez para la Fundación BBVA y el IVIE, según la cual la convergencia institucional de España con los niveles correspondientes a su grado de desarrollo podría elevar la renta per cápita un 10,7%. Aplicando esta estimación al PIB de 2025, la mejora equivaldría a unos 181.000 millones de euros anuales, alrededor de 3.660 euros por habitante. He aquí el coste de oportunidad de mantener un contexto institucional lastrado por la corrupción, la opacidad y la falta de contrapesos efectivos.
Partiendo de este diagnóstico, Blindaje democrático plantea una amplia agenda de reformas orientadas a recuperar la calidad institucional perdida y hacer más difícil la captura partidista del Estado. Entre sus propuestas figuran la despolitización del Tribunal Constitucional, el CGPJ y la Fiscalía, el establecimiento de límites al abuso de los decretos-leyes, mayores restricciones a las prórrogas presupuestarias, el fortalecimiento de la independencia de los organismos reguladores y la reforma de la contratación pública, la financiación de los partidos y el sistema electoral. También se propone reducir la influencia política sobre instituciones y organismos como el CIS, RTVE o la SEPI. El objetivo último es que la calidad democrática no dependa de la voluntad del Gobierno de turno, sino de unas reglas capaces de limitar la discrecionalidad, reforzar los controles y hacer más difícil el mal gobierno.
🔗 Click here to download the English translation of the study
