El director del Instituto Juan de Mariana (IJM), Manuel Llamas, ha participado en la presentación del Índice de Burocracia de las Comunidades Autónomas de España 2026, un estudio que analiza las trabas administrativas que afrontan los emprendedores para poner en marcha sus negocios en las distintas regiones españolas. El acto se celebró el 6 de noviembre en la Casa de América de Madrid, con la participación de destacados representantes de instituciones comprometidas con la libertad económica, la mejora regulatoria y la promoción del emprendimiento.
El trabajo de investigación ha sido elaborado conjuntamente por la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) y el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU). El IJM ha participado en la iniciativa y no solamente ha formado parte de su lanzamiento, sino que también se ha unido a un acto complementario programado para el próximo 10 de noviembre en la Universidad San Pablo CEU.
La investigación forma parte de una iniciativa internacional destinada a medir los obstáculos burocráticos que dificultan la actividad empresarial, identificar las diferencias entre territorios y promover reformas que permitan reducir los costes administrativos que soportan empresas y emprendedores.
El estudio analiza 2.359 trámites y etapas administrativas, correspondientes a 153 procesos de apertura de nueve modelos empresariales en las diecisiete comunidades autónomas. Los resultados revelan enormes diferencias territoriales: mientras que abrir una empresa en Madrid requiere una media de 22,6 días, en Navarra la espera asciende a 55,6 días, más de un mes adicional. Extremadura (27,7 días), Murcia (29) y la Comunidad Valenciana (29,3) completan el grupo de regiones más ágiles, mientras que Cantabria (50,4) y La Rioja (47,5) figuran entre las más burocráticas. La media nacional se sitúa en 36,1 días.
La investigación identifica a los ayuntamientos como el principal cuello de botella, puesto que concentran el 66% del tiempo necesario para abrir una empresa, equivalente a 23,9 días de espera. Las diferencias son especialmente llamativas en determinadas actividades: abrir una fábrica de muebles requiere 24 días en Madrid frente a 102,7 en Navarra, mientras que poner en marcha una cafetería con terraza exige 37,9 días en Valencia y hasta 135 en Cantabria. Las licencias municipales, las autorizaciones ambientales y los permisos de terrazas figuran entre los procedimientos que más retrasan la actividad empresarial.
El informe estima que el coste de oportunidad asociado a las demoras burocráticas en la apertura de empresas oscila entre 1.200 y 5.700 millones de euros anuales, dependiendo del empleo considerado por sociedad. Si todas las comunidades autónomas alcanzasen los tiempos de apertura de Madrid, dicho coste podría reducirse entre 450 y 2.150 millones de euros al año. Las conclusiones apuntan a la necesidad de generalizar las declaraciones responsables, limitar las autorizaciones previas, establecer plazos administrativos efectivos y agilizar los suministros básicos. En definitiva, menos burocracia para facilitar la inversión, impulsar la creación de empresas y favorecer la prosperidad económica.
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