En esta segunda entrega, el autor prosigue con las ideas de Jürgen Habermas, especialmente en su obra Facticidad y Validez, rescatables para la tradición liberal.
I. Habermas después del marxismo: lo que queda y lo que puede aprovecharse
Una lectura liberal de Habermas debe empezar por una advertencia: el proceso del autor, de expurgarse del marxismo, no parece completo. En Facticidad y Validez subsisten categorías, reflejos y palabras que remiten a ese universo intelectual. La insistencia en lo “burgués” como adjetivo es un ejemplo claro. A ratos el lector liberal puede preguntarse si está ante una filosofía del derecho democrática, o ante una prolongación sofisticada de viejos prejuicios de izquierda.
Con todo, sería un error desechar el libro por esa razón. Dentro de esa desparasitación incompleta hay ideas que comulgan bien con una preocupación liberal. La más importante es la autonomía. Desde el comienzo hasta el final, Habermas insiste en que las instituciones deben manifestar una idea de autonomía: los destinatarios del derecho deben poder entenderse, de algún modo, como autores de ese mismo derecho.
Esa tesis pertenece a un tronco común con el pensamiento liberal. La libertad no consiste sólo en que el poder me deje espacios de no interferencia. Consiste también en que las normas que estructuran la convivencia no aparezcan como pura heteronomía, como órdenes de una voluntad ajena, como imposición de expertos o como administración paternalista de nuestras vidas.
II. La autonomía como punto de encuentro
La frase puede formularse de manera sencilla: la única forma de ser libres es que seamos autónomos, es decir, que nosotros mismos nos demos las normas. Naturalmente, esa formulación exige muchas precisiones. No significa que cada individuo pueda darse a sí mismo todas las reglas, ni que la mayoría pueda hacerlo todo, ni que el procedimiento democrático baste para legitimar cualquier contenido. Pero sí apunta a una exigencia básica: ninguna comunidad política libre puede fundarse en la obediencia pasiva.
Para un liberal, el valor de esta idea está en que desplaza la discusión desde el mero resultado hacia la autoría institucional. No basta con que una norma sea eficiente, técnicamente elegante o esté respaldada por expertos. Hay que preguntar si respeta la condición de sujetos autónomos de quienes la obedecen. Esa pregunta es especialmente incómoda para el Estado contemporáneo, que tiende a multiplicar regulaciones, prestaciones, autorizaciones, inspecciones y mandatos bajo la promesa de resolver problemas complejos.
Habermas no formula la crítica en los términos habituales de Mises, Hayek o la tradición liberal clásica. No denuncia simplemente la burocracia como antieconómica, autoritaria o Camino a la Servidumbre. Su punto es otro: cuando la administración se desconecta de la autonomía ciudadana, incluso las intervenciones orientadas a liberar pueden terminar subyugando.
III. La Constitución como experimento, no como utopía
Una de las ideas más brillantes del libro es la afirmación de que la Constitución es lo contrario de una utopía. Se parece más a un experimento (leyendo en estos días, íntegro, para preparar mis clases de Constitucional Comparado en ICADE, El Federalista, de Hamilton, Madison y Jay, donde estos autores defendían en sus editoriales periodísticos el proyecto de Constitución Americana de 1787, aprecié cómo la palabra “experimento” aparece una y otra vez y recordé justo este punto). Una Constitución no baja del cielo como diseño perfecto, ni realiza de una vez una comunidad reconciliada. Más modestamente, pone por escrito ciertas instituciones, procedimientos y garantías, con la esperanza de que evolucionen razonablemente y permitan a una sociedad gobernarse a sí misma.
La referencia a la Constitución de los Estados Unidos resulta inevitable. Allí se ve con claridad esa lógica experimental: se ensayan arreglos institucionales, se distribuyen poderes, se introducen frenos, se reconocen derechos, se establecen procedimientos, y todo ello queda sometido a una evolución histórica que nunca elimina del todo la contingencia ni el conflicto.
Esa concepción constitucional puede ser fecunda para un liberal. La Constitución no debe entenderse como programa total de transformación social, sino como marco para la libertad política. No es una utopía cerrada, sino una arquitectura institucional abierta. Su finalidad no es sustituir la vida social por un diseño de expertos, sino permitir que los ciudadanos vivan bajo reglas generales, relativamente estables, revisables y compatibles con su condición de sujetos libres.
IV. Expertos, administración y pérdida de autonomía
El punto más útil de Habermas para una crítica liberal contemporánea aparece cuando se ocupa de los elementos externos que condicionan la autonomía. En algunos casos, el desacuerdo con él será claro. Cuando identifica la economía de mercado como un elemento externo capaz de afectar la autonomía, el liberal no tiene por qué acompañarlo. Pero hay otros elementos en los que la crítica habermasiana resulta especialmente provechosa: la remisión excesiva a expertos y la expansión de la administración pública.
Las sociedades complejas producen problemas complejos, y esos problemas suelen invitar a soluciones técnicas. Aparecen entonces expertos, agencias, administraciones especializadas y dispositivos regulatorios que prometen corregir iniquidades, fallos de coordinación (“fallos de mercado”), o riesgos colectivos. El problema es que esa lógica puede desplazar la pregunta democrática por la autonomía. Lo importante ya no sería que los ciudadanos participen en la formación de la voluntad política, sino que alguien que sabe más resuelva por ellos (Cass Sunstein, el autor de izquierdas favorito en el mundo de la regulación, defiende un oxímoron que él denomina “paternalismo libertario”).
Para un liberal, este diagnóstico es oro puro, aunque venga de un autor de izquierda. El poder administrativo contemporáneo no se presenta necesariamente como tiranía. Se presenta como competencia técnica, servicio, prestación, regulación inteligente o protección de grupos vulnerables. Sin embargo, puede producir una relación de dependencia: el ciudadano deja de aparecer como sujeto autónomo y pasa a ser usuario, beneficiario, administrado o destinatario permanente de decisiones tomadas por otros.
V. Del poder comunicativo al poder administrativo: el riesgo de la traducción
Habermas distingue el poder comunicativo que surge en el “mundo de la vida”, del poder administrativo que opera en las instituciones. Esa traducción es inevitable en cualquier democracia: las conversaciones, demandas y consensos sociales deben pasar en algún momento por procedimientos jurídicos y decisiones institucionales. El problema es que, en ese paso, el poder comunicativo puede ser absorbido por la maquinaria administrativa.
Lo que nace como deliberación ciudadana puede terminar convertido en reglamento, oficina, formulario, prestación o mandato. No toda institucionalización es mala, por supuesto. El derecho existe precisamente para estabilizar expectativas y transformar acuerdos en reglas. Pero la estabilización jurídica puede degenerar en captura burocrática, precisamente, si olvida su origen comunicativo.
Esa es una advertencia que el liberalismo debería tomar en serio. No basta con oponerse al crecimiento del Estado en abstracto. Hay que explicar cómo y por qué la administración, incluso cuando invoca fines emancipadores, puede afectar la autonomía de aquellos a quienes dice servir. Habermas ofrece un lenguaje filosófico para esa crítica, distinto al lenguaje económico de la tradición liberal, pero compatible con una preocupación central por la libertad.
La tercera -y final- entrega versará sobre los paradigmas del derecho, el Estado social y la administración prestacional en Habermas.
Serie sobre Habermas
I Por qué leer a Habermas desde el liberalismo


