Habermas (I): por qué leerlo desde el liberalismo

Tomás A. Arias Castillo

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I. El punto de partida: el giro lingüístico no fue mera palabrería

Una primera razón para leer Facticidad y Validez (Trotta, Madrid, 1997) desde una sensibilidad liberal es, precisamente, que el llamado giro lingüístico de la filosofía del siglo XX no fue simplemente palabrería hueca. No hace falta atribuirle virtudes taumatúrgicas, ni creer que la teoría de la comunicación puede curar por sí sola los males de la política, para reconocer que allí hay productos intelectuales valiosos y aplicaciones concretas. En Habermas se advierte un esfuerzo profundo, autorreflexivo y consciente por entender en el lenguaje una de las posibilidades más propias de los seres humanos.

Ese esfuerzo no se agota en una teoría del lenguaje. En Habermas aparece una teoría de la sociedad, una teoría del poder y, en definitiva, una filosofía en sentido fuerte, con ramificaciones institucionales y jurídicas. Por eso el libro, aun siendo una “piedra” y muy duro de leer, resulta importante. Su dificultad no proviene sólo de la densidad de la escritura, sino de la complejidad del objeto que intenta describir: cómo puede organizarse legítimamente una sociedad compleja cuando ya no basta la autoridad desnuda, ni la tradición, ni la simple agregación de intereses particulares.

La teoría de la acción comunicativa, trasladada en Facticidad y validez al terreno del derecho y de la democracia, obliga al liberal a tomarse en serio un problema que a veces se despacha demasiado rápido: el de las condiciones discursivas de la legitimidad. La libertad individual no vive en el vacío. Necesita instituciones, procedimientos, lenguaje común, reglas de discusión y formas de convertir los desacuerdos en decisiones sin destruir la convivencia.

II. De la argumentación judicial al discurso público

Hay aquí un puente con otro campo que muchos juristas hemos trabajado: la teoría de la argumentación. En algún momento, al leer sobre argumentación, uno podía tener la tentación de pensar que allí estaba la panacea: problematizar, identificar y reconstruir argumentos, evaluar falacias, medir grados de aceptabilidad, distinguir contextos de argumentación y producir consensos razonables. Luego uno descubre que tampoco se trata de una panacea, pero sí de una herramienta extraordinariamente útil.

La teoría de la argumentación ha tendido muchas veces a apoyarse en el modelo judicial. Perelman y Olbrechts-Tyteca, también Toulmin, se mueven con frecuencia en una lógica forense: exposición ordenada de argumentos, prueba, réplica, persuasión ante un auditorio. Ese modelo es indispensable para los juristas, pero resulta insuficiente si queremos entender la racionalidad legislativa, el discurso parlamentario, la opinión pública y la formación democrática de la voluntad.

Habermas, y en cierto sentido también autores como Manuel Atienza, en nuestro ámbito hispano, cuando se ocupan de la racionalidad legislativa, desplazan la mirada hacia esos espacios donde el derecho aún no aparece como sentencia, sino como discusión pública. Eso es especialmente útil para un liberal. El liberalismo no puede limitarse a defender mercados, propiedad o límites al poder estatal; también debe saber explicar cómo se forman las razones públicas, cómo se discute una ley, cómo una sociedad civil puede oponerse al abuso y cómo ciertos consensos pueden alcanzar legitimidad sin convertirse en “unanimismo”, ni en moral oficial.

III. Poder comunicativo: la autoridad que precede al cargo

Una de las nociones más sugestivas de Habermas es la de poder comunicativo. La idea es poderosa, porque permite ver que incluso las personas sin cargos públicos tienen poder. Lo vemos en la intersubjetividad ordinaria: hay gente con ascendencia, con capacidad de aclarar puntos, formular ideas, ordenar discusiones, producir acuerdos o movilizar voluntades. Esa persona no necesita todavía una investidura burocrática para influir sobre los demás.

En ese punto Habermas ayuda a describir algo que la política real confirma todos los días. Muchas veces la política consiste en el paso del poder comunicativo, nacido en el mundo de la vida, hacia el poder administrativo. Primero aparece una capacidad de hablar, convencer, organizar y dar sentido; luego esa capacidad busca cargos públicos, posiciones institucionales o influencia formal. La sociedad civil no es entonces una simple periferia decorativa del Estado, sino el lugar donde se generan energías que pueden terminar convertidas en decisión pública.

Es verdad que Habermas utiliza de manera constante la palabra administrativo. Desde nuestra teoría del Estado, del derecho constitucional e incluso del derecho administrativo, esa terminología puede resultar técnicamente imprecisa cuando parece absorber todo el poder estatal bajo la idea de administración. Pero se entiende lo que quiere señalar: el Estado moderno como manifestación racional, burocrática e institucionalizada del poder.

Para un liberal, esta distinción es crucial. El poder no empieza en el Boletín Oficial, o en la Gaceta Oficial, del Estado. Tampoco se reduce a la coacción. Existe antes, en la conversación pública, en la autoridad moral e intelectual de quienes logran articular razones. La defensa liberal de la sociedad civil puede enriquecerse con esa idea, siempre que se conserve una advertencia: no todo poder comunicativo merece convertirse en poder administrativo, y no toda demanda social debe transformarse en regulación.

IV. Un autor de izquierda que conviene leer sin complejos

Habermas proviene de la Escuela de Frankfurt y conserva, aun después de sus distancias con el marxismo, varios reflejos de izquierda. En Facticidad y Validez aparece con frecuencia el adjetivo “burgués”, a veces de manera irritante para quien lee desde coordenadas liberales. También se repite la tesis de que no cabe retornar al ideario ni a las aplicaciones históricas del liberalismo porque, supuestamente, las condiciones sociales de su realización habrían cambiado.

Ese punto debe leerse con cautela. Habermas no es un liberal clásico. No lo pretende y, en muchos pasajes, se opone expresamente a la concepción liberal del derecho. Pero precisamente por eso su lectura puede ser útil. No se trata de buscar en él un aliado doctrinal completo, sino de identificar dónde su crítica toca problemas reales: la legitimidad de las instituciones, el riesgo de la administración experta, la autonomía ciudadana, la relación entre derecho y democracia, y la conversión de la sociedad civil en fuente de poder público.

El liberal que sólo lee autores liberales corre el riesgo de confirmar lo que ya sabe. Leer a Habermas permite otra cosa: reconocer que algunos problemas de la modernidad no se resuelven con consignas, y que la defensa de la libertad exige también una teoría institucional de la deliberación, de los procedimientos y de los límites del poder burocrático.

V. Una utilidad liberal: disputar la legitimidad

La primera utilidad liberal de Habermas, entonces, está en tomarse en serio la disputa por la legitimidad. Una sociedad libre no descansa únicamente en la suma de preferencias privadas. Necesita procedimientos mediante los cuales los ciudadanos puedan verse, al menos idealmente, como autores de las normas a las que se someten. Allí aparece el nexo entre comunicación, derecho y autonomía.

Esa idea no obliga a abandonar el liberalismo. Por el contrario, puede fortalecerlo. Frente a quienes reducen la política a mando administrativo, tecnocracia o prestación estatal, Habermas recuerda que las instituciones deben mantenerse conectadas con procesos de formación de opinión y voluntad. Si esa conexión se rompe, la legalidad puede conservar facticidad, pero pierde validez en sentido fuerte.

En la siguiente entrega abordaremos una cuestión más delicada: la autonomía, la Constitución y la crítica habermasiana a la administración experta.