El IJM publica el Indicador de Gestión Económica (IGE), que mide el desempeño de los 27 países miembros de la Unión Europea durante el último lustro.
El Indicador de Gestión Económica (IGE) del Instituto Juan de Mariana (IJM) mide el desempeño de las veintisiete economías de la Unión Europea (U2-27) a partir de cinco categorías de estudio: PIB, empleo, presión fiscal, poder adquisitivo y deuda pública.
Si medimos el crecimiento del PIB entre 2019 y 2023, encontramos que la evolución media de la producción española arroja un tímido aumento de 3,3 puntos. Esto nos sitúa en el número 22 del ranking europeo, con una evolución del PIB que se sitúa más de un 40% por debajo de la media europea, que arroja un aumento de 5,6 puntos.
El 90% de la reducción del paro entre 2019 y 2023 se explica por el maquillaje estadístico del gobierno, apreciado por ejemplo con la reclasificación de los contratos los fijos discontinuos. En cambio, cuando medimos el paro efectivo, encontramos que la caída del desempleo registrada en España entre 2019 y 2023 ha sido de apenas un 1,4%, lo que nos coloca en un mediocre puesto 18 de la lista.
La presión fiscal ha subido en 2,9 puntos del PIB entre 2019 y 2023, pasando del 35,4% al 38,3% del PIB. España es el segundo país de la UE-27 con mayor aumento de los impuestos para el periodo analizado. El promedio comunitario arroja una subida de apenas 0,1 puntos del PIB, con trece países miembros que han reducido su presión fiscal y otros siete que la han aumentado de forma muy moderada. Por lo tanto, la senda de la tributación observada en España se aleja claramente de los patrones observados en el Viejo Continente y describe un “estallido fiscal” en toda regla.
La renta per cápita en paridad de poder adquisitivo cae un -5,5% de 2019 a 2023. Este desplome explica por qué la brecha de renta que separa a España del promedio comunitario ha crecido de 9 a 14 puntos porcentuales.
El peso de la deuda pública sobre el PIB ha subido de forma moderada en la UE-27, con una subida de 3,3 puntos entre 2019 y 2023. En cambio, en España se observa un repunte del 10,8 que triplica la media comunitaria. En 2023, la deuda pública subió a un ritmo de 165 millones al día. De hecho, a lo largo del mandato de Pedro Sánchez, por cada 1 euro de aumento del PIB se han emitido 2 euros de deuda pública.
Los resultados que arroja el Indicador de Gestión Económica (IGE) sitúan a España como el país con peores resultados para el periodo 2019-2023. Bajo mandato de Pedro Sánchez, el PIB ha crecido lentamente, el empleo apenas ha mejorado una vez se descuenta el maquillaje estadístico, la presión fiscal se ha disparado con fuerza, el poder adquisitivo de las familias está cada vez más lejos de los niveles observados en el resto de Europa y la deuda pública ha crecido de forma significativa. Agregando todas las puntuaciones del IGE, estamos un 7,4% por debajo de la media comunitaria.
En el agregado, si se comparan los resultados de España con los de la UE-27 para el periodo 2019-2023, vemos que la gestión de Sánchez ha tenido un coste de oportunidad cercano a los 170.000 millones de euros, cifra que alcanzamos al considerar el desempeño negativo en el PIB (31.000 millones), la presión fiscal (aumento de 38.000 millones), la renta per cápita (1.100 euros menos por persona, 2.200 euros menos por familia) y el crecimiento de la deuda pública
(101.000 millones). Esos 170.000 millones se traducen en un empobrecimiento equivalente a 3.500 euros por persona. Además, el paro efectivo sería dos puntos menor si España hubiese exhibido un comportamiento económico homologable a la media comunitaria.
Además de compararnos con la UE-27, tiene sentido hacer lo propio con Portugal, puesto que hablamos de países vecinos con una estructura productiva similar, un desempeño comparable durante la pandemia, un sector turístico de gran tamaño, una política energética coordinada a través de la “isla energética” y una sucesión de gobiernos de izquierda a lo largo del periodo analizado (2019-2023).
En la comparativa con la economía lusa, vemos que el PIB español creció 4,5 puntos menos, que no se observan grandes diferencias en cuanto al empleo, que la presión fiscal subió tres veces más en nuestro caso, que la renta de los ciudadanos tuvo un desempeño dos veces mejor en el país vecino y el ratio deuda/PIB bajó 11,4 puntos en Portugal mientras subió 10,8 puntos en España.
De haber registrado un desempeño similar al de Portugal, España tendría 60.500 millones más de PIB (cifra que ronda los 1.300 euros por persona), un nivel de paro similar, una presión fiscal 25.500 millones más baja cada año (con el consecuente ahorro tributario de 1.300 euros por hogar), un poder adquisitivo 6,8 puntos mayor (es decir, 1.360 euros más de renta per cápita o 2.720 euros más por familia) y la deuda pública sería significativamente menor (bajaría en
303.000 millones). En total, la factura del diferencial negativo con Portugal asciende a 389.000 millones, unos 8.000 euros por persona.
La diferencia de resultados entre España y Portugal se puede entender mejor cuando tomamos en cuenta el enfoque pragmático que adoptó el gobierno de António Costa en los asuntos económicos. Portugal subió del puesto 72 al número 30 del Índice de Libertad Económica a lo largo de los cinco últimos años, de modo que la prevalencia política de la izquierda vino de la mano de una mayor liberalización. En cambio, el intervencionismo que ha caracterizado al gobierno de Pedro Sánchez ha tenido efectos nefastos para la economía española, como evidencia la comparativa con nuestro país vecino, en particular, y con toda Europa, en general.
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