¡Alerta, peligro! Nieva en invierno

España no está preparada para nada extraordinario, pese a los enormes recursos del Estado y su mensaje habitual: yo digo que te protejo y tú te lo crees.

Pues al final, en la mitad de la Península Ibérica, hemos tenido blanca Navidad. También mojada en la otra mitad, lo que ha traído la acostumbrada caterva de declaraciones de gente molesta, por las precipitaciones que les han estropeado las celebraciones navideñas, y de gente esperanzada, porque las necesidades de la Madre Naturaleza, del campo, se están aliviando.

Entre diciembre y enero nos han atravesado tres borrascas que han merecido la atención de los medios de comunicación y han puesto a las fuerzas de seguridad del Estado en alerta ante las potenciales consecuencias de vientos y precipitaciones. De esas tres borrascas, dos tenían nombre, Ana y Bruno, y han abierto noticieros y acaparado portadas. Millones de euros de presupuesto se han movilizado para hacer frente a los incidentes asociados en forma de policías, guardias civiles, vehículos y otros activos. Campañas cuidadosamente trazadas han avisado de algunos de los peligros. Ana y Bruno han tenido consecuencias letales; mientras la climatología de Ana provocaba la desaparición de un pescador en Mallorca y un muerto en Portugal, la de Bruno provocaba otras dos víctimas, una en Alcudia y otra en Tarragona.

Pero hete aquí que ha sido la tercera, que no tiene nombre ni se le conoce, la que ha provocado una mayor atención mediática y un daño más extenso si excluimos el letal. Mientras escribo estas frases, unos 4.000 vehículos se han visto atrapados por la nieve en la autopista AP-6, en la provincia de Segovia, por lo que han tenido que pasar la noche en la carretera y está siendo el ejército, a través de la UME, el que ha movilizado sus recursos para sacarlos de tal situación. Numerosas poblaciones de montaña o cercanas a ellas han visto cómo sus accesos se han bloqueado por la nieve y hemos redescubierto que España no vuelve a estar preparada para nada extraordinario, pese a los enormes recursos del Estado y su mensaje habitual: yo digo que te protejo y tú te lo crees.

Vivimos en una alerta continua que tiene dos efectos muy peligrosos. Si todo lo que ocurre a nuestro alrededor es susceptible de desastre y nos tienen que avisar de posibles consecuencias peligrosas, al final perdemos el miedo, ya que en la mayoría de los casos, no pasa nada y no se puede estar eternamente en el punto crítico. El mensaje de “alerta, peligro” se termina convirtiendo en una exageración que raras veces tiene consecuencias y, cuando las tiene, ahí están las autoridades que pagamos a través de nuestros impuestos. El segundo efecto es que adormece nuestro sentido común, destruimos nuestra capacidad innata de prever posibles futuros y establecer planes para poder hacerles frente, o incluso abortar una acción por un mal evidente. Aunque en el corto plazo el Estado cumpla, al menos aparentemente, con su labor, en el largo plazo nos está mandando un mensaje contrario a las intenciones. El Estado cuida por mí, así que yo podré hacer lo que quiera, pues ya me atenderá si algo malo pasa. Y esto no es así.

Desconozco qué les empujó a las víctimas de Bruno y Ana a hacer lo que hacían cuando murieron. En Alcudia, el muerto practicaba el windsurfing, en Tarragona, arreglaba una ventana, y en Mallorca, había salido con su barco. No sé si eran necesidades urgentes, fruto de la despreocupación porque “nunca pasa nada” o porque el temor por un accidente se había visto reducido tras una educación intensa en el “yo te salvo, no te preocupes”. Lo cierto es que la Guardia Civil y la Policía Nacional avisan con frecuencia de que hacerse selfies en las zonas costeras con gran oleaje puede ser muy peligroso y, desgraciadamente, de vez en cuando, la gente muere[1] por tal motivo. También rescatan a excursionistas que se dedican a salir al campo y a realizar actividades sin las medidas de protección adecuadas o la ropa necesaria para tales circunstancias.

Entiendo que la gente quisiera volver a Madrid desde los lugares donde hubiese pasado la Noche y el Día de Reyes antes del domingo y así descansar antes de volver al tajo, y que se fiaran de que las autoridades no insistieran demasiado en que podría pasar lo que al final ha pasado, pero hace unas décadas, en las que las carreteras eran peores y las tecnologías de la comunicación estaban menos desarrolladas, el sentido común propio, o el de los lugareños, incluyendo el de la Guardia Civil de la zona, eran suficientes para hacer tomar una decisión más conservadora, menos arriesgada. También es cierto que había muchos menos desplazamientos y que éstos eran algo más fáciles de gestionar en caso de temporal, pero tampoco había tanta campaña pública, más allá de las estacionales, y en ellas se abogaba por ciertos comportamientos lógicos.

No quiero terminar este artículo sin mostrar mis dudas sobre las políticas públicas de concesiones. Iberpistas es la empresa privada que gestiona esta concesión de autopista de peaje. Se cobra por dar, en teoría, un mejor servicio que las carreteras de titularidad pública. No ha sido el caso, más bien todo lo contrario, pues la Nacional sí que estaba habilitada para el tránsito de vehículos. Está claro que Iberpistas no había tomado medidas para hacer frente a una tormenta que llevaba ya unos días en los medios y, por otra parte, Fomento no ha ejercido su labor de supervisión. No es extraño que el fantasma de la corrupción y la comisión sobrevuele sobre los afectados. Tampoco es extraño que los partidos en la oposición se suban al tren del oportunismo electoral. Lo hizo el PP con la socialista Magdalena Álvarez hace unos años y lo están haciendo C’s, PSOE y Podemos en este momento.

El Estado, a través de la educación, la comunicación de masas y otras herramientas más sutiles, está alterando el comportamiento natural de las personas. Todo ello tiene consecuencias y es posible que algunas de ellas no gusten nada, pero son daños colaterales coherentes con esta labor.