Malas noticias al norte de los Pirineos. La República Francesa, ese régimen que presume de laico, ha dado carta de legalidad a uno de los aspectos más retrógrados y machistas de la sharia. Haciendo una pirueta para hacerlo pasar por una aplicación de la legislación civil gala, un tribunal de Lille ha anulado un matrimonio civil por el increíble motivo de que la esposa no llegó virgen a la noche de bodas. La sentencia no lo dice así, claro. El fallo judicial alega que la mujer había mentido a su futuro marido sobre algo esencial, lo que justifica la anulación.
Sin embargo, la supuesta mentira no es la clave. Eso lo dejó claro el padre del marido a la hora de "devolver" a la joven a su familia: "No es virgen. La repudiamos. El matrimonio no es válido". Los tribunales han cedido ante el derecho islámico, que debería (como toda legislación religiosa) estar separado de la legislación civil, máxime cuando en este caso el matrimonio en cuestión no se había celebrado según el rito musulmán sino por lo civil. La denuncia de la presidenta de la asociación Ni Putas Ni Sumisas, formada por francesas musulmanas que no quieren verse sometidas a la sharia, de que se trata de una "fatua contra la libertad de las mujeres" no es del todo cierta debido a que este tipo de dictámenes jurídicos sólo pueden ser emitidos por especialistas en derecho islámico. Pero tiene también su parte de verdad.
No es la primera vez que en Francia se cede a la presión islamista (no resulta creíble el argumento del marido de que él es un musulmán moderado). Algunas piscinas municipales han impuesto horarios separados para hombres y mujeres. Autoridades locales y ministros atacaron sin piedad al filósofo Robert Redeker después de que una fatua le condenara a muerte por denunciar el islamismo en Francia. Son sólo un par de ejemplos. La necesaria separación entre Estado e Iglesia, en especial en cuestiones de derecho, se pierde ante el miedo a la presión de quienes tienen una visión del islam más radical y contraria a la libertad individual.
En el caso de este matrimonio no habría nada que objetar si hubiera un acuerdo previo en el que las partes contemplaran la nulidad en el caso de que ella no llegara virgen a la noche de bodas. Sería igual de retrógrado, pero aceptado de forma libre y sin intromisión de poderes coactivos. De hecho, el Estado debería mantenerse al margen del matrimonio. La Administración no debería inmiscuirse en lo que en realidad debería ser un contrato privado entre dos personas, en el cual las partes ponen las condiciones del mismo. Si esto fuera así, los contrayentes podrían ceñirse si lo desearan a las normas católicas, calvinistas, judías, musulmanas o de la religión que desearan. O podrían, si fuera su deseo, incluir cláusulas que no tuvieran nada que ver con ellas.
Pero los Estados no respetan esa parcela de la libertad de los ciudadanos. Mientras eso sea así, la ley debe ser igual para todos, lo que imposibilita que se ajuste a las normas de una religión concreta.
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