Armengol, la Jeffrey Epstein de Magaluf

La semana pasada, la socialista Francina Armengol alcanzó la presidencia del Congreso de los Diputados tras los votos afirmativos de todos los partidos que se han propuesto desde sus inicios acabar con el actual sistema constitucional. Y no precisamente para sustituirlo por uno más liberal. La recientemente diputada socialista toma así el relevo de la también socialista Meritxell Batet, con un mandado marcado por un cierre ilegal del Congreso, sin consecuencia penal alguna.

Armengol se ha desempeñado como presidente de la comunidad autónoma de las Islas Baleares durante dos legislaturas, entre 2015 y 2023, hasta su reciente derrota a manos del Partido Popular, el cual ya gobierna la región gracias al apoyo parlamentario de VOX. En su primer anuncio como presidente del Congreso, Armengol ha afirmado que, saltándose el Reglamento del Congreso, permitirá la expresión de los diputados en las distintas lenguas cooficiales del Estado. Por supuesto, durante sus ocho años de mandato en las Baleares, su gobierno, formado por socialistas, comunistas y nacionalistas pancatalanistas, hizo todo lo posible por impedir que las familias que desearan estudiar en español pudieran hacerlo.

Menores tuteladas

Pero, sin duda, el gran escándalo durante su gobierno fue el caso de la red de prostitución de menores tuteladas en centros de la propia comunidad autónoma y, sobre todo, cómo su gobierno intentó tapar el asunto. En este sentido, Armengol no se queda atrás de la también catalanista Mónica Oltra, cuyo entonces marido fue condenado por abusar sexualmente de una menor que tenía el matrimonio a su cargo.

Aun así, este caso es un tanto diferente. A finales del 2019, la prensa se hizo eco de tres detenciones en Mallorca por una violación grupal a una menor. El caso fue creciente: primero se supo que era una menor tutelada por la administración autonómica, luego supimos que el gobierno balear ya conocía el asunto al menos desde seis meses antes y, para más inri, no removió a los educadores sospechosos de organizar la trama de prostitución. El modus operandi era sencillo: supuestamente, los educadores no es que conocieran los hechos, que ya es grave, sino que extorsionaban a las menores o les ofrecían drogas a cambio de los macabros servicios. El caso está judicializado y hay una condena, pero queda mucho por investigarse.

De copas en pandemia

En el plano político, el gobierno de Armengol se negó siquiera a crear una comisión de investigación (que no sirven para nada) en el parlamento regional, alegando que las competencias de las menores tuteladas las tenía el Consejo de Mallorca, esto es, el gobierno de la isla, lo cual era cierto. Ahora bien, el gobierno de dicha isla estaba en manos de exactamente los mismos partidos, los cuales se volvieron a negar en la creación de una comisión de investigación a su nivel. En su lugar, se decidió crear una comisión de expertos para redactar un informe. La analogía con la prometida comisión independiente sobre la pandemia que todavía estamos esperando es más que evidente.

Hablando de la pandemia, Armengol se destapó como uno de los presidentes autonómicos más beligerantes contra los derechos individuales. Su gobierno fue de los que impuso medidas más duras respecto a horarios de cierre o aforos en la hostelería, sector que, como todo el mundo sabe, apenas representa un minúsculo porcentaje de la economía balear. Así, llegamos al 7 de octubre de 2020, cuando la Policía Local se personó en el Hat Bar de Palma a las 2:10 h de la madrugada, más de una hora por encima del horario límite de cierre. El dueño del establecimiento alegó ante los agentes que “dentro había una autoridad” y que, por ello, no había podido cerrar el local. La autoridad era la presidente regional, Francina Armengol. No consta que el establecimiento fuera sancionado.

Carteles contra la judicatura

Una de las características del actual periodo socialista de gobierno ha sido un asedio sin precedentes contra el poder judicial. A la toma de la Fiscalía y la Abogacía del Estado se han sumado campañas, por supuesto pagadas con dinero público, contra los jueces, en genérico, por considerarlos machistas, franquistas, homófobos, nazis o lo que se les ocurra por el camino.

Así, el Instituto Balear de la Mujer y el Ministerio de Igualdad (no hay boda sin la tía Juana), el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad del Gobierno de las Islas Baleares nos obsequió con un cartel en el que un juez espetaba a una señora con el brazo en cabestrillo y una contusión en el pómulo: “¡Cómo voy a creer que su marido le maltrata si está usted viva!”. Este cartel conllevó un total de cero dimisiones en cualquier sitio.

Catalán obligatorio para ejercer la medicina

Por último, como ya hemos señalado al comienzo, su gobierno se mostró partidario de imponer el catalán como fuera menester para el ejercicio de la función pública. Aquí la cuestión es peliaguda. Por supuesto, el contratante tiene la potestad de solicitar que sus trabajadores tengan que hablar una lengua concreta, o varias, a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Ahora bien, cuando es la administración pública la que arroga un servicio universal, estos experimentos terminan saliendo, como de costumbre, mal. Esto terminó con la salida de varios profesionales de las Islas Baleares hacia destinos menos gravosos. El gobierno entrante del PP y VOX ha eliminado la medida hace menos de un mes.

Así con todo, esta es la señora que va a presidir la Cámara Baja y ostentará la tercera autoridad del Estado, por detrás del rey y del presidente del gobierno. En menos de un mes tendremos sesiones de investidura, porque habrá varias. El espectáculo tiene pinta de ser largo y tedioso. Por cierto, hace apenas diez días que la justicia ha reactivado, a instancias de una denuncia de VOX, la causa en su contra, aunque es bien difícil que prospere.