Autonomías, una garantía para la libertad

Temamos los cantos de sirena y atémonos al mástil cuando escuchemos a partidos que ante problemas complejos ofrecen soluciones simples.

Este artículo comienza con el millenial y tuitero unpopular opinión. Su tesis defiende que el Estado de las autonomías del que se ha dotado España es la garantía de libertad frente a una de sus mayores amenazas, la concentración de poder.

Poniendo la venda antes de la herida, es cierto que el Estado autonómico no ha sido capaz de integrar al nacionalismo periférico, y ahí está el problema que supone el independentismo catalán. En muchas ocasiones ha supuesto una fragmentación del mercado en 17 burocracias diferentes y toda descentralización conlleva duplicidades, en competencias, gastos o políticos. Pero es precisamente en esta última duplicidad, la de los políticos, donde está nuestra garantía de libertad.

Dice Mitlon Friedman en Capitalismo y Libertad que “la gran amenaza de la libertad es la concentración del poder. El Gobierno es necesario para preservar nuestra libertad, es un instrumento a través del cual podemos ejercitar nuestra libertad; pero al concentrar el poder en manos de los políticos, se trata también de una amenaza a la libertad”.

Por eso, para solucionar la amenaza de la concentración de poder en manos de “hombres de buena voluntad”, Friedman, como muchos otros teóricos de la libertad, apuesta por un Gobierno limitado. Porque, como se preguntaba Tocqueville en 1848, “¿Es que acaso la democracia consiste en crear un gobierno más molesto, más detallista, más restrictivo que ningún otro, con la única diferencia de que haya sido elegido por el pueblo y actúe en nombre del pueblo?”

Pero ¿es suficiente protección de nuestra libertad una limitación roussoniana del Gobierno? ¿Es suficiente para que la democracia no cree Gobiernos más molestos, detallistas y restrictivos que ningún otro separar el poder ejecutivo del legislativos y judicial? No, aparte de limitar los poderes del Gobierno, resulta necesaria la dispersión del poder.

Regresando a Tocqueville, en La Democracia en América, “un poder central, por ilustrado y sabio que se le imagine, no puede abarcar por sí solo todos los detalles de la vida de un gran pueblo”. Volviendo a Friedman, en lo que respecta a la libertad, “si el Gobierno va a ejercer el poder, mejor en el municipio que en el estado, mejor en el estado que en Washington”. Porque “si no me gusta lo que hace mi municipio […], puedo mudarme a otra comunidad local, y aunque pocos pueden dar este paso, la mera posibilidad actúa como un freno”. Es más, se atreve a añadir que si no existe dispersión del poder entre Estados y comunidades locales y no nos gusta lo que impone Washington, ¿tenemos un amplio abanico de alternativas en este mundo de naciones celosas donde elegir mudarnos?

Es cierto que España no es Estados Unidos, que nuestras comunidades autónomas no son exactamente los Estados que conforman la Unión y que nuestros entes locales no tienen la misma libertad de acción que las comunidades locales de Estados Unidos. Pero haciendo un ejercicio de sustitución, hablemos de ayuntamientos; donde dice Estado, mencionemos Comunidad de Madrid o Junta de Andalucía y donde menciona Washintong cambiémoslo por Moncloa.

Si en España la Constitución del 78 no hubiera instaurado un sistema federal de facto y dispersado el poder entre las autonomías, ¿habría titulado eldiario.es: “El Ministerio de Sanidad intentó frenar el cierre de colegios y universidades en Madrid”, el día 10 de marzo, en referencia a la crisis del coronavirus? O durante los Gobiernos de José Luís Rodriguez Zapatero o Mariano Rajoy, ¿habrían podido disfrutar los madrileños de una política fiscal con bonificaciones del 99% en el impuesto de donaciones y sucesiones o de un tipo en el IRPF del 9%? Es más, si no fuera por las experiencias de Madrid, y por ese miedo a que empresas o ciudadanos cambien de una comunidad a otra, ¿habría pactado la socialista Susana Díaz con Ciudadanos la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones para herencias inferiores al millón de euros en el año 2017? Lo mismo puede decirse de los recientes anuncios de los presidentes de la Junta de Castilla y León o de la Región de Murcia sobre este impuesto o sobre la libertad de elección de centro educativo u hospitalario de Madrid.

Desconfiemos de aquellos partidos populistas que prometen en sus programas electorales suprimir el Estado autonómico. En realidad, su promesa se traduce en eliminar un dique de contención, una garantía constitucional, un resorte de libertad, contra los desmanes de un poder centralizado. El Estado autonómico supone una pieza más en el engranaje de check and balances que protege al ciudadano de Gobiernos molestos, detallistas y restrictivos.

Temamos los cantos de sirena y atémonos al mástil cuando escuchemos a partidos que ante problemas complejos ofrecen soluciones simples. Eliminar el Estado autonómico o incluso pedir la salida de la Unión Europea equivale a terminar con un elemento de protección de la libertad a través de la limitación y descentralización del poder gubernamental.

¿Quiere decir esto que nuestro sistema aguas hacia arriba, Europa, y aguas hacia abajo, CC. AA., es perfecto? No, no lo es, pero argumentar su supresión por su imperfección es una falacia de composición. Tendremos que trabajar por hacerlo menos burocrático, por generar más espacios de libertad y por terminar con sus imperfecciones.

Ahora bien, reclamar mayor fortaleza del Estado y de la nación española ante aquellos que quieren destruir el marco de convivencia que nos hemos dado los españoles no está reñido con actuar de contrapeso u oposición al Gobierno central desde las autonomías. Lo importante en un Estado descentralizado es, y como dice Tocqueville cuando describe su admiración por los efectos políticos de la descentralización, “que la patria se siente en todas partes”, que sea “venerada desde la aldea hasta la Unión entera”, que el habitante se ligue “a cada uno de los intereses de su país como a los suyos mismos”.