Es otro de los frentes de lucha que ha abierto el gobierno. Con el problema del paro bajo control gracias a unos cursos de formación que convierten en trabajador activo a cualquiera que se matricule en ellos, con el tema de Afganistán convertido en una “War” en vez de una guerra, con las relaciones con nuestro gobierno amigo marroquí en un momento óptimo y con los principales inversores internacionales (antes especuladores) rezando por la economía española: ahora es el momento de atacar un grave problema que está entre las preocupaciones más importantes de los españoles (junto con el Cambio Climático, por supuesto…)
Seguro que el lector ya la habrá adivinado. Efectivamente, me refiero a la lucha contra la obesidad y muy especialmente la obesidad infantil y juvenil, un autentico drama que nuestro presidente vive muy de cerca. Aquí sí, aquí el Gobierno ha sido valiente, demostrando autentico coraje con una medida con la cual no ha dudado en enfrentarse a poderosísimas marcas como La Bella Easo, Panrico o Bollería Martínez.
Efectivamente, con la prohibición de poner máquinas expendedoras de bollos en los colegios, el gobierno de ZP ha dado un gran paso en la construcción de una sociedad que refleje no solos sus gustos, sino a ser posible la imagen de la primera familia española (bueno, no de toda la familia…) que él y Sonsoles encarnan.
Pero dicha medida se ha quedado corta, pues hay una serie de vacíos legales que permitirán que los bollos acaben alojados en el tejido adiposo de nuestros jóvenes.
Así, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el escolar se lleva el bollo desde casa? Es evidente que desde el gobierno se debe regular que cada autonomía ponga en marcha un sistema de cacheos en los colegios para que la mercancía prohibida no acceda a los patios. En las autonomías con lengua identitaria y diferencial, no sería demasiado problemas, pues los funcionarios docentes que actualmente se encargan de perseguir el uso del castellano en los recreos, podrían perfectamente llevar a cabo dicha tarea. Y si el bollo interceptado no está etiquetado en la lengua correcta… ¡pues se matan dos pájaros de un tiro!
Para evitar el caso de que los mayores del cole salgan en el recreo y se hagan con un bollo en un establecimiento cercano, la ley debería contemplar unas áreas restrictivas bollos free alrededor del colegio en las que cualquier establecimiento y/o persona que comercializase o portase dicha mercancía prohibida sería multada y la mercancía confiscada. De nuevo aquí las autonomías con lengua identitaria tendrían medio camino recorrido, pues podrían utilizar para ello a la red de delatores que actualmente se dedican a señalar los establecimientos que no cumplen las leyes de lengua locales.
Un paso más sería la prohibición total de vender bollos a menores de 18 años en todo el territorio, como se ha hecho con el consumo de alcohol, que gracias a sabias medidas como esta, ha dejado de ser un problema entre los jóvenes.
Pero finalmente, lo que se debería hacer es aprovechar la experiencia de países amigos que han conseguido combatir con éxito la obesidad infantil. Y me temo que en este punto los Estados Unidos de Obama no son el modelo ideal. Aquí, el ejemplo mundial de esta lucha es Cuba, un país que gracias a su rechazo de la sociedad de consumo, del capitalismo, ha conseguido que la ingesta excesiva de calorías y la obesidad aparejada sean un lejano recuerdo de los tiempos de Batista para la gran mayoría de la población isleña. Y sin duda, una de las armas en dicha victoria contra la obesidad ha sido la Cartilla de Racionamiento, también llamada en Venezuela, otro país que empieza a luchar con éxito contra la obesidad, la Tarjeta del Buen Vivir.
Así, con asesoramiento cubano-chavista, este último como pago por la venta de armas, desde el Gobierno, mediante la creación de un Comité de Salud Pública (bonito nombre), se debería poner en marcha un Carnet Joven de Racionamiento, con foto y datos personales, de presentación obligatoria antes de poder adquirir bollos
Dicho Carnet tendría una serie de cupones de obligada entrega al efectuar la compra, por lo que el titular sólo podrá consumir/poseer los bollos autorizados en dicho documento, tanto en plazos como en cantidades.
Cada tres meses, los poseedores del Canet deberían pasar un revisión médica que midiese su índice de grasa corporal y en función de la evolución de dicho tejido adiposo, un comité de nutricionistas, quizá formado por médicos cubanos de los que tan sobrada anda la isla caribeña, decidiría cuantos cupones se le pueden dar para el periodo siguiente
Es importante señalar que de cara a evitar el mercado negro, mejor dicho el estraperlo ahora que está de moda la Memoria Histórica, los cupones serían personales e intransferibles, de forma que si un joven insolidario, posiblemente un objetor de Educación para la Ciudadanía, usase sus cupones para facilitar el consumo y /o posesión de bollos a otro, estaría incurriendo en una grave falta contra el Comité de Salud Pública, penalizable con la retirada del Carnet. Y si la policía pilla a algún joven con un bollo ¡sin el Carnet!, derechito a la Fiscalía de Menores donde se le aplicarían medidas de reinserción en la línea de las que se le han aplicado al Rafita por acciones comparables.
Pero no todas deberían ser medidas coercitivas. A los poseedores de dicho Carnet Joven, se les podría, como incentivo, hacer descuentos en tiendas de comercio justo, herboristerías y restaurantes vegetarianos de Chueca, regalo de condones, prioridad en las listas de espera de la SS para abortar…e incluso entradas gratis para ver cine español ( bueno, esto último podría ser considerado coercitivo).
En fin, infinidad de ventajas.
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