Nos hemos dado cuenta desde hace ya algún tiempo que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio (R. Braun). Y esto es especialmente cierto en el caso de los gobiernos ineficientes con ramalazos totalitarios que intentan enmascarar su nefasta gestión. Estos gobiernos, vitoreados por todos aquellos agentes que buscan favores e influencia política, han intentado descargar la culpa de la crisis en cualquier ente (real o no) que no sean ellos mismos.
En este y próximos artículos comentaremos algunos de los principales chivos expiatorios de esta crisis. Empezaremos por un chivo expiatorio estrella: las agencias de calificación o de rating.
Veamos. Las agencias de calificación son empresas cuya especialidad es el análisis de riesgos financieros. Los clientes de estas empresas son emisores de deuda y valores en general, como por ejemplo, países, regiones, comunidades autónomas, empresas e inversores institucionales. El rating es la calificación que se otorga a los emisores en función de su calidad crediticia.
De esta manera, una calificación baja significa que la emisión es de mayor riesgo, es decir, que se imputa al emisor un mayor riesgo de impago (por ejemplo los high yield o bonos de alta rentabilidad). Las más conocidas son Moody´s, Standard & Poor´s y Fitch. Estas empresas son las autoras de las calificaciones crediticias o ratings que tanto se emplean en los mercados de capitales.
Pues bien, cada vez que las agencias de rating rebajan el rating soberano de algún Estado se enfrentan a numerosas acusaciones. La principal es la de destruir el Estado del Bienestar y demás derechos sociales. El razonamiento es el siguiente: la mala calificación de la deuda soberana genera volatilidad y desconfianza en los mercados, lo que perjudica a las cuentas y finanzas públicas (encareciendo la deuda pública), y deriva irremediablemente en recortes y ajustes de prestaciones y derechos sociales. Incluso una docena de abogados amenazaba hace algún tiempo con presentar una querella criminal por este motivo contra la agencias de rating…
Ciertamente las principales agencias de rating (Moody’s, Standard and Poor’s y Fitch) han destacado en esta crisis por sus desacertadas calificaciones de diversos activos financieros, por ejemplo, las hipotecas subprime y derivados financieros (como los CDO). Sobrevaloraron activos para luego degradarlos notablemente cuando los impagos irrumpieron con fuerza. Esto es debido a no tener una buena comprensión de la teoría de los ciclos económicos, lo que les hizo no prever el escenario de crisis y el comportamiento y evolución de los activos valorados en ese escenario. Asimismo, creyeron que los bajos tipos de interés y la abundante liquidez durarían de forma indefinida, con lo que obviaron la posibilidad de un incremento generalizado en los defaults. Recordemos que Lehman quebró con calificación A…
Dicho esto, los gobiernos no pueden quejarse del tratamiento de las agencias de calificación. En lo que respecta al sector público, las calificaciones han sido muy favorables, inflando vergonzosamente las deudas soberanas. La teoría conspiranoica de las agencias crediticias contra Europa y el euro no se sostiene en absoluto. Solamente hace falta comparar el rating que daba Moody´s (por ejemplo hace varios años en 2011) a los bonos soberanos de España y Portugal en comparación con el rating que le daba el mercado (CDS y Bond Implied-Ratings). En ocasiones hasta 7 u 8 escalones por encima del mercado (Aa2 frente a Baa3 en el caso de España).
Algo perfectamente comprensible si tenemos en cuenta que estas tres agencias suponen un cartel aislado del resto de posibles competidores debido a privilegios estatales: desde los años 70 Estados Unidos exigió indirectamente que todas las emisiones se evaluasen por agencias que contasen con licencia de la SEC, es decir, exclusivamente por estas tres agencias. Basilea II también ratificó este privilegio. A partir de ese momento se entra en un círculo vicioso en el que el cliente de las empresas de rating es el propio regulador. Las agencias de rating se cuidarán mucho de no morder a la mano que les da de comer, perdiendo de esta manera su independencia. Es un sector de escasa competencia y eso se observa en la similitud de las valoraciones y calificaciones.
Sin duda, en un mercado no intervenido existirían numerosas empresas de calificación de todo tipo de activos, títulos y emisiones. Éstas expresarían libremente su opinión y análisis, haciendo uso de su libertad de empresa, información y expresión. Los ingresos de las agencias provendrían de los suscriptores de sus publicaciones y, por supuesto, de las entidades emisoras que abonasen los derechos de calificación.
Mediante procesos de mercado se distinguirían las evaluaciones expertas, válidas y útiles de las que no lo son. Aquellas que aciertan en sus calificaciones y pronósticos gozarían de mayor prestigio y popularidad. Aquellas que yerran continuamente y no aportan valor en el mercado serían dejadas de lado por los inversores y clientes.
Este proceso evolutivo se desvirtúa si existe un cliente (el Estado) que pretende ser a la vez cliente (deseando que evalúen sus emisiones) y regulador (dando las licencias que considera). Esto hace que se creen barreras de entrada artificialmente y que además las calificaciones estén fuertemente condicionadas.
Las agencias de rating han sido y son cabezas de turco por excelencia de los gobiernos. Incluso yendo muy por detrás de los mercados, sus calificaciones han puesto de manifiesto la cruda realidad que los gobiernos quieren ocultar: han estado descuadrando sus cuentas, se han endeudado masivamente y no han hecho reformas estructurales consistentes. Y todo ello ha hecho que se sitúen al borde del default.
@jmorillobentue
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