Una consecuencia del bombardeo continuo de fundamentos ecologistas, ajenos en muchas ocasiones a los principios ecológicos, nos lleva a hacernos preguntas como la que ilustra este comentario para inmediatamente adoptar los sistemas propugnados por ellos mismos, siempre tan mediáticos y populares. En esencia no dejan de patrocinar una protección bajo la tutela del Estado a través de leyes, normativas y reglamentos cuyo cumplimiento depende de los presupuestos que la Administración correspondiente quiera adjudicar. Los resultados a la larga, una vez superada la euforia inicial, suelen ser bastantes insatisfactorios para todos, lejos de los resultados esperados. Aunque a efectos prácticos, los grupos ambientalistas consiguen no poca influencia y poder en las Administraciones.
Las Administraciones, o los que aspiran a ocuparlas, son muy dados a incumplir aquello que prometen en momentos como los periodos electorales en los que esas promesas son su futuro. Por ley, en España, todos los Parques Naturales, el nivel de protección más alto de un territorio por detrás de los Parques Nacionales, deben tener aprobado y en activo un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) que permite a los afectados tener una ligera idea de lo qué pueden o no pueden hacer, dónde y cuándo. A fecha de hoy, un número nada desdeñable de ellos carece del PORN correspondiente. En Madrid, la cumbre de Peñalara, protegida desde hace 75 años y Parque Natural desde el año 1990, ha visto aprobado su PORN en la Resolución 17/2003 de la Comunidad de Madrid, 13 años después.
Las Administraciones pecan en esta protección de lo mismos males que en otros ámbitos regulados. Las normativas no responden a los deseos y necesidades de la muchos implicados sino a los de unos pocos que creyéndose con la verdad, propician poco más que protestas e incluso actividades indeseables. Los presupuestos son escasos para los objetivos previsto pues los dineros son limitados por muy larga que tenga la mano papá Estado en el bolsillo del contribuyente. Muchos funcionarios, como los guardas forestales o la administración del parque, terminan desmotivados y superados por los acontecimientos. La corrupción y el amiguismo que imperan en las administraciones locales favorecen continuamente el fraude de ley hasta el punto de que se descuidan ciertas actividades esenciales, lo que propicia los desastres que vemos en los televisores. Los pelotazos urbanísticos, seamos serios, son una realidad con el Estado como principal culpable.
Los buenos motivos iniciales, que no dudo que los hubiera, terminan pervirtiéndose y, como no puede ser de otra manera, los implicados terminan pidiendo más dinero cuando lo que deben es optimizar lo que tienen, intentando añadir un poco de sentido común al problema, dándose cuenta que los recursos surgen del bolsillo de un contribuyente que poco puede hacer para luchar contra la ineficacia en la que se invierte lo que fue suyo. No pocos terrenos de titularidad pública aparecen degradados, con una presión elevada sobre las especies que allí viven. Tal es el caso de los cotos de caza públicos en cuyos terrenos los cazadores apenas si encuentran un conejo que disparar o una perdiz que levantar.
De nuevo, la propiedad se convierte en el sistema más eficiente para la preservación del medio y por tanto de la biodiversidad. Dejemos claro aquí que no hay un sistema perfecto que impida toda degradación. La naturaleza se verá presionada por la mano del hombre pero sin olvidar que, como el castor que construye presas o las termitas que levantan termiteros, nosotros formamos parte de esa biodiversidad, de la naturaleza, con nuestros vicios y virtudes. Pero también debemos dejar claro que la propia naturaleza ha desarrollado sistemas, tan viejos como las especies, que le permiten recuperarse en tiempos relativamente cortos. Estos dos aspectos son ignorados por los ecologistas que ven a ese primate que se hace llamar humano como un virus para el planeta.
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