La decisión sobre la educación que ha de recibir un niño no la puede tomar él. Será de sus padres o de terceros, lo que principalmente tendrá lugar con el Estado como medio. El derecho, o la imposición, no hay tercera alternativa. Argumentos para sustituir los deseos de los padres por otros instrumentalizados por el Estado ha habido muchos. La necesidad de imponer una moral, por ejemplo, o la de borrar los orígenes de los inmigrantes para que no corrompan las costumbres locales o para que se integren. O restarle los derechos al padre, fideicomisario de la sociedad para la tutoría de los niños, para dársela nominalmente a éstos como excusa para otorgársela finalmente al Estado. Esta posición es quizá la más importante en la justificación de la educación pública en la actualidad. Disfraza el atropello de imposición en defensa del más débil, el niño, frente a sus padres.
Pero la verdadera clave está en el desnudo estatismo, en la adoración del propio Estado y en hacer del servilismo y de la postración ante el poder una virtud. John Dewey decía "la gente independiente y que actúa por sí misma son un anacronismo para la sociedad colectivista del futuro". Entre los intelectuales serviles que hicieron campaña por la educación pública revelando sus verdaderos objetivos está Archibald D. Murphey (1777-1832), quien concebía un sistema público de escuelas: "todos los niños habrán de ser educados en ellas. En estas escuelas se inculcarán los preceptos de la moral y de la religión, y los hábitos de subordinación y obediencia. El Estado, el la calidez de sus buenos deseos por el bienestar, ha de hacerse cargo de esos niños y emplazarles en escuelas sean ilustradas y sus corazones instruidos en la virtud".
Benjamin Rush (1745-1813), era muy crítico con ese "prejuicio" de que "es impropio llenar las mentes de los jóvenes con prejuicios religiosos de cualquier tipo y que deberían elegir sus propios principios". De eso nada. "Es necesario imponerles las doctrinas y la disciplina de una religión determinada. El hombre es un animal naturalmente ingobernable". Y él tiene para ello un remedio: "un sistema de educación general y uniforme dará lugar a una masa más homogénea, y en consecuencia que encajará más fácilmente en un gobierno uniforme y pacífico". ¿Y qué valores se deben inculcar? También tiene respuesta para ello: "ha de enseñársele cómo amasar riquezas, pero sólo para incrementar su poder de contribuir a los deseos y las demandas del Estado. Estoy satisfecho con que los ciudadanos más útiles han sido aquellos jóvenes que nunca conocieron o sintieron sus propios deseos hasta cumplir los 21; y siempre he pensado que la sociedad debe gran parte de su orden y felicidad a las deficiencias de la gestión de los padres, que es suplida con esos hábitos de obediencia y subordinación que se contraen en nuestras escuelas".
Robert Owen (1801-1877) y Frances Wright (1795-1852) fundaron una revista en la que hacían propaganda de su plan para un sistema público de educación. Querían "una educación nacional, racional; gratis para todos a expensas de todos; conducida bajo la salvaguardia del Estado y en honor, para la felicidad, para la salvación del Estado". Calvin Stowe (1802-1886) quería trasladar el sistema prusiano de educación, el primero basado en la compulsión del Estado, propio de aquella sociedad militarizada, a los Estados Unidos. Stowe era muy claro: "Un hombre no tiene más derecho de poner en peligro el Estado volcando sobre él una familia de niños viciosos e ignorantes que la que tiene de admitir a los espías de un ejército invasor".
Samuel Knox (1815-1905), Demócrata de Indiana, era un hombre de progreso. Un totalitario en el campo de la educación. Lo que deseaba era que en todos los colegios se estudiaran "tales libros de texto y otras publicaciones literarias que deberían ser recomendadas o dirigidas por una oficina de Educación". Esta serie de libros no prohibidos debe incluir "un catecismo moral conciso, bien digerible".
Ese ideal de educación pública, imposición de valores, forja de súbditos, inculcación de determinados esquemas morales es exactamente lo que tenemos en España. La plasmación más perfecta de ello es la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Un documento del Ministerio en el que se basa el programa de la asignatura dice, en ese lenguaje colectivista y totalitario que "la sociedad democrática no puede eludir la tarea de socializar a los niños y jóvenes, proporcionándoles a través del sistema educativo las enseñanzas y la reflexión necesarias para que puedan convertirse en personas libres y honestas y en ciudadanos activos". Esos conocimientos son muy determinados. Y las conclusiones a las que "libremente" han de llegar, también: hay que "proporcionar a los alumnos un conocimiento suficiente acerca de los fundamentos y los modos de organización del Estado democrático", lo que "requiere ayudarles a desarrollar actitudes favorables a dichos valores y a ser críticos con aquellas situaciones en que se nota su ausencia".
El propio Estado es el que define qué se debe asimilar y qué criticar. En el bachillerato se les inculca "una conciencia cívica responsable" que fomente "la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa". Por supuesto, "sería imprescindible que la formación del profesorado recogiera este planteamiento sobre la ciudadanía, y cómo enseñarla".
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