Desde que el gasto público de la Nación y las Provincias se incrementó 20 puntos del PIB (desde el 25% al 45%), entre 2003 y 2015, los medios de financiamiento tan tenido que llegar a un límite peligroso.
Los nuevos impuestos, y la consecuente presión tributaria récord en la región, ahogan a las empresas y les impiden tener retornos aceptables para invertir y generar producción y empleo. La deuda interna y externa se amplifica llevándonos a nuevos defaults, nuevas reestructuraciones de deuda o re-perfilamientos, lo que deja a las empresas sin crédito para apalancarse y crecer. La monetización del consecuente desequilibrio fiscal nos llevó a nuevos procesos inflacionarios y a una acumulación de pasivos en el Banco Central (Lebac primero y Leliq hoy) que ponen a la Argentina contra la pared, con nuevos riesgos hiperinflacionarios. Podríamos agregar otros desequilibrios indirectos (como el cepo cambiario) que, al dificultar o impedir la importación de insumos, traban el desarrollo de las empresas y anulan las posibilidades de crecimiento del país.
Es cierto, claro, que si en 2021 aprovecháramos el viento de cola y recuperáramos la actividad económica y la recaudación, podríamos reducir el déficit fiscal, variable que llegó en 2020 a 8,5 % del PBI. Pero aun alcanzando el equilibrio fiscal, algo que se ve lejano, Argentina estará impedida de enfrentar los nuevos compromisos de deuda que la reestructuración de Guzmán generó para 2023 en adelante. Se requiere un superávit fiscal primario récord para pagar esos vencimientos, y aun así será insuficiente.
Argentina debe avanzar en la corrección de un problema estructural mayor, que es el tamaño del gasto público, que el kirchnerismo dejó y el macrismo apenas pudo reducir en unos pocos puntos. Se requiere una reforma integral del estado que devuelva el gasto público a aquel 25% del PBI, pues este nivel es lo máximo que nuestra tan golpeada estructura económica podría financiar sin los desequilibrios ya conocidos y sus costos sociales consecuentes.
Sólo entonces podrá evaluarse y concretarse una reforma tributaria que reduzca a la mitad la mochila de impuestos que hoy hunde a las empresas, poniéndola en línea con nuestros vecinos latinoamericanos; sólo entonces podrá la Argentina resolver el problema de la deuda y recuperar líneas de crédito; sólo entonces dejará de monetizar desequilibrios monetarios y recuperaremos la estabilidad monetaria. En ese marco podrán plantearse caminos de apertura económica y será posible volver a atraer capitales, tanto de argentinos como de foráneos, que puedan darle al país el crecimiento ausente.
Quizás la licuación de gasto público que observamos en 2018, 2019 y sobre todo 2020 contribuya a corregir ese problema estructural. Pero se requiere un cambio de mentalidad en el gobierno para recuperar un crecimiento genuino que está ausente desde hace décadas.
El emprendedor es en la economía del siglo XXI, y lo ha sido siempre, el motor del crecimiento. El emprendedor argentino, y cualquiera que se atreva a la odisea de invertir en la Argentina, sabe que enfrentará los impuestos más altos de la región, que no tendrá acceso al crédito local, que convivirá con una de las tasas de inflación más altas del mundo, además de las restricciones que implica el cepo cambiario, la amenaza de un nuevo salto inflacionario y la consecuente inestabilidad cambiaria. Podríamos agregar un problema previsional mayúsculo, una legislación laboral sumamente negativa para los intereses del emprendedor y un aislamiento internacional propio de países bolivarianos.
En resumen, Argentina requiere un cambio urgente que devuelva sensatez a la economía. En concreto, se requieran reformas fiscal, previsional, tributaria y laboral, reformas de mercado en serio que sólo pueden ser parte de un plan económico integral hoy ausente.
Entretanto, sí, la Argentina podrá mostrar una tasa de crecimiento positiva algún año, como parte de la recuperación parcial de una anterior destrucción de capital, pero esto no implica crecer.
Lamentablemente, sólo cabe ser pesimista al analizar los desequilibrios macroeconómicos existentes y la ausencia de un plan económico para enfrentarlos. No alcanza el equilibrio fiscal, ni tampoco un acuerdo con el FMI o alguna reforma previsional o tributaria menor. Se requiere un cambio estructural e integral para que la Argentina pueda recuperar el crecimiento real.
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