El minarquismo es una filosofía política que defiende la existencia de un Estado mínimo para la resolución de conflictos interpersonales. El Estado —metonimia para referirse a los individuos que actúan a través del aparato gubernamental, especialmente miembros de altos cargos dentro de los tres poderes— se mantiene mediante la agresión a sus súbditos. Por lo tanto, los minarquistas y cualquiera que defienda al Estado debe contestar dos preguntas.
Primero, si el Estado agrede. Es imposible negarlo. Es innecesario mirar el pasado en busca de un comportamiento ilegítimo para determinar si lo es ahora o no. Actualmente ya vulnera la propiedad de los individuos por lo que independientemente de si era ilegítimo hace un siglo o no, que por su naturaleza necesariamente también lo era, ahora lo sigue siendo. Las reglas de apropiación original y transferencia de títulos de propiedad del libertarismo son suficientes para demostrarlo.
El Estado tiene bienes en su propiedad que tenían dueño anteriormente. Salvo en casos excepcionales donde ejércitos encontraban tierra desierta y podían reclamarla para su Estado, la apropiación original nunca se ha dado. Por tanto, ha tenido que haber una transferencia de títulos de propiedad. Para que esta sea legítima, los individuos han tenido que realizarla voluntariamente o como consecuencia de un castigo. Puede haber casos en los que alguien entregase su propiedad voluntariamente a otro para poder darle los medios necesarios para posteriormente gobernarlo a lo largo de la historia.
Puede que en algún momento unos individuos se reuniesen y decidiesen establecer un fondo común para formar un Estado a través de un contrato que, de alguna manera, tuviera validez universal en un territorio durante generaciones y no pudiese ser roto. No obstante, por mucha arqueología realizada, aún no se ha encontrado ningún contrato social. Tampoco podría haber habido transferencia como consecuencia de un castigo, porque los Estados siempre han cobrado impuestos independientemente del comportamiento de uno. Por tanto, sólo cabe concluir que el Estado obtiene sus bienes ilegítimamente.
La segunda pregunta que los minarquistas deberían contestar es si la agresión está justificada. El hecho de que estén vivos demuestra que al menos cuidan de la propiedad privada de su cuerpo porque tiene cierto valor para ellos. Si no lo tuviera, se morirían por inercia. Esta demostración de valor sobre el cuerpo significa que valoran negativamente un ataque sobre el mismo, es decir, la agresión a su propiedad privada original. Así que cualquier respuesta salvo un no a la segunda pregunta sería una contradicción.
Pero para que puedan elaborar un argumento, la pregunta entonces sería si la agresión estatal está justificada. Los sistemas políticos son distintas formas de distribución de los recursos en una sociedad. El único consistente con el rechazo a la agresión es el libertarismo. Los minarquistas tendrán que justificar su sistema político distinto al libertarismo —el bien entendido, el anarcocapitalista—.
Las dos principales teorías éticas para justificar un sistema político u otro son la deontología y el consecuencialismo. La ética deontológica evalúa las acciones según si pueden ser consideradas correctas, justas o legítimas; se basa en el deber. Consideramos que una acción intrapersonal es correcta, justa o legítima si esta se ha realizado sin agresión externa. Un intercambio interpersonal lo es cuando ambas partes lo realizan voluntariamente. Para la ética deontológica una acción puede ser correcta aunque genere consecuencias negativas. Pero esto no puede ser el caso de los intercambios interpersonales, al menos no ex ante, ya que si se realiza es porque todas las partes aceptan voluntariamente. Puede que ex post revisen el intercambio y piensen que no han salido beneficiadas, pero esto es debido a la subjetividad del valor y, por tanto, intrínseco en la naturaleza humana.
Por otro lado, para la ética consecuencialista lo importante es el resultado de las acciones, no ninguna cualidad atribuida a estas. El análisis del resultado puede realizarse desde diversos puntos. Puede ser considerarse la maximización de la felicidad general, como hace el utilitarismo, o la mejora del Estado o de uno mismo, como buscan el consecuencialismo estatal y egoísta.
Desde la deontología es imposible defender consistentemente el minarquismo. Si aceptas que la agresión a la propiedad privada es ilegitima, es contradictorio con la posición deontológica entonces aceptarla en algunos casos porque crees que la alternativa, el libre mercado, generaría un resultado peor. No se puede hacer justicia agrediendo. Una defensa utilitarista también carece de sentido porque no se pueden agregar las preferencias individuales debido a su subjetivismo. No obstante, vamos a profundizar más en este argumento, especialmente en sus dos justificaciones más repetidas: las externalidades y los bienes públicos.
Ambos conceptos no tienen sentido si aceptas que el valor es subjetivo. No hay ninguna propiedad fisioquímica de un objeto nos dirá si este es un bien o no. Un objeto es un bien si alguien lo percibe como tal. Los bienes públicos son bienes teóricamente no rivales y no excluibles que los minarquistas defienden que el Estado debe proveer. La defensa nacional es un caso de esto. Pero, de nuevo, lo que para ti es un bien no tiene por qué serlo para mi.
Quizás cierta seguridad sí que lo sea, pero no al nivel de provisión estatal, que pasa a ser un mal porque pago demasiado por ella, porque no me protege lo suficiente o porque me protege demasiado. Lo mismo con las externalidades. Que una casa tenga una fachada que tú estimes bonita no significa que yo también lo vaya a hacer. Quizás yo sea un envidioso que prefiere que tengas una fachada fea. Este ejemplo lo entenderán muy bien los minarquistas, quienes valoran el servilismo al Estado como un bien mientras que para los libertarios es un mal.
Los minarquistas, con tal de defender al Estado suelen citar casos de supuestas externalidades negativas que no serían resueltas en un orden espontáneo como la contaminación global. Que sea un problema global no significa que requiera una gestión global. También lo es la provisión de lápices a niños de todo el mundo para poder estudiar y ahí no hace falta Estado. De hecho, esta distribución y satisfacción de necesidades se da a pesar del Estado y políticas como los aranceles o el control socialista de las carreteras. Los individuos pueden coordinarse libremente y generar beneficios mutuos con los incentivos correctos cuando los derechos de propiedad privada se respetan.
El capitalismo son las condiciones catalíticas que surgirían en una sociedad en la que se respetase la propiedad privada, una sociedad de derecho privado. El capitalismo no significa más o menos producción, sino el nivel de producción emergente, independientemente del valor cuantitativo de este. Que todas las comunidades fuesen capitalistas no significa que se vaya a contaminar más o descontroladamente.
Si comparásemos la misma población, una regida bajo leyes libertarias y otro bajo leyes que o bien aceptasen solo propiedad estatal o bien fiduciaria, el nivel de producción sería necesariamente inferior en el primero que en los otros dos, bajo las mismas condiciones. La sociedad donde la propiedad de los medios de producción fuese estatal la llamaremos socialismo puro o ruso. Y socialismo socialdemócrata en aquella donde se permitiese cierto o total control privado de los medios de producción, pero con impuestos, regulación, controles de precios, controles de comportamiento, etc, en los que toda propiedad fuese fiduciaria. Bien, la misma sociedad bajo las mismas condiciones contaminaría más bajo un sistema socialista puro ya que sería imposible realizar el cálculo económico necesario para saber si están produciendo de más en qué empresas y bajo qué costes.
El segundo tipo de sociedad que más contaminaría sería la socialdemócrata, en la que no existe una privatización de todos los recursos por lo que los recursos naturales serían estatales y nadie pagaría por contaminarlos por lo que nadie acarrea estos costes. Por último, en una sociedad capitalista, es decir, en las que se dan las condiciones catalíticas resultantes de la correcta asignación de recursos (sea esta la que sea siempre que la asignación sea voluntaria y legítima) será donde menos se contamine porque al hacerlo la propiedad de alguien será dañada y este podrá legítimamente demandar una compensación por los daños. Un sistema no es más capitalista que otro porque produzca más, sino porque se proteja la legítima asignación voluntaria de la propiedad privada.
El ejemplo de bien público por excelencia es la seguridad pública. Pero no hay razón para que este servicio no pueda proveerse de manera privada mediante el trabajo de aseguradoras, agencias de seguridad privada, despachos de arbitraje y penitenciarías privadas. En ese sistema, la seguridad sí que sería un bien porque cada uno podría recibir la que estimase oportuna, y no estar forzado a financiar un sistema ilegítimo que además incurre en problemas de cálculo económico.
Para más sobre seguridad y defensa privadas recomiendo Molinari (1849), Hoppe (2020) y Murphy (2002, 2017). La ley sería el principio de no agresión. Para más sobre la ética en una sociedad de derecho privado recomiendo Rothbard (2009, 2013) y Hoppe (1998). La justificación típica es decir que entonces una agencia de seguridad privada se podría hacer con tanta fuerza que podría conquistar al resto y volveríamos a tener un Estado de nuevo. Pero nadie explica cómo iba a conseguir llegar a ese punto.
La violencia es cara y especialmente las armas. La agencia debería subir las mensualidades más y más para recaudar dinero, pero lo clientes entonces se irían a la competencia. Además, si sabes que algo tan importante—o al menos para mí—como tu seguridad está en manos de esta agencia, te informarías de cuanto armamento está recaudando para dejar de financiarla si crees que es demasiado.
Esta práctica no tiene sentido actualmente porque el Estado hará lo que quiera. También los bancos se negarán a trabajar con estas agencias amasando poder balístico por miedo de ser atacados, por lo que sería muy difícil para una agencia hacerse con ese poder. No obstante, de ser así y conseguirlo, aunque se volviese a formar un Estado, habremos vivido unas bonitas vacaciones en libertad como Rothbard solía decir.
Referencias
Hoppe, Hans-Hermann. 1998. “On the Ultimate Justification of the Ethics of Private Property.” Liberty 2 (1): 20–22.
———. 2009. El Gobierno y la producción privada de la defensa en Monarquía Democracia y Orden Natural.Madrid, España: Unión Editorial.
Molinari, Gustave de. 1849. “The Production of Security.” Journal Des Economistes, 277–90.
Murphy, Robert P. 2002. Chaos Theory. 2ª ed. Auburn, Estados Unidos: Ludwig von Mises Institute.
———. 2017. “Libertarian Law and Military Defense.” Libertarian Papers 9 (2): 213–32.
Rothbard, Murray N. 2009. La Ética de la Libertad. Madrid, España: Unión Editorial.
———. 2013. Hacia Una Nueva Libertad. Madrid, España: Unión Editorial.
1 Comentario
Muy interesante.